Hungría y Polonia llevan a la Justicia europea la norma que liga las ayudas de la UE al Estado de derecho

Hungría y Polonia recurrieron este jueves ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el nuevo mecanismo que condicionará el desembolso de fondos comunitarios a que se respete el Estado de derecho, lo que retrasará la aplicación de unas normas que podrían penalizarles. Budapest y Varsovia, que tienen abiertos expedientes comunitarios por sus problemas con el Estado de Derecho, uno de los valores fundacionales de la UE, presentaron sendos recursos en los que piden que se anule este reglamento argumentando que infringe la legislación europea.

La Comisión Europea “está muy segura de la legalidad de la regulación”, pero esperará a conocer la sentencia de la corte antes de emprender cualquier acción bajo estas normas, que están en vigor desde el 1 de enero, según explicó el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer. La sentencia podría demorarse incluso un año, aunque existe la posibilidad de que el Tribunal tramite los recursos con el proceso acelerado, una opción que algunos eurodiputados ya han anunciado que solicitarán y que, de ser aceptada por los jueces, recortaría los tiempos.

Polémica desde el principio

Hungría y Polonia bloquearon a finales del año pasado la aprobación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación pospandemia, casi dos billones de euros en total, por su rechazo a este mecanismo, que siempre han considerado políticamente motivado y dirigido contra ellos. Este permite paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detecten violaciones de los principios del Estado de derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.

Para sortear el bloqueo, se aprobó una declaración política aclarando que la condicionalidad será “justa”, “imparcial” y no discriminatoria y, para garantizarlo, la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para implementar el mecanismo consultando con los Estados. Si algún país recurría ante la justicia, como finalmente ha ocurrido, Bruselas tendría que esperar a conocer el veredicto antes de finalizar estas guías y empezar a aplicarlo.

“Ilegal” y “arbitrario”

Pese a estas garantías, Hungría y Polonia han decidido llevar el caso al TJUE, una opción que no ha sorprendido en Bruselas pero para la que han apurado el plazo, que expira el 15 de marzo. “La regulación no tiene base legal en los tratados, interfiere con las competencias de los Estados miembros e infringe el derecho de la UE”, dijo en un comunicado el Gobierno polaco, dirigido por el partido ultraconservador Ley y Justicia.

Varsovia alega que la UE no tiene competencias para definir la noción de Estado de derecho ni los criterios para su respeto y que, al no haber definido en la legislación las obligaciones en este sentido, la evaluación de si un país lo respeta “será inevitablemente arbitraria y no estará libre de consideraciones políticas”. “Aunque el Estado de derecho es un valor común de todos los Estados miembros, su significado preciso no puede ser determinado por decisiones arbitrarias sin tener en cuenta las identidades nacionales y las diferencias en sus sistemas y tradiciones legales”, dicen en el comunicado.

Por su parte, la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, afirmó que no se puede dejar que “una legislación que daña gravemente el derecho comunitario siga en vigor”. El recurso ya anunciado del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán llega apenas unos días después de que su partido (Fidesz) abandonase el Partido Popular Europeo ante su inminente expulsión del mismo, precisamente por no respetar valores como el Estado de derecho.

Bruselas esperará al TJUE

La demanda judicial aboca a un retraso en la aplicación de las normas puesto que la Comisión se ceñirá a lo pactado en diciembre: no finalizará sus directrices hasta que haya sentencia y “no prevé proponer medidas bajo la regulación antes de adoptarlas”, según confirmó el comisario de Presupuestos Johannes Hahn hoy, poco antes de conocerse la acción judicial.

Hahn aseguró, sin embargo, que se estudiarán “todas las violaciones relevantes” que afecten a la gestión del presupuesto desde la entrada en vigor de la norma, el 1 de enero. “No se perderá ningún caso”, insistió en un debate con el pleno de la Eurocámara en el que la gran mayoría de grupos políticos le reclamaron que empiece a aplicar ya la legislación y criticaron que se alarguen los plazos para elaborar unas directrices que ven innecesarias.

El comisario defendió que Bruselas está haciendo una preparación “cuidadosa” antes de utilizarlo para que las primeras acciones que se emprendan “tengan éxito” y no sean rechazadas por los tribunales, y recordó que esta no es la única herramienta para proteger el Estado de derecho. De momento, sin embargo, el procedimiento del “artículo 7” que prevén los Tratados para ello, iniciado hace meses a Polonia y Hungría, no ha derivado en sanción alguna.