La Junta de Castilla y León lamenta el retraso en la asignación de fondos de formación a las Comunidades Autónomas

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha participado en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras. Esta sesión, de carácter mixto (presencial / virtual), tenía como único punto decisorio la propuesta y el acuerdo sobre la distribución territorial de los fondos gestionados por las comunidades autónomas, dirigidos a la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, correspondientes al ejercicio presupuestario 2025.

García, ha manifestado su malestar por el retraso en el reparto de los fondos y ha exigido al Ministerio el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria para garantizar que, de cara al futuro, el reparto de créditos se realice en el primer trimestre del ejercicio, dando a las comunidades autónomas el tiempo necesario para planificar y gestionar de forma adecuada sus iniciativas de formación.

La consejera, que se ha sumado a la queja planteada por otras comunidades autónomas, ha señalado que no es de recibo que se celebre una conferencia sectorial en el mes de octubre para repartir unos fondos que corresponden al año 2025 y que, por ley, deberían estar comprometidos en este mismo año.

Aunque Castilla y León está en condiciones de cumplir con lo ajustado de los plazos, solo gracias a la presión ejercida, por la mayoría de las comunidades autónomas se ha admitido, al menos, una prórroga excepcional para poder comprometer esos créditos, permitiendo extender el compromiso hasta el 30 de junio de 2026. La secretaria general de Formación Profesional se ha comprometido también a mejorar las fechas para el reparto de fondos de cara al año 2026.

Además del retraso, la consejera ha lamentado que esta conferencia sectorial, que debería ser presidida por la ministra, se haya celebrado nuevamente sin su presencia, así como la falta de respeto a los procedimientos, ya que el Ministerio pretendía cambiar las reglas de juego que rigen en el reparto de los fondos, sin las consultas y los informes previos.

Desde la Junta de Castilla y León se ha reiterado también, una vez más, la imperiosa necesidad de dar una mayor flexibilidad a la ejecución de los fondos. García insiste en que solo adaptándose a lo que busca el tejido productivo es posible dotar a las personas de los perfiles adecuados, reduciendo un desajuste del mercado laboral que sigue creciendo día a día.

La única respuesta obtenida a esta necesidad ha sido el compromiso de seguir trabajando; pero sin ninguna planificación o propuesta de trabajo inmediato. En consecuencia, la gestión del Ministerio pone sistemáticamente en peligro la empleabilidad de los trabajadores de Castilla y León, con su gestión tardía de los fondos, los continuos intentos de modificar unilateralmente las reglas establecidas, y la falta de voluntad para permitir que las Comunidades Autónomas puedan adaptar los fondos a las necesidades reales de su mercado laboral.