Las «okupaciones» en Cataluña aumentan un 82% en seis años

Las denuncias por «okupaciones» ilegales en Cataluña se mantuvieron en 2022 por encima de las 7.000. En concreto, fueron 7.168, un registro parecido a las 7.345 que se contabilizaron en 2021, según datos de la consejería de Interior. En concreto, esta cifra supuso el 42% de las «okupaciones» en toda España, hasta el punto que casi triplicaba a la segunda comunidad con más casos, Andalucía, con 2.557.

Según datos facilitados por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, la cifra de 7.168 «okupaciones» denunciadas en 2022 en la comunidad autónoma supone un retroceso del 2,4% respecto al año anterior. Sin embargo, en 2017, Cataluña registró 4.123 denuncias por «okupación ilegal, lo que significa que la cifra de 2022 supone un incremento del 82% en los últimos seis años.

En el desglose por provincias, Barcelona acumuló el mayor número de denuncias, con 4.978. Se sitúa por delante de Tarragona (960 denuncias), Girona (953) y Lleida (277).

Los datos facilitados por Interior recogen las denuncias recibidas por usurpación, ocupación leve de bienes inmuebles y allanamiento de morada con voluntad de ocupación en las viviendas consideradas de primera y segunda residencia, en viviendas en construcción, viviendas no habitables, vivienda sin uso y viviendas de uso turístico. Cataluña y Barcelona en particular, lideran las estadísticas de «okupación» ilegal de vivienda a nivel estatal.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) suele concentrar gran parte de estas cifras. La capital catalana se coronó como la provincia con más «okupaciones» de toda España.

La «okupación» en Barcelona más polémica este año y aún no resuelta es la del «Kubo» y la «Ruïna», en el barrio de la Bonanova. El 30 de mayo, el juzgado estimó íntegramente la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por ambas «okupaciones», y condenó a los inquilinos ilegales a abandonar la finca con el aviso de que, si no lo hacen, podrían ser desalojados.

La sentencia todavía no era firme, por lo que comenzaron una serie de recursos por ambas partes. Este fallo judicial fue el resultado de la vista por la demanda, y en la que la jueza descartó suspender el procedimiento judicial como pedían los ocupas. El abogado de los «okupas» consiguió parar el desalojo.

El juzgado ha fijado para el próximo 30 de noviembre el desalojo de La Ruïna, una de las dos casas okupas de la plaza Bonanova de Barcelona que se convirtieron en munición electoral en vísperas de la campaña de las municipales del 28-M.

La Audiencia de Barcelona no ha resuelto todavía sobre la demanda, pero el recurso presentado por los «okupas» no tiene efectos suspensivos del proceso de desalojo, de forma que este sigue adelante.

Por otro lado, la proliferación de los casos de «okupación» en Barcelona también da pie a otros delitos que se dan especialmente en distritos como el de Ciutat Vella, y en concreto en el barrio del Raval. Uno de los más extendidos es el tráfico y consumo de estupefacientes en inmuebles «okupados». De hecho, asociaciones de vecinos llevan meses denunciando la presencia de decenas de narcopisos que enturbian la convivencia y producen grandes problemas entre la comunidad.

A finales de 2022, la Xarxa Veïnal del Raval y Acció Raval denunciaban la presencia de más de 60 narcopisos en El Raval, y reclamaban medidas urgentes al Ayuntamiento y a la Generalitat para poner coto a este fenómeno promovido, en ocasiones, por mafias. Los narcopisos se redujeron en el centro de la ciudad a lo largo del último año, pero no han desaparecido.