Violencia sexual

Orden de prisión para el acusado de distribuir una foto de la violación múltiple de ‘La Manada’

Eric C.T.G, residente en Barcelona, no se ha presentado en el juicio por los delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral

Protesta en Valencia contra la sentencia de la agresión sexual
Protesta en Valencia contra la sentencia de la agresión sexualKai FoersterlingAgencia AP

La magistrada del juzgado penal 1 de Barcelona ha acordado orden de detención e ingreso en prisión para el acusado de difundir datos e imágenes de la víctima de ‘La Manada’ de Pamplona por incomparecencia en el juicio.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado que, al no presentarse este miércoles en el juicio que debía celebrarse en la Ciutat de la Justícia, la vista se ha suspendido.

La magistrada, de acuerdo con las peticiones de la fiscalía y las acusaciones, ha acordado estas medidas para garantizar su comparecencia el día que se fije el juicio.

Asimismo, el abogado de la defensa ha renunciado a seguir defendiendo al acusado después de intentar localizar a su representado.

El acusado iba a ser juzgado por los presuntos delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral, y por el momento, no hay nueva fecha de juicio señalada. Está acusado de difundir imagen de la violación múltiple. El juez ha decretado una orden de búsqueda y captura así como el ingreso en prisión del acusado.

Eric C.T.G es un ex militar de 40 años, vecino de Barcelona y con antecedentes. La Fiscalía pide tres años de cárcel para él por publicar una de las imágenes hechas por los miembros de La Manada durante la violación. La imagen fue publicada el 2 de mayo de 2018 y en ella, la joven es vejada por José Ángel Prenda.

El acusado también comentó la foto: “Faltan cojones, mariconazos” y difundió el nombre, los apellidos, el DNI, la fecha de nacimiento de la víctima, lugar de residencia y la universidad donde estudiaba, cuando la víctima intentaba recuperarse de lo ocurrido.

La acusación particular que representa a la víctima pide una pena de tres años de prisión considera que “buscó dañar la integridad moral de una víctima de violencia sexual y al mismo tiempo desincentivar al resto de mujeres para que no denuncien pública y judicialmente las violencias sexuales que puedan sufrir, impidiendo que reivindiquen sus derechos de acceso a la justicia”. La acusación popular ejercida por la Asociación Dones Juristes pide la misma pena.

El año pasado, el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro de los cinco miembros de “La Manada” que les impuso la Audiencia Provincial de Córdoba por abusos sexuales y un delito contra la intimidad sobre una joven a la que atacaron en Pozoblanco el 1 de mayo de 2016, con anterioridad a la violación que cometieron en los Sanfermines en Pamplona, por la que ya han sido condenados a 15 años de cárcel junto al quinto miembro del grupo.

El Alto Tribunal rechazó el recurso de casación que habían interpuesto los integrantes de ‘La Manada’ pidiendo que se anulara la condena por los hechos de Pozoblanco. En una providencia dictada el 24 de junio y cuyo ponente ha sido el juez Manuel Marchena, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal rechaza el recurso de los agresores y explica que no cabe “interponer recurso ordinario alguno” contra esta decisión.

El Supremo da validez así a la condena primero del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba y luego de la Audiencia Provincial, que declararon probado queJosé Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Cabezuelo y Jesús Escudero abusaron sexualmente de una joven cuando ella estaba “inconsciente” dentro de un coche y además lo grabaron en dos vídeos. Los vídeos fueron encontrados en el teléfono de Antonio Manuel Guerrero después de que cometieran las violaciones de Pamplona y aportados como prueba en el caso de Pozoblanco.

De los integrantes de ‘La Manada’, tres de ellos fueron condenados en primera y segunda instancia a dos años y diez meses de cárcel porque “todos posan y colaboran en la grabación” de los vídeos. La condena a un cuarto miembro, en concreto a José Ángel Prenda, fue de cuatro años y seis meses porque fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp.