Los partidos independentistas siguen digiriendo la traumática imagen que dejó la Diada, con un movimiento desnortado y sin unidad estratégica cuando se cumplen cinco años del referéndum ilegal del 1-O. La crisis entre ERC y Junts es severa y profunda, con una herida que amenaza incluso con romper el Govern. Ahora, a menos de una semana del debate de política general del Parlament –momento clave para dirimir el futuro del Ejecutivo– Junts recula y rebaja en público su ultimátum a ERC no sin exigir más contrapartidas, más desafíos incluso desde la propia Generalitat.

Y fue Laura Borràs quien fijó de nuevo el discurso: este martes en una entrevista en TV3, la ex presidenta del Parlament evitó hablar de fecha límite y se mostró algo más conciliadora que la semana pasada, cuando la tensión entre socios independentistas saltó por los aires en una fallida cumbre repleta de reproches. La dirigente aseguró que el debate de política general «no es un ultimátum» a ERC, si bien en función de cómo se resuelva Junts tomará sus «decisiones». «El Govern debe cumplir los acuerdos que han permitido que haya Govern», insistió Borràs, que ofreció a los republicanos «mano tendida, generosidad y sobre todo rigor en el cumplimiento de los acuerdos».

«El debate no es estar o no estar en el Govern», sino que se trata de «un debate sobre cumplir el acuerdo» que ha permitido formar ese gobierno. Así resumió Borràs las reclamaciones que los posconvergentes esgrimen en público para señalar a ERC y deslizar el mensaje de que los republicanos no cumplen con su cometido, la estrategia que llevan repitiendo desde la reanudación del curso político.

De hecho, Junts busca acordar con Esquerra una posición unitaria en el debate de política general que implique cumplir sus tres exigencias: creación de una dirección estratégica del independentismo, unidad de acción en Madrid y negociación de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo con el Estado. Y Borràs introdujo ayer un cuarto elemento: «Implementar el mandato del 1-O».

Es decir, que desde dentro del propio Ejecutivo lleven a cabo medidas para avanzar hacia la «desconexión con el Estado». Desde cada consejería se tienen que emprender «las acciones para permitir la desconexión», advirtió recordando el ejemplo de las llamadas «estructuras de Estado» –como la Hacienda catalana, por ejemplo– que el Govern de Carles Puigdemont planeó activar a lo largo de 2017. Un nuevo desafío que los posconvergentes concretarán a lo largo del debate de política general para obligar a Esquerra a fijar posición desde el Parlament.

Sin embargo, los republicanos rechazan las exigencias de sus socios, especialmente las que chocan con su apuesta estratégica por la vía pactista y la negociación con la Moncloa, con la mesa de diálogo pendiente de cerrar algún avance en la llamada «desjudicialización» antes de que termine el año. Por tanto, las posturas siguen distanciadas pese a que Junts ya no habla de plazos ni horizontes temporales. «Veremos qué sale y después tomaremos las decisiones, pero sin ultimátums. Siempre con la voluntad de hacer el trabajo que la gente nos encomienda con su voto», zanjó Borràs sobre la cita de la semana que viene.

El debate de política general empezará el martes de la próxima semana a las 11.30 horas con la intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y seguirá con las réplicas de los grupos parlamentarios, con toda la oposición en bloque criticando el «desgobierno» del independentismo. El miércoles, los partidos deberán registrar sus propuestas de resolución, que se votarán el viernes en el pleno. Y aquí está por ver si el independentismo vuelve a evidenciar su ruptura i es capaz de pactar alguna moción unitaria, algo que parece imposible más allá de las cuestiones puramente sectoriales.

En medio de este embrollo, los consejeros del Govern tratan de «aislarse» de la guerra abierta entre ERC y Junts, con Aragonès ausente de viaje a Nueva York. De hecho, los dirigentes posconvergentes que se sientan en el Ejecutivo son los más reacios a romper con Esquerra y ejercen presión interna ante aquellas voces de Junts –Puigdemont y su entorno– que sí apuestan por romper.

Mientras tanto, el Govern sigue preparando un acto institucional para conmemorar el quinto aniversario del referéndum unilateral del 1-O: «Se está trabajando para darle forma», aseguran desde el Palau de la Generalitat.

El 20-S de ERC

Esquerra organizó ayer por la tarde un acto en el centro de Barcelona con motivo del quinto aniversario del 20 de septiembre, justo cuando la Guardia Civil entró en el Departamento de Economía de la Generalitat en busca de pruebas sobre la organización del 1-O, que se saldó con 41 registros y 14 detenidos. Los republicanos aprovecharon el evento para denunciar lo que llaman la «represión» del Estado con las intervenciones de Oriol Junqueras, Marta Rovira, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, entre proclamas a favor de construir la “Republica catalana”. Estos dos últimos, Jové y Salvadó, están procesados por desobediencia, prevaricación y malversación.