El PP pretende evitar el cierre de Almaraz tras las elecciones

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo recupera el debate energético, muy relegado en anteriores convocatorias electorales, como consecuencia de un final de legislatura marcado por los altos precios de los combustibles y la energía, disparados como consecuencia de la transición verde y la invasión rusa de Ucrania.

Y lo hace sin complejos, con una apuesta por la nuclear opuesta a la planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, bajo cuyas directrices se aprobó el plan de cierre de las siete centrales aún operativas, que aportaron el 20% de la electricidad de España en 2022 con menos del 6% de la capacidad eléctrica instalada.

El PP considera clave a la nuclear no sólo para el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico durante la transición energética sino una fuente clave de la misma, ya que genera el 31,7% del total de la energía libre de emisiones de CO2 de la forma más efectiva, puesto que produce casi cuatro veces más electricidad que la media de las demás tecnologías porque los reactores están funcionando el 90% de las horas del año al 100% de potencia.

El PP considera precipitado prescindir en 2027 de Almaraz I (8,7 GWh de generación bruta en 2022) y del segundo reactor en 2028 (7.916 GWh), ya que esto supondría eliminar en cinco años más del 6,5% de la energía eléctrica consumida en el país y el 30% del total de la producción nuclear en España.

Para 2035, en poco más de un decenio, España cerraría los últimos reactores pese a que, según defienden los propietarios de las centrales, estas podrían operar muchos más años.

"Superpotencia energética"

En su programa, Feijóo apuesta por un gran pacto nacional que convierta a España en una «superpotencia» energética volcada hacia los recursos renovables, pero capaz de lograr un «mix energético equilibrado» que garantice «una energía barata».

Y para ello (medida 114) apuesta, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, por «la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea». Una medida que debería implementarse de inmediato ya que, según recuerdan desde el sector nuclear, «son necesarios cuatro años para hacer la provisión de combustible» antes de llegar a un punto de no retorno que fuerce una parada, aunque sea temporal.

Feijóo pretende, con este gesto, avalado por las grandes propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa y Naturgy) dar un giro a la política energética que acabe con la inseguridad regulatoria y el intervencionismo del mercado.

En este sentido, la medida 112 de su programa apuesta por «desbloquear el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables». Para ello, se propone introducir una «tasa por hito» para que, con cargo al promotor del proyecto, se financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático que se vive actualmente y que ha forzado a la ministra Ribera a «indultar» a unos 400 proyectos cuyo plazo expiraba este 25 de julio. También se apuesta por el fomento del almacenamiento de energía renovable con un mecanismo de capacidad.