Los inspectores de Trabajo amenazan con endurecer las huelgas

La falta de compromiso e "incoherencia" por parte del Gobierno y las mejoras laborales que parecen no llegar, vuelven a movilizar a los inspectores de Trabajo, los cuales saldrán a la calle una tercera vez el próximo 22 de febrero con una huelga total en el organismo.

Los sindicatos de Inspección de Trabajo -CC OO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess- han advertido este miércoles en una rueda de prensa que el organismo está en "colapso" y necesita ser mejorado para que se pueda llevar a cabo un trabajo "digno y de calidad". Además, han asegurado que el organismo está funcionando por "voluntad" de los trabajadores, con jornadas laborales "insoportables" -teniendo que trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos-, "a costa de la salud y seguridad" de su plantilla.

Por tanto, en el caso de que el Gobierno no cumpla con el acuerdo que suscribió con ellos en julio de 2021, los sindicatos barajan la posibilidad de realizar paros parciales continuos que pongan de manifiesto la sensación de conflicto "todos los días" y "endurecer" los esquemas de huelga, incluso llegando a la paralización total de la Inspección de Trabajo.

"El acuerdo se tiene que cumplir íntegramente, sino no tiene sentido, ya que contempla unas condiciones a mínimos. No es un capricho, sino que responde a una situación crítica del ámbito de Inspección de Trabajo", han explicado fuentes sindicales.

En este contexto, el representante de CCOO, Josetxo Gándaraja, ha apuntado que es necesaria la incorporación "inmediata" de 500 efectivos y la dignificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que el organismo se encuentra regulado por una que data hace ya 20 años, siendo necesaria una "modernización" adaptada a "los nuevos tiempos". La Inspección de Trabajo está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, los cuales deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social para "exigir y perseguir" el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, en el caso de que este problema no se solvente, este podría poner en peligro el "nivel de competencia" del organismo.

Asimismo, todos los sindicatos han criticado que Trabajo, que firmó el acuerdo en 2021, traslade la responsabilidad de que dicho acuerdo no se haga realidad a Función Pública, y han expresado el "temor" de que este departamento finalmente apruebe un texto y una RPT diferente a la que contemplaba el pacto o con una "modificación sustancial" que no dé respuesta a la problemática planteada.

No obstante, esto no se quedará en simples protestas, sino que este colectivo irá un paso más allá y los sindicatos denunciarán al Gobierno ante la Comisión Europea por incumplir los acuerdos alcanzados y "vulnerar" la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva.