El análisis

Tres pifias económicas de Pablo Iglesias y Mónica García del debate de Telemadrid

Ambos manipularon datos sobre vivienda, empleo y Sanidad para adecuarlos a su tramposa narrativa ideológica

Imagen de los candidatos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos al término del debate electoral
Imagen de los candidatos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos al término del debate electoralJuanjo MartínAgencia EFE

El debate en Telemadrid entre los distintos candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid no sirvió para ofrecernos ricas exposiciones sobre el proyecto de gobierno de cada uno de los partidos sino, más bien, para que los unos y los otros se tiraran los trastos (y en ocasiones los muertos) a la cabeza en un espectáculo bastante poco reconfortante para la audiencia. Con todo, el debate también sirvió para ilustrar, una vez más, cómo los políticos gustan de manipular los datos para adecuarlos a su tramposa narrativa ideológica. Permítanme ilustrarlo con varios de los argumentos empleados por Unidas Podemos y Más Madrid a propósito de la situación económica de Madrid.

Primero, Pablo Iglesias denunció que actualmente hay 263.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. Se le olvidó mencionar al líder de Podemos que ese dato, extraído del Censo de Viviendas del INE, es de 2011, esto es, hace ya una década. De hecho, si acudimos a las estimaciones que efectúa anualmente el Ministerio de Fomento para actualizar este dato nos encontraremos con que las viviendas no principales (dentro de las que se incluyen las vacías) llevan cayendo ininterrumpidamente desde 2011 y se encuentran en mínimos históricos. Quizá no habría estado de más aclararlo.

Segundo, Iglesias también denunció que la Comunidad de Madrid es la autonomía que invierte un menor porcentaje de su PIB en Sanidad, algo que es cierto pero que omite el crucial contexto en el que se produce. Y es que Madrid también es la región de España donde un mayor porcentaje de su población (cerca del 40%) cuenta con seguro privado de salud y, por tanto, no necesita acudir a los centros sanitarios públicos. Justamente por eso, la administración necesita invertir menos en Sanidad para ofrecer un mismo servicio. Acaso se crea que ese elevado porcentaje de la población que tiene contratado un seguro privado de salud se explica precisamente por la pésima calidad de la sanidad pública madrileña (explicada, a su vez, por la infrainversión presupuestaria), pero no. Madrid es la comunidad española con menor número de pacientes en lista de espera a seis meses (1% del total, frente a otras autonomías como Castilla-La Mancha, con el 64%) y con menor tiempo medio de espera (42 días frente a otras autonomías como Castilla-La Mancha, con 269).

Y tercero, Mónica García le reprochó a Ayuso que «el paro» en la Comunidad de Madrid es ahora mismo el doble que en el conjunto de España, lo cual no es en absoluto cierto habida cuenta de que la tasa de desempleo en la región es 2,5 puntos inferior a la del conjunto del país. A lo que se refería, en realidad, Mónica García es a que, desde comienzos de la pandemia, el número de parados ha crecido porcentualmente el doble en Madrid que en España (en parte como consecuencia de que el número inicial de parados era inferior en Madrid). Sin embargo, la estadística realmente relevante no es el paro registrado, sino el número de afiliados a la Seguridad Social excluyendo a los trabajadores en ERTE (es decir, no computando como afiliado a quien se halla en este momento en ERTE). En tal caso, la Comunidad de Madrid no sólo ha visto disminuir menos sus afiliados durante la pandemia (-5% frente al -5,5% de España), sino que además ha logrado que su número efectivo de afiliados crezca durante el primer trimestre de 2021 (un 0,15%) frente a la caída experimentada en el conjunto de España (-0,6%).

Basten estos tres errores (probablemente intencionados) para poner de manifiesto el escaso nivel económico que se exhibió en el debate de Telemadrid.

El mayor déficit de la UE

España cerró 2020 con el déficit más elevado de toda la Unión Europea (11% del PIB) y una de las deudas más voluminosas de todo nuestro entorno (120% del PIB). Por necesidad, por consiguiente, nuestro país se va a enfrentar a uno de los procesos de consolidación presupuestaria más duros de todo el Continente durante los próximos ejercicios. Y es que, aun cuando parte del déficit se corrija automáticamente con la recuperación (la cual reducirá el gasto en ERTE o en Sanidad y aumentará la recaudación), otra parte permanecerá inalterada, lo que nos obligará a aprobar nuevos recortes en forma de menor gasto o de subidas de impuestos. Pero ese escenario, no tan alejado en el tiempo, no lo está contemplando nadie en el presente. Es un tema tabú en las campañas.

El sablazo fiscal de Biden

Joe Biden no sólo pretende incrementar el Impuesto sobre Sociedades hasta el 28% sino también el impuesto sobre plusvalías al 40%. De conseguirlo, la fiscalidad sobre el ahorro y la inversión en EE UU se incrementaría hasta límites auténticamente disparatados (por ejemplo, por cada 100 dólares que ganara una empresa, sólo le alcanzarían 43 al accionista), lo que lastraría el crecimiento a largo plazo del país. Esperemos, por tanto, que todo se trate de una maniobra negociadora de Biden. A pesar de que el Partido Demócrata tiene una muy estrecha mayoría en el Senado (dependiente del voto de calidad de la vicepresidenta), hay varios senadores demócratas que se oponen a los planes fiscales de Biden. Probablemente esté intentando incrementar el envite para renegociar a la baja: lo mismo que hacía Trump.

ERE en CaixaBank

CaixaBank se halla inmersa en el proceso de reestructuración laboral. Era algo perfectamente esperable a cuenta de la fusión. Si La Caixa y Bankia querían entretejer sus futuros era, en esencia, por la oportunidad que les brindaba para rediseñar su modelo de negocio, pasando de una banca mayoritariamente presencial a una banca online. Y la banca online requiere, como es obvio, mucho menos personal y muchas menos oficinas que la presencial, máxime si entre ambos bancos existen redundancias. Lo llamativo es que el mismo Gobierno que autorizó la fusión (y no necesariamente por malas razones) salga ahora a reprocharle a la entidad fusionada que el ajuste laboral está siendo demasiado intenso. ¿Qué esperaban que sucediera salvo exactamente lo que está sucediendo?