Montero bloquea el SMI desde Hacienda al negarse a actualizar los contratos públicos

Un nuevo desencuentro en el Gobierno ha impedido que los casi tres millones de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y los decenas de miles de empresarios que los tienen contratados sepan la cantidad final que se aplicará en 2024. Pese a las diferencias evidentes entre patronal y sindicatos sobre cuál debería ser ese incremento, la causa principal de esta falta de acuerdo no está dentro del diálogo social, sino en el seno del Ejecutivo.

Yolanda Díaz no ha tenido más remedio que prorrogar el vigente SMI de 1.080 euros en 14 pagas y apuntarse una derrota al no poder presentar hoy en el Consejo de Ministros el real decreto que actualizaría el sueldo básico, si no un cambio de ultimísima hora.

La razón hay que buscarla en la negativa por parte de Hacienda de revisar las tarifas de las contrataciones públicas, una de las líneas rojas marcadas por la CEOE, que puso sobre la mesa como condición «irrenunciable» que se actualizaran los contratos administrativos al mismo nivel que el incremento salarial al elevarse los costes laborales de las empresas adjudicatarias tras casi una década sin que se hayan renovado.

Fuentes de la negociación confirmaron a LA RAZÓN que Hacienda había recibido la petición de Díaz para que esos contratos tengan una renovación de sus tarifas, pero la ministra María Jesús Montero había vetado personalmente esa posibilidad, ya que no quiere que ese gasto adicional que supondrían estas nuevas tarifas impidan cumplir con las reglas fiscales impuestas desde Bruselas, que entrarán en vigor el 1 de enero, con un tope del 3% en 2024. «No tiene sentido que la subida del salario mínimo sea costa de las Administraciones Públicas ni de la recaudación de los españoles», defendió Montero hace unos días, cuando ya dejó clara su postura, refrendada ayer.

Esta decisión ha impedido que Díaz, tirara por la calle de enmedio como hizo en la última subida del SMI –que elevó de manera unilateral sin contar con el apoyo de los empresarios–y prefiriera esperar para que haya un acuerdo de todas las partes para firmar un incremento consensuado.

Por tanto, el problema no es tanto la falta de acuerdo en el seno del diálogo social. Pese a que la patronal considera excesiva la propuesta del Ministerio de Trabajo de revalorizar esta referencia un 4% –aunque su proposición está muy cercana a esa posición: un 3% más un punto adicional si se cierra el año con un IPC por encima de ese porcentaje–, y los sindicatos la creen insuficiente y exigían que subiera por encima de 5%, ambas partes habían decidido quedarse en el medio de ambas cifras, como había propuesto la propia Díaz, además de compartir junto con la propia ministra que el Ejecutivo debía elevar sus tarifas en el mismo porcentaje. Pero la negativa de Montero ha dinamitado un acuerdo que parecía cerrado.

La CEOE ha reclamado infinidad de veces que el incremento del SMI debe ir acompañado de una subida similar del importe de los contratos públicos, para compensar el incremento de costes de las empresas. «No puede ser que el SMI haya subido casi un 47% mientras la cuantía de los contratos lo haya hecho cero. Si el Gobierno pretende que los empresarios paguen más a sus trabajadores, tendrán que poner también de su parte, no solo lo tienen que hacer siempre los empresarios», explicaron fuentes empresariales. Si finalmente el SMI subiera otro 4% los costes rozarían ya el 52% en apenas cuatro años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido sin cambios la cuantía en los contratos públicos desde la reforma de Cristóbal Montoro de 2015 –sólo con una mínima revisión en 2017–. La revisión extraordinaria de precios que se llevó a cabo en 2022 abordaba la posibilidad de actualización como consecuencia de la inflación, pero sólo admitía la «revisión excepcional» en contratos de obras en ejecución y «cuando el incremento del coste de los materiales empleados tuviera un impacto directo y relevante en la economía del contrato». De momento, la consecuencia directa es que el número de licitaciones desiertas en todos los tipos contractuales se incrementaron en 2022 en un 34%, mientras en el caso de los contratos de obras lo hicieron un 140%.

Los empresarios también han denunciado que la subida de cotizaciones en más de un 40% de las bases mínimas de cotización y de un 20% de las bases máximas, sumado al incremento exponencial del SMI, ha disparado los costes laborales empresariales, que han registrado un crecimiento del 6% anual, «lastrando la competitividad con respecto al resto de países», denuncian desde Cepyme, que apunta que el SMI en España es el más caro de toda Europa, superando el 50% del salario medio, «algo que únicamente pasa en Grecia».