Llarena deja en libertad a Ponsatí, que tendrá que declarar el 24 de abril

Era solo cuestión de tiempo que la exconsejera de Carles Puigdemont Clara Ponsatí optase por regresar a España para solucionar sus cuentas pendientes con la Justicia. Y, finalmente, como hicieron antes que ella la también exconsellera Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, Ponsatí ha dado finalmente el paso. Sin embargo, a diferencia de sus predecesoras –también procesadas por su papel en el órdago independentista en Cataluña de 2017– no tenía ninguna intención de comparecer voluntariamente ante el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», por lo que al persistir en su negativa ha sido arrestada a media tarde por los Mossos en Barcelona, en aplicación de la orden nacional de detención actualmente en vigor contra ella.

Tras ser conducida al juzgado de guardia de la ciudad condal, el juez Llarena ha acordado la libertad provisional de la exconsejera y ha dejado sin efecto tanto la orden nacional de detención contra ella como la declaración en rebeldía acordadas en su día. El magistrado la ha citado a declarar el próximo 24 de abril en el Tribunal Supremo para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia.

Ponsatí solo ha tenido que designar un domicilio y un teléfono para estar localizada y deberá comparecer ante este órgano judicial cuantas veces sea llamada. Además, el instructor le advierte, en la resolución en la que acuerda estas medidas, de que si desatiende ese llamamiento se modificará su situación personal y podrá ser conducida al alto tribunal por la fuerza pública.

El auto de Llarena se ha notificado al filo de las once de la noche al juzgado de guardia de Barcelona, que se lo ha comunicado ya a la exconsejera de Educación de la Generalitat.

La vuelta de la eurodiputada y titular del área de Educación en el Ejecutivo de Puigdemont –destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución– se produce más de cinco años después de su huida, tiempo en el que ha permanecido en Bélgica y en Escocia.

Llarena le reclama por la supuesta comisión de un delito de desobediencia (que no lleva aparejada pena de prisión, sino únicamente de multa e inhabilitación). Su vuelta se produce poco después de que se haya derogado el delito de sedición, que el instructor no ve equiparable al de desórdenes públicos agravados, que tampoco le atribuye.

Su situación procesal es, por tanto, diametralmente opuesta a la de Carles Puigdemont, a quien Llarena sí imputa –tras aplicar la polémica reforma penal al auto de procesamiento– un delito de malversación agravada, castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años –que pueden llegar a doce si el perjuicio al erario público supera los 250.000 euros– y de diez a veinte años de inhabilitación.

Solo pena de multa e inhabilitación

El magistrado del Tribunal Supremo retiró la imputación de malversación a Ponsatí tras la sentencia del «procés», puesto que aunque cedió los centros educativos para la votación del 1-O, no llevó a cabo «actos que supusieran un perjuicio efectivo del patrimonio público» (permitiendo que se pagara con dinero público la organización del referéndum ilegal).

De hecho, el nuevo auto de procesamiento –en el que Llarena se opuso a imputar el delito de desórdenes públicos agravados a los procesados por sedición– allanaba el camino para el regreso a España de Ponsatí, así como el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En idénticas circunstancias (obligada únicamente a rendir cuentas ante la Justicia por desobediencia), la exdirigente de la CUP Anna Gabriel optó por regresar a nuestro país y comparecer en el Tribunal Supremo.

Ponsatí tendrá que comparecer en el Tribunal el 24 de abril. Sin embargo, la extitular de Educación en el Gobierno de Puigdemont no irá a prisión (puesto que el delito que se le imputa no conlleva pena de cárcel).

El propio instructor ya dejó claro en el reciente auto de procesamiento, que adaptó a consecuencia de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación, que la detención «se limitará al tiempo estrictamente indispensable para garantizar la prosecución del proceso». Sobre todo, argumentaba, por «la dificultad de compensar la duración de la detención con la pena que en su día pudiera recaer» (en referencia a una hipotética condena de multa e inhabilitación).

Turull pide que no sea detenida

En una declaración institucional grabada y difundida a los medios cuando se ha conocido la noticia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha apoyado explícitamente la vuelta de Ponsatí. “Se enmarca dentro de la estrategia de la confrontación inteligente”, ha asegurado. “Si España quiere ser una democracia plena, ahora tiene la oportunidad”, ha avisado.

Según Turull, un hipotético arresto de Ponsatí “demostraría la desproporción de las decisiones del Tribunal Supremo, ordenando la detención de una persona que, ni tan siquiera, ha sido citada a declarar, y además por un delito que no supone penas de prisión”.

De hecho, el posconvergente ha reclamado que se mantenga la inmunidad de la eurodiputada y ex consellera y no sea detenida.

La situación de Clara Ponsatí varió de forma sustancial con la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra. Tanto ella como Marta Rovira (ERC), que huyeron a Suiza y a Escocia -en el caso de Ponsatí-, estaban procesadas por el juez del Tribunal Supremo por un delito de sedición, que ha sido derogado del Código Penal. Ahora, lo están por desobediencia, un delito que no implica penas de cárcel.