Tres de cada cuatro jubilados se retiraron antes de la edad legal

Tres de cada cuatro personas que accedieron a la jubilación el año pasado lo hicieron anticipadamente, de forma que la edad media de retiro de la vida laboral se situó en los 64,65 años, aumentando respecto a años anteriores pero aún por debajo de los 66 años legales. Según los datos disponibles de la Seguridad Social, el año pasado se jubilaron 316.156 personas, de las que 238.415 (el 75 %) lo hicieron con menos de 66 años, la edad legal de retiro, si bien esa cuantía incluye tanto a prejubilados como a personas con más de 37 años y tres meses de cotización, que pudieron dejar de trabajar con 65 años.

Respecto al año anterior, aumentó el número total de nuevos jubilados en 30.286 personas, ya que en 2020 hubo 285.870 altas en jubilación, si bien ha disminuido el de prejubilados en 18.000, ya que se retiraron antes de los 66 años 256.941 personas (el 89 % del total). No obstante, hay que recordar que la edad legal de jubilación se situó en 2020 en los 65 años y 10 meses, por lo que no toda esa cifra correspondía a prejubilaciones.

Así, las prejubilaciones o jubilaciones antes de la edad ordinaria no aumentaron en 2021, una posibilidad que se abría ante la incertidumbre por la entrada en vigor de los cambios que introdujo la reforma de pensiones desde el 1 de enero de 2022. En concreto, esta ley endurece las penalizaciones pero solo para los que se jubilen 24 o 23 meses antes de alcanzar la edad legal, así como para quienes lo hagan a falta de 1, 2 o 3 meses de cumplirla, mientras que las suaviza en el resto de supuestos intermedios.

La ley también limita la jubilación forzosa, que las empresas solo podrán aplicar, en el caso de no tener recogida ya esta opción por convenio, a partir de los 68 años. Además, con el objetivo de acercar la edad real de acceso a la jubilación a la legal, la ley incluye mayores incentivos para la jubilación demorada, con exenciones en las cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, desde que el trabajador cumpla la edad ordinaria de retiro. Y fija incentivos para el trabajador por su prolongación, con una subida del 4 % por cada año de retraso, un cheque de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.

Desde la entrada en vigor en 2013 del incremento paulatino de la edad legal de jubilación, la edad media se mantuvo en torno a los 64,2 años hasta 2019, cuando se elevó a 64,42, para pasar a los 64,57 en 2020 y a los 64,65 en 2021. Pese a que las diferentes reformas aplicadas en los últimos años han empujado y contenido la edad de jubilación, esta se ha retrasado un año y medio desde que empezó el siglo, según señala a Efe el secretario confederal de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo.

Incentivos para el retraso

Los cambios introducidos ahora en la reforma incluyen tanto incentivos al retraso de la edad de jubilación como a la jubilación anticipada, por lo que Bravo considera esencial conseguir aumentar la tasa de actividad y empleo en el colectivo de entre 55 y 60 años.

La Seguridad Social calcula que esos cambios permitirán elevar en 2 años la edad efectiva de jubilación para 2050, hasta los 66 años y medio, lo que todavía se situaría por debajo de la edad legal de retiro, que en 2027 llega a 67 años.

El año pasado 77.741 personas se jubilaron con al menos 66 años, una cifra muy superior a la contabilizada en años anteriores (28.929 en 2020, 27.444 en 2019, 26.036 en 2018 o 23.387 en 2017) pero que en 2021 incluyó también a aquellos que se retiraron a la edad legal.

13.000 millones por cada año «extra»

Hasta la entrada en vigor de la actual reforma de pensiones, existían medidas para promover el llamado “envejecimiento activo”, si bien el actual Gobierno mantiene que estas medidas no han sido suficientes para conseguir aumentar la edad de jubilación en España. La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, explica a Efe que lograr retrasar un año el acceso anticipado a la jubilación tendría un gran impacto en las arcas del Estado.

“Un año de retraso en el acceso a la jubilación anticipada, de los 63 a los 64 años, tendría un impacto de un punto del PIB, unos 13.000 millones de euros, es mucho dinero y responde a lo que se deja de percibir contribuyendo a la Seguridad Social y lo que se gasta en esa pensión que se empieza a cobrar”, dice Estévez. En su opinión, hay muchas profesiones, como médicos o jueces, cuya edad dorada en el ámbito laboral empieza en los 55 o 56 años, que demandan una jubilación demorada y “no es cierto” que esa prolongación impida la entrada de jóvenes en el mercado laboral