Armisticio de 10.000 millones para las viejas renovables

El Gobierno ofreció ayer más dinero durante 12 años a las viejas instalaciones renovables, que sufrieron los recortes de 2013 para poner fin al déficit de la tarifa eléctrica, a cambio de que retiren los litigios que puedan mantener con el Estado en los organismos internacionales. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley por el que los afectados por la rebaja de la retribución a las instalaciones renovables la mantendrán en el actual 7,398% hasta 2031 si renuncian a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen abiertos, o a las indemnizaciones que lograron en ellos. De lo contrario, recibirán la misma prima que el resto de instalaciones para el próximo periodo regulatorio, que quedó ayer establecida en el 7,09% entre 2020 y 2025. De esta forma, el Gobierno trata de eliminar los 45 frentes abiertos por inversores internacionales contra España por el recorte a la retribución que se aprobó en 2013 para aplacar el déficit eléctrico. Un agujero que aún persiste hoy y que no terminará de pagarse hasta 2028.

Deuda de 18.000 millones por las primas a la energía verde

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la deuda del sistema eléctrico era de 18.851 millones de euros, a cierre de 2018. En 2014, el desajuste alcanzó los 27.000 millones. Así, cada consumidor aún adeuda más de 600 euros de media como consecuencia, entre otros motivos, de las primas que se comprometieron con los inversores para poner en marcha miles de instalaciones, especialmente solares, en los años del boom renovable, cuando la mitad de los paneles solares que se fabricaban para el mundo se instalaba en España y que dio origen a un incremento de la deuda eléctrica de más del 500%. Hasta ese «boom», España tenía uno de los recibos eléctricos más baratos de Europa. Ahora, la electricidad es de las más caras.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, explicó al término del Consejo de Ministros que el recorte de 2013 afectó a 64.000 plantas, especialmente en comunidades con gran recurso solar, como Andalucía y Castilla-La Mancha. Ribera ha añadido que los inversores internacionales reclaman casi 10.000 millones de euros por los recortes que introdujo el PP.

En diez casos, en los que los inversores reclamaban 1.700 millones, los fallos de los arbitrajes han sido contrarios a España, aunque finalmente solo le obligan a pagar 821 millones, ya que las cortes no dieron la razón a los demandantes en su totalidad.