Los del PSOE y Podemos no son los presupuestos que necesita España

Ni son unas cuentas que vayan a elevar la calidad de vida del conjunto de los españoles, ni nos van a salir gratis, ni nos van a permitir relajarnos financieramente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso el pasado miércoles
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso el pasado miércolesJuan Carlos HidalgoEFE

PSOE y Podemos han sacado pecho con el anteproyecto de Presupuestos para 2022 afirmando que se trata de las cuentas públicas más sociales de la historia. ¿Y por qué son las más sociales? Simplemente porque son las que más gastan. En el imaginario socialpopulista, más gasto es más sociedad, con independencia de a qué se destine ese gasto, de cómo se financie o de cuáles sean sus consecuencias. Y precisamente por estas tres razones (destino del gasto, financiación y consecuencias), deberíamos dudar de los parabienes que se nos venden.

Primero, ¿a qué se destina la mayor parte del presupuesto público? ¿A ofrecer mayores y mejores servicios a los españoles? No. El 40% de todo el gasto va a financiar las pensiones: ocho puntos más que hace quince años. De hecho, en apenas una década, las pensiones podrían llegar a copar el 50% del presupuesto. ¿Motivo de celebración? Pues no mucho. No gastamos más en esta partida porque nuestros mayores estén disfrutando de unos ingresos en rápida expansión, sino porque cada vez hay más pensionistas que van copando porciones crecientes de las cuentas públicas. Y si ellos tocan a más, el resto a menos.

Segundo, ¿cómo vamos a financiar todo ese aumento extraordinario del gasto? De momento estamos echando alegremente mano de la deuda pública. La estrategia más cómoda para el más manirroto de los gobernantes. Gastar hoy sin cargar hoy con su coste. Pero semejante huida hacia delante tiene las patas más cortas de lo que a muchos en el Gobierno les gustaría pensar. Muy probablemente, a partir de 2023 Bruselas comience a exigirnos que cuadremos las cuentas. Y PSOE y Podemos ya le han comunicado a la Comisión cómo pretenden ejecutar tamaña empresa: subiendo brutalmente los impuestos. En su delirante imaginario, semejante rejonazo podrá complementarse a costa de los más ricos, pero inevitablemente quienes cargarán con una mayor porción de esa nueva losa tributaria serán las clases medias. La alegría del sobregasto presente son los sobresablazos futuros.

Y tercero, ¿qué consecuencias tendrá todo esto? España carga con una deuda que asciende al 120% del PIB. Tal legado nos acompañará durante años, aun en el supuesto de que seamos capaces de cuadrar con celeridad nuestro déficit, y supondrá una fuente de potencial inestabilidad financiera. Si, por ejemplo, el BCE se ve empujado a subir tipos para contrarrestar las actuales pulsiones inflacionistas, ¿hasta qué punto seremos capaces de resistir a tal embate? Por cada punto que se incremente el tipo de interés medio de los pasivos estatales, el gasto financiero del presupuesto aumenta en el equivalente al 1,2% del PIB, algo así como un tercio de lo que nos cuesta toda la enseñanza pública y concertada en España.

En definitiva, ni son unos presupuestos que vayan a elevar la calidad de vida del conjunto de los españoles, ni nos van a salir gratis (al contrario, los vamos a terminar pagando muy caros), ni nos van a permitir relajarnos financieramente durante la próxima década por la adicional acumulación de deuda pública que convalidan. No son los presupuestos que necesita España, pero sí son los presupuestos que necesitan PSOE y Unidas Podemos para tratar de perpetuarse en el poder unos años más.

«Impuestos a los ricos»
Aunque PSOE y Podemos nos dijeron que sólo subirían impuestos a los ricos, lo cierto es que les suben los impuestos a todo el mundo: ricos, pobres y clases medias. Esta misma semana, por ejemplo, el Gobierno ha efectuado un doble anuncio: por un lado, un catastrazo que supondrá un aumento de la base imponible de diversos impuestos (Impuesto de Transacciones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones) para muchos ciudadanos; por otro, un incremento de la cuota mínima de autónomos de 96 euros anuales. En ambos casos, no son subidas impositivas específicamente dirigidas contra las clases más acaudaladas. Y tampoco lo serán los venideros incrementos impositivos, puesto que no será posible cubrir el déficit público sin castigar sobremanera al conjunto de la población.
Las mascarillas, al 21%
El IVA de las mascarillas quirúrgicas volverá a subir al 21% a partir del próximo 1 de enero de 2022. El Gobierno que sólo quiere subir impuestos a los ricos vuelve a mostrarnos que trata de rascar ingresos allí donde se encuentren. No olvidemos que ese mismo Gobierno anunciaba hace varios días que las mascarillas seguirían siendo obligatorias en interiores hasta bien entrado el próximo ejercicio. Es decir, que los ciudadanos tienen que consumir obligatoriamente un producto y el Ejecutivo lo grava con el tipo de IVA más elevado posible. Lo lógico y razonable habría sido mantener el tipo superreducido hasta que las mascarillas dejen de ser de uso forzoso puesto que, a partir de ese momento, sería cada ciudadano el que podría escoger si utilizarlas o no. Pero les puede más que el ansia recaudatoria.
Regalo al PNV
Los presupuestos de PSOE y Podemos también contienen una partida oculta con la que comprar el voto del nacionalismo vasco: a saber, las transferencias de 36.300 millones de euros que el Estado efectúa a la Seguridad Social. Recordemos que la Seguridad Social se rige por el criterio de la caja única, de manera que todos los trabajadores, también los de País Vasco y Navarra, cotizan para el mantenimiento de sus finanzas; por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado no son sostenidos por los contribuyentes vascos y navarros (salvo por su aportación a través del cupo). Como consecuencia, al traspasar 36.300 millones de euros en gastos desde el Estado a la Seguridad Social, los contribuyentes del resto de España le «regalan» a cada cotizante vasco y navarro alrededor de 2.000 euros anuales.