Lengua

Casado exige al Gobierno hacer cumplir “de inmediato” la sentencia del 25% y frenar la “ley Celaá”

Reacciones a la resolución del TSJC sobre la presencia del español en las aulas catalanas

Pab,o casado junto al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Pontons, Josep Tutusaus
Pab,o casado junto al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Pontons, Josep TutusausPartido Popular

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la presencia del castellano en las aulas, una resolución esperada y capital al afectar a todo el alumnado en general y no a un caso en particular, ha cogido a Pablo Casado de visita en la localidad barcelonesa de Pontons, tierra vitivinícola y enfocada especialmente al negocio del cava. Tras visitar unas bodegas y ofrecer su apoyo al sector en tiempos de pandemia, el líder del PP ha celebrado la resolución judicial a favor del 25% de clases en español y ha lanzado un segundo mensaje dirigido al Gobierno: “Son Pedro Sánchez, la ministra de Educación [Isabel Celaá] y la Alta Inspección Educativa quienes tienen que hacer cumplirla” y “de inmediato”, ha añadido.

“Todos los españoles tenemos el deber, como marca la Constitución, de conocer la lengua común en toda España que debe seguir siendo vehicular por mucho que la señora Celaá y el señor Sánchez lo quieran cambiar en la LOMLOE”, ha criticado en alusión a la reforma educativa impulsada por la ministra de Educación y que “borra” el castellano como lengua vehicular tras un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Esquerra con los presupuestos como telón de fondo.

De hecho, Casado ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rectifique y dé marcha atrás al asegurar que está “a tiempo de cumplir con esta sentencia” y no “culminar el proceso legislativo” de la llamada ‘Ley Celaá’ que, a su juicio, “merma la libertad educativa” y la “competitividad futura de los jóvenes” ante la “petición” de los partidos independentistas para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De hecho, el fallo del TSJC estima parcialmente el recurso que en 2015 presentó el Gobierno de Mariano Rajoy por la “inactividad” de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular y por el proceso de preinscripción en las escuelas catalanas.

De la misma forma se ha expresado el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien ha pedido un “paso atrás” a Pedro Sánchez e Isabel Celaá. “Han aprobado algo ilegal esperando que se pronuncie el Tribunal Constitucional”. “Por favor, no intenten imitar en el conjunto de España el procesismo, la forma de hacer política que tanta división ha ocasionado en Cataluña”, ha advertido el dirigente, candidato del partido a los comicios del 14 de febrero.

Por su parte, el líder de la oposición en el Parlament y candidato de Ciudadanos a las elecciones, Carlos Carrizosa, ha celebrado la sentencia sobre el castellano, ha subrayado su importancia por dirigirse a todo el alumnado y no a casos particulares y ha asegurado que demuestra que “la ley Celaá se ha hecho en contra de los criterios del Tribunal Constitucional” (TC). “Demuestra que Ciudadanos tenía razón y que la Ley Celaá se ha hecho en contra de los criterios de los tribunales”. “Este criterio judicial prevalece en cualquier caso a la interpretación que se pueda hacer de la Ley Celaá”, ha remarcado.