Escrivá ningunea a los funcionarios y asegura que congelar su sueldo “no es muy relevante”

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá ha intentado zanjar la polémica al asegurar que las pensiones no se congelarán pese a la comprometida situación económica y financiera de las arcas públicas derivada de la crisis del coronavirus. Además de descartar “sin duda” la congelación de pensiones anunció que se va a establecer una regla fija que mantenga el poder adquisitivo de los casi diez millones de pensionistas. “No se estudia ninguna congelación de pensiones. Nuestro objetivo es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de forma permanente y establecer, cuando lo apruebe el Pacto de Toledo, una regla fija de pensiones que asegure el poder adquisitivo”, afirmó Escrivá en una entrevista en la Cadena Cope.

De esta forma, el Gobierno mantendría su promesa de revalorizar de nuevo las pensiones en el año 2021 previsiblemente ligándolas de nuevo al IPC, tal y como sucedió este año, cuando las pensiones se incrementaron un 0,9%. Pero esta promesa tiene trampa en 2020. El IPC ha caído en lo que va de año un 0,5% hasta agosto, con unas expectativas de inflación negativas a final de año por lo que, a efectos reales, las pensiones no acumularían ningún tipo de subida -el Gobierno las ha ligado al IPC- y, de facto, estarían congeladas, salvo que se decidiera hacerlo por encima del incremento de los precios, una medida que sería muy impopular, sobre todo en sectores que han sufrido de lleno el impacto de la pandemia, o, por ejemplo, los funcionarios, a los que ya amenazan con paralizar cualquier incremento salarial.

Precisamente los funcionarios podrían correr la misma suerte que los pensionistas, a tenor de lo que dejo entrever el ministro cuando se le preguntó por esta cuestión. Escrivá ha reconocido que la puerta se ha abierto a una posible congelación de su sueldo. Defendió que “desde el punto de vista macroeconómico no será muy relevante para ellos, como podría pasar en otras circunstancias porque la evolución de los precios está siendo muy contenida -con una caída en los últimos doce meses del IPC del 0,5% en agosto y una expectativa de inflación negativa este año-, por lo que el impacto en su poder adquisitivo no será muy relevante". Además, añadió que, en este momento "no es un tema tan central para el Gobierno. Es lógico que surjan informaciones apuntando en este sentido porque en una etapa como la actual se preparan muchos escenarios y se intentan casar las cuentas”, para remitir a continuación al Ministerio de Hacienda cualquier decisión en este asunto.

Reforma de las pensiones

Por otra parte, el titular de Seguridad Social volvió a insistir que su departamento sigue ultimando los cambios estructurales que afectan a las jubilaciones anticipadas porque sufren “mal diseño que hay que corregir”, potenciando y aplicando con mayor rigor las penalizaciones correspondientes, que pueden alcanzar un recorte por año anticipado del 8%, al aplicarse sobre la base reguladora y no sobre la pensión. “Hay una enorme diferencia y, de facto, el efecto desincentivador termina siendo muy bajo, especialmente en las pensiones máximas, que se sitúa en el entorno del 2%. Vamos a cambiar esta situación y aplicar el coeficiente reductor de las jubilaciones anticipadas sobre la pensión y no sobre la base reguladora, como ocurre en la actualidad". Recordó Escrivá que ya ha presentado esta propuesta al Pacto de Toledo, que espera la tenga en cuenta, y reconoció que nadie desde Podemos le ha transmitido ningún tipo de disconformidad sobre este cambio. “Ya he presentado la medida a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y es una estrategia contemplada tanto por el Ejecutivo como por el Pacto de Toledo”.

También volvió a repetir todos los mantras que ha defendido durante toda la semana: cambio de diseño en los planes de pensiones individuales para potenciar los colectivos -siguiendo el ejemplo de Reino Unido, “donde está siendo un éxito”-; la salida de la caja de la Seguridad Social de los gastos impropios, que se cifró en unos 22.800 millones, para corregir el déficit de la Seguridad Social -"la Seguridad Social estaría equilibrio presupuestario en este momento si se hubiera hecho eso”; y que el dinero destinado a las prestaciones de los ERTE “es limitado" y no se puede prolongar indefinidamente.