Al Govern

Ampliar El Prat y no abrir más “embajadas”: el precio del PSC para los Presupuestos

El partido de Salvador Illa presiona al Govern con un documento repleto de condiciones para pactar las cuentas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a Salvador Illa (PSC) en el Parlament
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a Salvador Illa (PSC) en el ParlamentQuique GarcíaAgencia EFE

El PSC ha puesto precio a su apoyo a los Presupuestos de Pere Aragonès con un paquete de medidas propias que incluye la ampliación del aeropuerto de Barcelona, la suspensión temporal de la apertura de nuevas «embajadas» y oficinas de la Generalitat en el exterior, el impulso del Hard Rock en Vila-seca y Salou y frenar la creación de nuevos impuestos. Un listón alto para Esquerra, que deberá decidir entre las condiciones de los socialistas y las exigencias de Junts, al margen de resolver qué hacer con los Comunes.

Especialmente peliagudas son las dos primeras exigencias para el Govern de Pere Aragonès: Esquerra no busca otra cosa que promocionar su acción en el plano internacional una vez asumido el mando en solitario de la Generalitat, una estrategia que colisiona con la petición del PSC de revisar todas las «embajadas»; mientras que los republicanos también rechazan de plano el crecimiento de El Prat. Sobre el aeropuerto, el partido de Illa pide recuperar la inversión prevista por Aena y no tramitar la ampliación de espacio natural protegido, un punto contrario también a los Comunes.

El documento con las «contrapropuestas» de los socialistas ya ha sido trasladado al Govern después de 14 encuentros bilaterales entre ambas partes. El plan del PSC incorpora la «ronda norte Sabadell-Terrassa» (Cuarto Cinturón) y firmar el contrato-programa con Renfe para «desplegar» el plan de transformación de Cercanías.

Los socialistas apuestan por incrementar en 1.287 millones la partida de Salud, y que el 24% de la misma se destine a atención primaria, y también reclaman 100 millones para un plan de choque de listas de espera y un plan de reforma de centros sanitarios y hospitales de 80 millones

Además, el documento contempla abrir 2.000 nuevas plazas de residencias de personas mayores y dos millones para reducir las listas de espera en dependencia a seis meses, «que es lo que marca la ley», matizó la portavoz socialista en el Parlament, Alícia Romero, en rueda de prensa.

Por último, el PSC quiere reducir un 10% las entidades autónomas que tiene la Generalitat, eliminar delegaciones territoriales como la de Barcelona «y estudiar si es posible eliminar las restantes».

En la carpeta de los ingresos, los socialistas no contemplan la subida ni creación de ningún impuesto, y proponen aumentar el techo de gasto hasta 33.804 millones de euros, «más de 800 millones más de los previstos en la aprobación por el Govern en el mes de julio».

Sobre si son «líneas rojas» para pactar las cuentas, la portavoz del PSC rechazó hablar de «ultimátums» aunque puso en valor sus 33 escaños. «El Govern conoce nuestras propuestas, sabe dónde estamos, también los Comunes. Si el Govern ha pactado primero con los Comunes y sabe cuáles son nuestras prioridades, deberá conjugarlas», avisó.

El documento recoge que el PSC se compromete a no bloquear acuerdos políticos a través enmiendas con otras formaciones necesarias para aprobar las cuentas «siempre que no contradigan» el acuerdo con la formación de Salvador Illa, que deberá tener conocimiento previo y dar su visto bueno.

Con este gesto, los socialistas trasladan toda la presión al Ejecutivo de Esquerra, que todavía busca la quimera de atar un acuerdo a cuatro con el mismo PSC, los Comunes y Junts.

Oídos sordos de la Generalitat

El Govern aseguró ayer que las negociaciones para los Presupuestos de 2023 siguen abiertas con el PSC y Junts, y apostó por mantener «la discreción que las ha caracterizado hasta ahora». Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron a Europa Press que «no hay ningún cambio relevante» en estas conversaciones después de que los socialistas hayan presentado en rueda de prensa su propuesta de acuerdo y hayan enviado al Govern el documento. Son las consejeras Laura Vilagrà (Presidencia) y Natàlia Mas (Economía) las encargadas de llevar el peso de las negociaciones.