La Junta Electoral activa el reloj para el cese de Laura Borràs

Laura Borràs sigue oponiéndose a dejar el cargo de presidenta del Parlament a pesar de haber sido condenada por corrupción. Sin embargo, el horizonte temporal de su resistencia se va estrechando porque la Junta Electoral Central (JEC) ha convocado para este jueves una reunión y, previsiblemente, abordará la situación de Borràs. La JEC cuenta desde hace más de una semana con el escrito que han presentado PP, Vox y Ciudadanos (por separado) para instar al cumplimiento de la sentencia y retirar el acta de diputada de Borràs.

Sin embargo, lo previsible es que este mismo jueves no se tome ninguna decisión en firme por parte de la JEC porque, según fuentes consultadas, derivarán el caso a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona, que se constituyó el pasado martes a raíz de la firma del decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Por tanto, la JEP asume ahora las competencias para decidir cuestiones como la de Borràs (la JEC es un órgano permanente, mientras que la JEP solo se constituye en periodos electorales). Eso no quita, sin embargo, que la decisión final sobre Borràs probablemente vaya a ser también inminente: según las mismas fuentes consultadas, puede darse incluso la situación de que la JEP se reúna el mismo viernes para abordar esta cuestión.

Generalmente, según explican, la JEP no tiene calendario de reuniones y es el presidente quien las convoca «en función de los asuntos que tengan pendientes y las urgencias de los mismos». No obstante, las «reuniones son habituales dado que suelen tener muchos temas que resolver». En este sentido, se abre la posibilidad de que el mismo viernes, 24 horas después de la reunión de la JEC, se active un encuentro de la Junta Electoral Provincial, que está formada por tres magistrados.

De tomarse una decisión a finales de esta misma semana, los tiempos serían parecidos a los que corrieron con el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. La sentencia condenatoria del expresident se notificó el 19 de diciembre de 2020, pero la JEC (en este caso, porque no había ninguna convocatoria electoral en el horizonte que permitiera constituir la JEP) no le quitó el acta de diputado hasta el 3 de enero. Es decir, justo dos semanas: parecido a ahora porque Borràs fue condenada el jueves 30 de marzo.

Torra sí continuó como president pese a dejar de ser diputado, pero esa condición no se podría dar con Borràs. En esre sentido, el procedimiento habitual es que el Parlament, tras recibir la notificación de la junta electoral, tenga cinco días para retirarle el acta de diputado al parlamentario condenado. El último precedente es el de Pau Juvillà, miembro también de la Mesa del Parlament y condenado por un delito de desobediencia vinculado con el «procés», igual que Torra.

En paralelo a los movimientos que pueda hacer la junta electoral, a instancias de PP, Vox y Ciudadanos, el PSC también ha movido ficha y ha registrado una proposición de ley para reformar el Reglamento del Parlament y habilitar un mecanismo que permita la destitución de Borràs. En concreto, la propuesta legislativa introduce un artículo 45 bis que incluye cuatro causas que justificarían la pérdida de la condición de miembro de la Mesa del Parlament. La que afectaría a Borràs es bien por la pérdida de la condición de diputada (algo que, previsiblemente, ocurrirá si la JEC acaba retirándole el acta) o bien porque el pleno, por mayoría absoluta, lo acuerda. Si se tuviera que activar este segundo punto, comprometería todavía más al independentismo porque obligaría a Esquerra y la CUP a posicionarse parlamentariamente sobre esta cuestión, a pesar de que ya han verbalizado su rechazo hacia Borràs porque consideran que ha sido condenada por corrupción.

El PSC ha impulsado una reforma del Reglamento del Parlament porque no hay mecanismos articulados para la destitución de los miembros de la Mesa. En cambio, sí que hay mecanismos articulados para la elección de los integrantes de la propia Mesa: en concreto, están previstos en el artículo 44. Tal y como queda fijado, cada uno de los 135 diputados escribe un nombre en una papeleta y sale elegido quien más apoyos ha recibido. En este sentido, si JxCat y ERC no se pusieran de acuerdo y votaran por su cuenta (sea en blanco o a algún diputado de su grupo), el PSC se podría imponer al ser el grupo parlamentario más votado de la Cámara (los socialistas, además, tienen capacidad de concitar el apoyo de los Comunes). Y, en este sentido, la falta de entendimiento independentista, como todo apunta, puede acabar empujando a la presidencia «accidental» del PSC en el Parlament.

No obstante, se antoja difícil también que JxCat acabe desperdiciando un espacio de poder tras haber salido del Govern.