Pérdida de inversiones

Juegos Olímpicos de 2030: nueva víctima de la división política en Cataluña

Los desencuentros entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat han dinamitado el proyecto, que podría quedar enterrado este martes

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el acto de inauguración de la Trobada Empresarial al Pirineu.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el acto de inauguración de la Trobada Empresarial al Pirineu.Fernando GalindoAgencia EFE

Pere Aragonès aterrizó en la Generalitat hace un año y un mes y llegó con la voluntad de marcar un punto de inflexión respecto a su antecesor (Quim Torra) para sacar a Cataluña del desgobierno en el que había quedado sumergido tras años de “procés” y crispación. El president, sin embargo, ha sido incapaz de darle un giro a la política catalana, que sigue atascada en la división y perdiendo proyectos que permitan darle un impulso económico. Así, en el último año, con Aragonès al frente, ha caído ya la ampliación del Aeropuerto de El Prat mientras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 siguen los mismos derroteros.

En ambos proyectos, más allá de la cantidad de dinero que estaba previsto que se invirtiera (en el aeropuerto eran 1.700 millones de euros y en las olimpiadas se estimaban unos ingresos de 1.500 millones y un gasto de 1.390 millones), la importancia radica en la capacidad tractora. El aeropuerto, porque sería convertirlo en un hub intercontinental que conecte Barcelona directamente con otras ciudades del mundo, y las olimpiadas porque situaría en el mapa y mejoraría infraestructuras en una zona de Cataluña más desatendida, lo que permitiría potenciar su desarrollo económico.

Sin embargo, el aeropuerto ha quedado ya aparcado “sine die” mientras que las olimpiadas pueden quedar enterradas este martes, cuando se reúne el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español (COE) y tiene la intención de dar carpetazo a este asunto. El COE es quien tiene que presentar el proyecto ante el Comité Olímpico Internacional (COI) para que escoja entre las diferentes candidaturas que hay a nivel mundial -Sapporo (Japón), Salt Lake City (EEUU) y Vancouver (Canadà)-.

Si en el caso del aeropuerto, la división fue interna (el frente PSC-JxCat chocó contra ERC-Comunes), en este caso la división es, principalmente, externa: entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón. No obstante, tampoco cabe restar importancia a la división interna que genera en Cataluña el proyecto olímpico, que tiene el rechazo de la CUP y de los Comunes y han forzado una consulta para julio (ahora paralizada).

La Generalitat está presionando en los últimos días por presentar un proyecto en solitario, aunque todo apunta a que, sin Aragón, los Juegos Olímpicos queden en vía muerta y, previsiblemente, el COE emplazará al Govern a formalizar una candidatura para 2034. Todo estaba prácticamente cerrado a finales de marzo, cuando los equipos técnicos designados por Cataluña y Aragón alcanzaron un acuerdo sobre el reparto de pruebas. Así lo anunció el propio COE, aunque pocas horas después, apareció Javier Lambán, presidente aragonés, para desmentirlo y asegurar que presentaría otra propuesta alternativa. Desde entonces, no ha habido prácticamente posibilidad de acuerdo porque Aragón pedía más peso en la candidatura, pero Cataluña tampoco ha estado muy predispuesta a transigir con ciertos cambios.

En este sentido, tampoco el clima parece el adecuado, ya que las relaciones entre ambos gobiernos se han deteriorado mucho en los últimos años a raíz del “procés” y los desencuentros actuales son, en buena medida, fruto de esas desconfianzas.

Al aeropuerto y las Olimpiadas, se tiene sumar la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento en 2017, un duro golpe para Cataluña en plena tensión por el “procés”. Aquella derrota fue directamente achacada a la división política entre administraciones y dejó a Cataluña sin una de las joyas más preciadas del Brexit. Mientras Cataluña pierde inversiones, la deuda pública continúa en aumento: el viernes, según datos del Banco de España, la autonomía aumentó la deuda en 1.500 millones de euros durante el primer trimestre, hasta alcanzar los 83.722 millones de euros.