La nueva picaresca del siglo XXI: el absentismo laboral

Según los últimos datos de asociaciones empresariales y mutuas laborales, el absentismo en España se sitúa en niveles récord: más del 7% de los trabajadores faltan cada día, lo que equivale a más de un millón de personas ausentes de forma simultánea. Si se suman los días perdidos, el resultado es demoledor: el país pierde el equivalente a más de 1,2 millones de empleos anuales en horas no trabajadas.

El coste directo para las empresas supera los 25.000 millones de euros al año, sin contar el daño colateral sobre la productividad, los retrasos, las horas extras o las sustituciones. En un país donde la competitividad ya sufre por las rigideces laborales, la inflación persistente y una presión fiscal creciente, esta sangría se convierte en un factor de empobrecimiento nacional.

Nadie niega que un trabajador enfermo o con una situación familiar grave deba poder ausentarse. Pero una cosa es el derecho legítimo, y otra, muy distinta, la cultura del escaqueo institucionalizado.

"Una sociedad que normaliza el «vivir del cuento» o el «si cuela, cuela» se aleja de la prosperidad"

Hay quien convierte una leve molestia en una baja de dos semanas, quien aprovecha un puente o un partido de fútbol para alargar «casualmente» su convalecencia, quien logra que le den la baja por algún motivo por no querer cumplir con las obligaciones laborales de su puesto de trabajo, y quien considera el trabajo como una carga que debe esquivar en cuanto la ley lo permita.

Esa picaresca –disfrazada de derecho social– acaba minando la confianza entre empresa y empleado, y genera un entorno de sospecha que perjudica a todos. El trabajador honesto se siente agraviado; el empresario impotente y el sistema inviable.

Cada día de ausencia injustificada es una fractura en la cadena productiva. Las pymes, que son el 99% del tejido empresarial, no pueden simplemente «sustituir» a quien falta: deben redistribuir tareas, pagar horas extras, reducir servicios o perder clientes.

El resultado no es solo económico, sino moral: se desincentiva el esfuerzo, se premia la desidia y se degrada el valor social del trabajo. Mientras tanto, los países más competitivos de Europa –Alemania, Países Bajos, Dinamarca– presentan tasas de absentismo sensiblemente menores y una ética laboral que considera el trabajo como un compromiso, no como un inconveniente.

El problema se agrava porque desde los poderes públicos no solo no se combate el absentismo, sino que se incentiva. En lugar de promover una cultura del esfuerzo, se aprueban medidas que aumentan los días de permiso, reducen los controles médicos y convierten el puesto de trabajo en un espacio de derechos infinitos y responsabilidades mínimas.

Cuando el Ministerio de Trabajo celebra cada ampliación de permisos retribuidos sin analizar su impacto en la productividad, está sembrando el terreno para una economía menos dinámica, menos competitiva y más dependiente de subvenciones. Es la política del buenismo costoso: se da una imagen compasiva, pero se destruyen las bases del crecimiento.

Más allá de la estadística, el absentismo refleja una enfermedad moral: la pérdida del valor del trabajo como elemento de dignidad y progreso personal. En España, demasiadas veces se confunde el bienestar con la ausencia de esfuerzo, y la justicia social con la complacencia. Una sociedad que normaliza el «vivir del cuento» o el «si cuela, cuela», se aleja de la prosperidad. Ninguna economía sostenible puede construirse sobre la trampa, el simulacro y la renuncia a la responsabilidad individual. El trabajador que abusa del sistema daña tanto como el político que lo ampara.

A menudo se culpa al empresario de precariedad o de rigidez, pero rara vez se recuerda que las empresas soportan el coste del absentismo sin herramientas eficaces para prevenirlo o corregirlo. Cuando un empleado encadena bajas médicas dudosas, el empresario no puede sustituirlo sin riesgo de sanción, ni despedirlo sin un laberinto judicial. Resultado: pagar dos sueldos (al sustituido y al sustituto), asumir la carga fiscal completa y soportar la pérdida de productividad. Es un modelo que castiga al que crea empleo y protege al que lo desprecia.

España necesita una nueva pedagogía del trabajo, donde el compromiso y la responsabilidad vuelvan a ser virtudes cívicas. Las leyes deben proteger al trabajador, sí, pero también al empleador. Combatir el absentismo no es «ir contra los derechos», sino defender el derecho de todos a trabajar en una economía viable.

Se requiere una política laboral que premie la puntualidad, la constancia y la honestidad, y que sancione con rigor los abusos, no con tibieza. La prosperidad de un país no se construye con discursos ni subsidios, sino con millones de personas que cada mañana cumplen con su deber.