Los interinos de larga duración tendrán su plaza antes de junio de 2022 y serán fijos en 2024

Lo ha confirmado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su intervención ante la Comisión de Hacienda en el Congreso: se van a articular procesos de selección de plazas públicas más “ágiles” para incorporar funcionarios con más rapidez a sus puestos necesarios. se incorpora “pasan tiempos que son realmente mejorables”. Para ello, el Gobierno aprobó un real decreto, que se tramita como proyecto de ley en las Cortes, para reducir la temporalidad en el empleo público del 30% actual al 8%, que conlleva un proceso de estabilización de 300.000 puestos de trabajo ocupados por interinos en las administraciones.

El Gobierno aprobará antes de junio de 2022 una oferta de empleo público -tanto ordinaria como extraordinaria- para integrar de forma definitiva a más de 300.000 plazas estructurales de interinos, que deberán ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2022 y ser fijas antes de que termine 2024.

Montero ha asegurado además que la nueva ley para atajar la temporalidad en el empleo público llevará a “la eliminación de la tasa de reposición”, debido a que ésta se tendrá que “adaptar al volumen de plazas necesarias y a las ofertas de empleo y no al revés”. Para Montero, será “imprescindible, una vez aprobadas (dichas convocatorias), imprimir el ritmo necesario” para adjudicar en tiempo las mismas, ya que, además, la ley establece que se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

Según presumió Montero, el volumen de plazas de los tres años de gobierno de Sánchez suponen una oferta de empleo un 73% superior a la de los seis ejercicios previos, es decir, 109.718 plazas que se ofertan en tres años frente 73.500 del periodo 2012-2017″. Para 2022 ha anunciado que “vamos a incluir una tasa de reposición del 110 % con carácter general, del 120% para sanidad, educación y ciencia y del 125% para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía autonómica y cuerpos especiales”. En total, la oferta de empleo para este año asciende a 30.445 nuevos puestos de trabajo, un 8,5% más en comparación con 2020.

La ministra ha recordado también que el Gobierno aprobará próximamente un real decreto del teletrabajo en la Administración General del Estado para implantar esta modalidad a partir de enero de 2022, con la que “incentivar que empleados públicos elijan como lugar de residencia territorios en riesgo de despoblación”. Asimismo, ha apuntado que la nueva ley de función pública verá la luz a lo largo de 2022, enfocada a la retención y captación de talento, así como la ejecución del tercer plan de igualdad en la administración general del Estado y la próxima aprobación de un protocolo de acoso sexual, para completar el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP).

Según han destacado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, esta nueva ley irá “en cumplimiento con la construcción de un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz e incentivado”, que deberá revitalizar la envejecida plantilla pública. La ministra apuntó la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas, advirtiendo que el 66% de los empleados de la Administración General del Estado tienen más de 50 años, lo que supone que entre 2021 y 2023, casi el 57% de la plantilla estará jubilada. Por ello, indicó que “tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral”.