La Audiencia comienza el juicio por la financiación irregular de las campañas electorales del PP de la ciudad de Valencia

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha comenzado hoy la vista de la pieza de la causa Taula que investiga la financiación irregular del PP en las elecciones de 2007 y 2011 a partir de donaciones que diversos empresarios habrían realizados al grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia en "agradecimiento" por ciertas adjudicaciones, así como pagos de empresas municipales a las empresas Laterne y Trasgos por trabajos no realizados. Los cuatro imputados que quedan encausados después del archivo de la causa para los cerca de cincuenta concejales y asesores de la conocida causa del "pitufeo", son el exprimer teniente de alcalde y presunto cerebro de la trama, Alfonso Grau; la secretaria del grupo popular, Maricarmen García Fuster; el exconcejal Eduardo Santón en su condición de gerente de una empresa pública; y el también exgerente de Valencia Convention Bureau, José Salinas.

En el día de hoy se verán las cuestiones previas de la vista y a continuación declararán los testigos de las partes, si bien, el archivo de la causa del "pitufeo" puede llevar a que la Fiscalía renuncie a algunos de ellos. Esta previsto que los cuatro procesados declaren los días 5 y 6 de febrero, si bien la fecha podría variar.

La sesión de hoy ha comenzado con el repaso por parte del presidente de la Sección segunda de la Audiencia, José Manuel Ortega, de los hechos que se imputan a los procesados.

Las acusaciones califican los hechos de los delitos continuados de malversación de fondos públicos, por el que acusan a Grau, Santón y Salinas, y les piden cinco años de prisión; un delito de cohecho imputable a Alfonso Grau por el que solicitan cuatro años más de cárcel; y por último, otro delito de cohecho para Maricarmen García, por el que se le reclama un año de prisión.

Las defensas niegan los hechos y piden la libre absolución de los acusados.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha renunciado a la declaración de diversos testigos al haberse archivado el delito de blanqueo. Estos testigos a los que se renuncia eran tres asesoras que denunciaron la exigencia de mil euros por parte de García Fuster a todos los asesores y ex concejales del PP.

También ha pedido que el orden de las declaraciones de los acusados sea García Fuster, Alfonso Grau, Eduardo Santón y José Salinas.

Las defensas no se han opuesto a la renuncia a los testigos.

La defensa de García Fuster ha sostenido que en las doce actuaciones realizadas a su defendida no se dicta ninguna resolución motivada del delito del cohecho ni se le oye como posible imputada de este delito. Y es en el auto de apertura del juicio oral cuando se le imputa en 2011. Por lo que sostiene que el delito del que ahora se acusa habría prescrito en 2016, seis años antes de que se dirigiera la acción contra García Fuster. El fiscal sostiene por contra que el último ingreso recibido en la cuenta del PP es en 2014, si bien la causa sobre las elecciones de 2015 está archivada. Pese a ello considera que el delito no está prescrito.

La Sala ha manifestado al respecto que tiene sus dudas sobre la prescripción si bien considera determinante la imputación fáctica y no la imputación por el auto de apertura del juicio oral, aunque ha dicho que la decisión al respecto se hará en sentencia.

La defensa de Grau ha pedido diversas auditorias de la empresa Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD) en las que, según el letrado, se verían reflejado los movimientos de dinero de los que se acusa a Alfonso Grau y que según su defensa , no tiene el acusado, pero si que las tiene la Fiscalía y la acusación popular que "representa al Ayuntamiento". La Sala ha rechazado la petición al ser ésta más propia de la fase de Instrucción.

El letrado de Grau también ha aludido a la posible prescripción de la causa para su acusado, algo que ha negado el Ministerio Fiscal. La Sala ha desestimado poder apreciar la prescripción en este momento inicial del juicio.

El abogado de Juan Eduardo Santón ha considerado que los hechos que se imputan a su cliente están prescritos ya que los contratos de 2007 con los que presuntamente se financió la campaña del PP, conllevan una primera actuación judicial diez años después. El fiscal ha dicho que el delito de malversación continuado tiene un plazo de prescripción de quince años y que de momento la calificación del delito es esa. Habría prescripción si el tribunal continuara que el delito no es continuado, algo que como ha reiterado el presidente de la Sala, no están en condiciones todavía de hacerla.

La defensa de José Salinas también ha alegado la prescripción del delito de malversación que el letrado ha sostenido que era de diez años. También ha negado la continuidad delictiva y la correspondiente prescripción a los quince años, a lo que el fiscal ha reiterado sus argumentos y la Sala ha dejado la decisión para más adelante.

A continuación han prestado declaración en calidad de testigos los agentes de la UCO de la Guardia Civil que intervinieron en la causa. El primero de ellos ha relatado las diligencias que se realizaron a raíz de las llamadas telefónicas entre la fallecida exconcejal María José Alcón con su hijo y su hermana en las que comenta la dinámica del blanqueo de capitales que está realizando el PP. También ha hablado de un escrito anónimo en el que se describe la misma dinámica. El agente ha dicho que la investigación se centra en la campaña electoral de 2015, y es posteriormente cuando la Fiscalía aporta a la Guardia Civil documentación sobre el grupo Laterne con ordenes de trabajo, documentos de pago, contratos de prestación de servicios de Alfonso Grau, cuando la investigación se amplía a las campañas electorales de 2011 y 2007.

El agente ha relatado que diversas empresas contratistas del Ayuntamiento e Valencia hicieron pagos a Laterne, así como algunas fundaciones como Convention Bureau y CEyD. Ha explicado que el coste de la campaña electoral del PP podría haber superado los dos millones de euros.

El agente ha relatado que la causa comienza por unos archivos de audio de Marcos Benavent que habla, entre otras personas con de María José Alcón, y que dan pie a las grabaciones de Alcón con su hijo en las que se narra la operativa de blanqueo.

El segundo de los agentes ha descrito los ingresos en las dos cuentas bancarias que tenía el PP de la ciudad de Valencia, en una de los cuales aparecen ingresos en efectivos realizados por García Fuster y 50 ingresos de mil euros de los denominados "pitufos".

Otro de los guardias ha descrito los ingresos de "cya" en la misma cuenta bancaria y que fueron realizados por "colaboradores y allegados", según declaró García Fuster. Ha añadido que esta cuenta no tenía ningún control externo.