Los productores independientes denuncian su desprotección en materia de propiedad intelectual

El paradigma anterior a la pandemia está roto. En un encuentro con la prensa, denunciando el aceleracionismo de unos tiempos en los que las plataformas de capital extranjero prometen quedarse con todos los trozos de la tarta, los productores independientes se reunieron ayer en Madrid para explicar su posición respecto a la nueva Ley del Cine. Agrupados en asociaciones como AECINE, PIAF o PROA, los fajadores de nuestra industria audiovisual dicen sentirse “preocupados”, pero “expectantes respecto al diálogo”, sobre un texto legal que será marco y del que han recibido un primer borrador. Todavía en período de correcciones y en constante diálogo con el Ministerio de Cultura, el miedo del sector pasa por la posibilidad de unas elecciones anticipadas que no permitan aprobar la nueva ley antes del otoño de 2023.

Antonio Mansilla, María Zamora o Álvaro Alonso, entre otros representantes de la producción independiente en España, aclararon que cuentan con un compromiso del Ministro de Cultura, Miquel Iceta, para volver a definir su labor en el marco legal. ¿Qué ocurre, entonces, con la definición dada en la Ley General del Audiovisual? Ambas coexistirán, según los productores, que dan por perdida esa batalla frente a los objetivos del Gobierno socialista. “Hay asuntos que dependen de Cultura, sí, pero los incentivos fiscales van de la mano de Hacienda y los fondos del Hub Audiovisual dependen de Economía”, explican los empresarios, que se ven “indefensos” ante la falta de medios que, denuncian también, sufre el máximo organismo gestor de nuestro cine a nivel estatal, el ICAA dirigido por Beatriz Navas.

Falta de medios

Uno de los principales puntos de fricción entre los productores y el Gobierno, y que todavía no se ha aclarado o decantado en favor de ninguna de las partes, es en materia de protección de la propiedad intelectual. Cuando un operador multinacional, como Netflix o Amazon, rueda y produce una serie en España, suele exigir a sus creadores que cedan los derechos de explotación en perpetuidad. Es decir, las plataformas financian series y películas, pero a cambio se quedan con todos los derivados (en forma de secuelas o elementos de mercadotecnia) que se puedan generar. “Es algo inaudito en Europa, en parte también porque en Francia o Alemania se contaba con una tradición distinta que permitió partir desde una posición de poder cuando llegaron las plataformas”, explica Zamora, productora de “Alcarràs” o “Libertad”, de Clara Roquet.

Si bien los empresarios ven “imposible” cambiar la Ley de Propiedad Intelectual, sí se muestran positivos respecto a la nueva Ley del Cine, en parte por esfuerzos como el de una RTVE siempre inestable por aplicar una tendencia de derechos compartidos en sus últimas producciones. “Tenemos un sistema obsoleto que se ha ido parcheando ley a ley, de cambio de gobierno a cambio de gobierno. Y así es imposible que florezca una industria”, explicaron en el encuentro con los medios. Más allá de las pretensiones de ambas partes de llegar a un acuerdo, no queda demasiado claro cuál es el siguiente paso. Incluso de aprobarse el texto allá por el verano del año que viene, un cambio de Gobierno podría dejar sin financiación el nuevo marco legal, como ya ha ocurrido varias veces, lo cual dificulta que cualquier cambio pase de lo coyuntural a lo contextual.