Más presión judicial a la Generalitat: el TSJC anula la prioridad del catalán en la Selectividad

Nuevo revés judicial al Govern por el catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) contra el reparto solo en catalán de los exámenes de Selectividad. La Justicia ha declarado nulo el párrafo de las instrucciones que daba la Generalitat (a través del Consell Interuniversitari de Catalunya) a los tribunales de las Pruebas de Acceso a la Universidad para repartir primero los enunciados del examen en catalán y solo dar la versión castellana si lo reclamaba alguno de los alumnos expresamente: a juicio del TSJC, se vulneraron los derechos de los alumnos.

Según la sentencia, se ha de priorizar los derechos de los alumnos porque “son superiores” a los intereses organizativos de la Administración educativa. En este sentido, considera que los alumnos no tienen por qué expresar en público su opción lingüística en un contexto que condiciona su futuro académico, profesional y vital. De esta manera, pese a que ya es tarde porque esta sentencia afecta a la Selectividad de 2021, sí llega a tiempo para la Selectividad de 2022, prevista para la segunda quincena de junio (es decir, en dos meses y medio).

En concreto, el TSJC ha anulado el párrafo tercero del apartado 1.2.2. de las instrucciones de los tribunales de las Pruebas de Acceso a la Universidad, que “dispone repartir primero los enunciados del examen en catalán, y únicamente si alguno los reclama en la versión castellana, y a efectos estadísticos realizar un informe, aunque no se identifiquen los alumnos, además de olvidar totalmente la posibilidad de ofrecerlos en lengua aranesa, es contrario a los artículos 14 y 27 de la Constitución, por lo que es declarado nulo”.

En la AEB, que es quien ha interpuesto el recurso, muestran también la satisfacción porque el tribunal ha reconocido “expresamente la legitimación activa” de la AEB “como representante de los intereses colectivos de sus miembros como son la defensa de los usuarios del sistema educativo público”. En este sentido, la AEB se ha personado en la ejecución de la sentencia del 25% de castellano y una de las incógnitas está en ver si el TSJC reconoce su legitimación para ser parte e instar a la aplicación de la resolución judicial. La duda jurídica radica en que solo pueden pedir la ejecución personas directamente afectadas (alumnos del sistema educativo catalán) y la AEB presenta la demanda en representación de todas estas familias (en total, 1.643 familias dieron su apoyo). De momento, el TSJC no se ha pronunciado al respecto.

En cualquier caso, la sentencia sobre la Selectividad se une a la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en español, que debería de haberse empezado a aplicar desde el 25 de marzo, pero el Govern la ha desobedecido. A instancias de los partidos constitucionalistas y la sociedad civil, la Justicia, de esta manera, va poco a poco tumbando el monopolio del catalán en la educación pública.

El independentismo trata de buscar, en paralelo, resquicios para esquivar la aplicación de la sentencia. Por ello, Esquerra ha pactado con PSC y Podemos una modificación de la Ley de Política Lingüística para flexibilizar el sistema de inmersión lingüística. El objetivo es sumar a JxCat para lograr el máximo consenso social posible, aunque está difícil por ahora. Se votará en el pleno de finales de abril. La iniciativa, también, es muy ambigua: permite a los socialistas defender que servirá para adaptar los proyectos lingüísticos a la realidad sociolingüística de cada zona de Cataluña (es decir, dar más castellano en zonas mayoritariamente catalanoparlantes) mientras que los republicanos sostienen que sirve para reforzar el uso del catalán en la escuela.