El Govern diluye la autodeterminación para presionar al Gobierno en temas judiciales

Govern y Gobierno han planeado una nueva agenda para desbloquear la negociación que alberga un matiz de calado: el ejecutivo catalán mantiene la exigencia del derecho a la autodeterminación, aunque lo ha dejado en un segundo plano para volcarse y presionar al máximo a Moncloa con cuestiones relacionadas con la Justicia y tratar de obtener réditos en los tribunales. La carpeta judicial es la que más inquieta ahora a los republicanos, ya que son conscientes también que es la que más coste puede tener ahora tanto políticamente como personalmente.

Políticamente porque, al fin y al cabo, cada tropiezo con los tribunales es más descrédito para su apuesta por el diálogo. Y, sobre todo, más inestabilidad, en general: ahora que gobiernan, son conscientes de que cada golpe judicial desvía la atención sobre los temas que quieren atender prioritariamente, como la agenda social y económica. También sobrevuela la sombra de Carles Puigdemont, incontrolable para los republicanos: Pere Aragonès ya pudo comprobar como la detención en Italia del expresident a punto estuvo de alterarle la legislatura.

En este sentido, más allá de sombra alargada de Puigdemont, aparecen varios consellers del actual Govern con problemas judiciales: esta misma semana, se desarrollará el juicio a Roger Torrent por presunta desobediencia cuando era presidente del Parlament. Le acompañarán Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Otra consellera de Esquerra también podría ir a juicio por el 1-O: la titular de Cultura, Natàlia Garriga, está procesada. Dos figuras importantes de ERC con problemas judiciales.

A nivel personal, el impacto de los problemas judiciales también han sido notorios, sobre todo, cuando ha entrado por medio el Tribunal de Cuentas exigiendo fianzas millonarias a los dirigentes independentistas en un momento en que las bases están cada vez menos movilizadas y es más difícil donar dinero.

Así las cosas, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado en una entrevista en “Catalunya Ràdio” que ahora, en los próximos meses, toca centrarse en la “agenda antirrepresiva”. Esta agenda plantea
cuestiones medulares como la modificación del Código Penal en relación a los delitos de sedición y rebelión; dejar sin efecto los procedimientos de extradición a dirigentes independentistas en el extranjero -las llamadas euroórdenes, que afectan directamente a Carles Puigdemont–; o retirar procesos judiciales contra cargos de inferior categoría. También se pide cambios en el Tribunal de Cuentas o en el Constitucional.

En todo caso, el Govern va a tener que apretar el acelerador y el Gobierno se va a haber abocado a hacer concesiones con urgencia porque, en primavera, Aragonès deberá someterse al escrutinio de la CUP para valorar el balance de la mesa de diálogo. Y Vilagrà ha afirmado que el Govern si está dispuesto a “evaluar” los avances que haya: habrá que ver si tiene algo que ofrecer a sus socios independentistas. En todo caso, JxCat tampoco parece por la labor de reconducir su postura e integrarse en la mesa de diálogo.

Lo cierto es que, de esta manera, parece que Govern y Gobierno se comprometen a avanzar de manera pragmática, sin alusiones a la amnistía y el derecho de autodeterminación que tanto bloqueaba inicialmente el proceso de diálogo. También habrá que ver hasta dónde llega Moncloa.