Ribera cede y acepta 50 euros como tope del precio del gas

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La Comisión Europea avaló la propuesta presentada por España y Portugal para establecer un mecanismo de compensación temporal, con el fin de topar el precio del gas, de forma que esto repercuta en las facturas de la luz que pagan tanto las familias como las empresas y que en los últimos meses han alcanzado cifras récord, debido al aumento vertiginoso del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Según explicó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha llegado a un acuerdo político con la Comisión Europea por el que el precio de referencia del gas en el mercado mayorista para las centrales de gas, carbón y cogeneración se fije en torno a 40 euros/MWh, aunque se espera que oscile hasta los 50 euros a lo largo de los 12 meses en los que esta medida temporal estará en vigor.

«Es un acuerdo muy importante para los consumidores domésticos y los industriales. Es un sistema que, con la excepción ibérica reconocida por el Consejo Europeo nos permitirá que el precio de la electricidad no suba en el mercado ‘spot’ como consecuencia del precio del gas y permitirá que los consumidores industriales se puedan beneficiar de esa reducción de referencia y los precios a futuro», aseguró Ribera en una rueda de prensa conjunta desde Bruselas con su homólogo portugués, tras una reunión con la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager en la que se ha dado la luz verde final a esta medida compensatoria.

Sin embargo, esta iniciativa no cumple las expectativas del Gobierno español y supone un precio más elevado que el inicialmente propuesto por España y Portugal cuyo montante era de 30 euros. El objetivo reside en que este límite se traduzca en un abaratamiento en las subastas energéticas, que acabe repercutiendo en los recibos que pagan los consumidores de tarifa regulada.

Aunque fuentes diplomáticas no quisieron aventurar cuál será el montante final, actualmente en las subastas mayoristas esta cantidad ascendía a 90 euros/Mwh, por lo que España y Portugal confían en que los consumidores finales acaben pagando aproximadamente la mitad. «El punto de partida era 30, es obvio, pero en un proceso complejo se han valorado las distintas alternativas y cómo mejorar y ofrecer una respuesta lo más solvente posible. Se ha ampliado el plazo para dar cobertura el próximo invierno a los consumidores de gas y electricidad», puntualizó Ribera, ya que la propuesta hispano-portuguesa inicial establecía una duración de tan sólo seis meses.

Este martes el precio del gas cotizaba en Mibgas (península ibérica) a casi 80 euros/MWh, por lo que el tope acordado con Bruselas permitirá rebajar el precio de la luz a unos 120-140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh fijados en las últimas subastas. Según recordó la vicepresidenta, en España el 40% de los hogares y entre el 70% y 80% de la industria están vinculados al precio de mercado mayorista, por lo que esta rebaja les afectará directamente.

Ahora, el Gobierno debe pulir los detalles para la tramitación de esta medida en el próximo Consejo de ministros, con el objetivo de recibir la notificación formal del Ejecutivo comunitario. Según Ribera, este acuerdo alcanzado hoy comenzará a repercutir en el abaratamiento de las facturas que pagan los consumidores ya en el mes de mayo.

En la pasada cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del día 25 de marzo, el resto de las cancillerías europeas dieron su apoyo a un tratamiento específico para la Península Ibérica, debido a que la falta de interconexiones con Francia –no llega al 3% del total–, hace que el gas sea difícil de transportar y, por lo tanto, este mecanismo compensatorio no amenaza la libre competencia en el mercado único. Según ha explicado Ribera, al pacto alcanzado con el Ejecutivo comunitario contempla que el consumidor francés acabe pagando los mismo que los españoles y portugueses, con el objetivo de no introducir limitaciones adicionales en la frontera. A cambio de esto, Bruselas se ha comprometido a un mayor impulso de las interconexiones con Francia, uno de los grandes talones de Aquiles de la Península Ibérica, considerada una isla energética.

Los objetivos del Ejecutivo comunitario establecían alcanzar el 10% para 2020 y el 15% para 2030. De esta forma, España y Portugal han conseguido una solución «ad hoc», debido a la negativa frontal del club comunitario en imponer un límite común de todos los países europeos al precio del gas. Una posibilidad que los países del Norte definen con cierta sorna como «Fondo Gazprom», ya que podría conllevar la utilización de dinero público para acabar financiando al gigante energético ruso en plena guerra con Ucrania.

Aunque desde hace meses España llevaba batallando para una reforma global del sistema de fijación de precios, la UE se ha resistido hasta el momento como gato panza arriba a imponer medidas de alcance como cambiar el mecanismo marginalista de fijación de precios, por el que las tarifas de todas las fuentes de energía –incluidas las renovables y nucleares– quedan alineadas con las del gas, aunque su producción sea más barata. A finales de marzo, el Ejecutivo comunitario también abrió la puerta a utilizar estos ingresos extra, los denominados «beneficios caídos del cielo» para imponer un impuesto extraordinario a las eléctricas con el objetivo de utilizar este dinero para ayudar a los colectivos más castigados por la subida desorbitada del gas.

Este es un cambio importante ya que, hasta el momento, el Ejecutivo comunitario era partidario de utilizar estos ingresos para aumentar las inversiones en fuentes de energía renovables y acelerar el cambio de paradigma europeo de menor dependencia de los combustibles fósiles. La guerra en Ucrania ha acelerado el debate sobre esto último, ya que la UE tan sólo produce un 10% del gas que consume y del 90% restante, un 40% proviene de Rusia. Precisamente, esta alta dependencia y sus diferencias entre países está agujereando la unidad europea frente a las sanciones contra Moscú.