El Procurador del Común pide reforzar el transporte escolar con vehículos con cinturones de seguridad de tres puntos

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, pidió hoy que se refuerce la seguridad de los menores en el servicio de transporte escolar y se prime la contratación de vehículos con cinturones de seguridad de tres puntos, a poder ser regulables en altura.

Así lo trasladó en la presentación del Informe anual de la institución correspondiente a 2024 ante el pleno de las Cortes, donde instó a la Consejería de Educación a que se prime, a través de los pliegos de contratación administrativa, a aquellos contratistas que dispusieran de vehículos con cinturones de seguridad de tres puntos, a poder ser regulables en altura, y con alzadores sin respaldo y con reposabrazos destinados a los usuarios que por su peso y talla les aporten una mayor seguridad.

Sin embargo, explicó que esta resolución fue aceptada parcialmente por la Consejería de Educación, ya que manifestó que la instalación de los elementos indicados en los vehículos no es obligatoria, y que exigirlo a los concesionarios de las rutas de transporte escolar podría impedir cubrirlas en su totalidad.

Esta resolución sobre el transporte escolar es una de las tres actuaciones de oficio que promovió a la Consejería de Educación, en este caso para que se refuerce la seguridad de los usuarios más pequeños de este servicio.

Además, en otra resolución, que fue aceptada, propuso una serie de medidas para hacer frente de una manera efectiva al acoso escolar, tales como la apertura sin demora de los protocolos de acoso escolar y sin excesivo rigor en cuanto a la exigencia de indicios, o que el cambio de centro escolar de las víctimas de acoso solo se debe acordar por expreso deseo de la familia, entre otras recomendaciones.

Además, el Procurador del Común promovió una actuación de oficio y emitió una resolución para emplazar a la Consejería de Sanidad de la Junta a corregir las “apreciables diferencias” entre los centros hospitalarios de Castilla y León en los plazos de espera para la realización de técnicas diagnósticas.

Así lo señaló, durante su intervención en el pleno de hoy de las Cortes, el Procurador del Común, Tomás Quintana, que informó, en declaraciones recogidas por Ical, que la resolución se emitió ante los datos publicados en el Portal de Salud de la Junta al finalizar el año 2023, en los que se apreciaban “diferentes plazos de espera para la realización de técnicas diagnósticas en función de los lugares de residencia de los pacientes”.

Para combatir esta situación, el Procurador del Común promovió una actuación de oficio y una resolución para insistir a la Junta en la necesidad de corregir esas diferencias entre centros hospitalarios “con el objetivo de que se alcance una atención basada en los principios de igualdad y de equidad en le funcionamiento del sistema sanitario en el conjunto de la Comunidad”.

Una propuesta que, según expuso Quintana durante su comparecencia en el pleno de las Cortes de hoy, fue aceptada “a la vista de la respuesta recibida” por parte de la Consejería de Sanidad.

Asimismo, en materia de demoras en la atención sanitaria, se dictaron otras 20 resoluciones con las que el Procurador del Común insistió a la Consejería en “la necesidad de implementar medidas para agilizar la gestión y evitar retrasos en la realización de las consultas de atención especializada, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas”.

Además, pidió que se facilite a los usuarios de la Sanidad pública “la información real y actualizada” acerca de su posición en la correspondiente lista de espera.