
Trabajadores autónomos
¿Qué es deflactar el IRPF? La gran crítica que los autónomos hacen a la Administración sobre la regulación de la cuota
Este factor no se tiene en cuenta y puede llegar a suponer un inconveniente en los ingresos del trabajador por cuenta propia al no tener en cuenta la inflación

El sistema de cotización para autónomos ha vuelto a colocar al colectivo en el centro del debate político y económico. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado un borrador que contempla una subida progresiva de las cuotas mensuales para 2026 en función de los rendimientos netos. Esta propuesta, que ya ha generado fuertes críticas por parte de asociaciones como ATA, plantea aumentos que oscilan entre los 17 y los 206 euros mensuales. Una medida que, según el Gobierno, busca adecuar el sistema a los ingresos reales, pero que muchos consideran un golpe directo a la sostenibilidad del trabajo autónomo.
El planteamiento más controvertido afecta a los trabajadores con rendimientos más bajos. Según el documento presentado, quienes ingresan por debajo de los 670 euros al mes deberán pagar una cuota mensual de 217 euros a partir del año 2026. Para buena parte del colectivo, esto supone una presión fiscal desproporcionada que dificulta aún más la viabilidad de miles de pequeños negocios y profesionales por cuenta propia. Las críticas apuntan a que se trata de una estrategia recaudatoria encubierta que ignora las circunstancias reales de muchos autónomos en un contexto económico marcado por la inflación y la incertidumbre.
Asimismo, esta subida se produce en un momento en el que el poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta propia ya se encuentra mermado por el encarecimiento general de la vida. La escalada de precios en sectores como la energía, los alquileres o los suministros básicos ha obligado a muchos a ajustar sus tarifas. Sin embargo, lejos de obtener beneficios, este incremento de ingresos nominales los empuja a pagar más impuestos, agravando aún más su situación. Y aquí es donde cobra especial relevancia el concepto de deflactar el IRPF, una demanda que lleva años en el aire y que, sin embargo, sigue sin ser atendida por el Gobierno central.
¿Qué es deflactar el IRPF y cómo repercute?
Deflactar el IRPF significa adaptar los tramos de este impuesto a la evolución de la inflación. Se trata de una medida fiscal que busca evitar que los contribuyentes, entre ellos los autónomos, terminen pagando más impuestos simplemente por subir precios en un contexto inflacionario. En otras palabras, si el IPC sube un 3% y un profesional ajusta sus tarifas en esa misma proporción, sus ingresos brutos aumentarán, pero su capacidad económica real no. Pese a ello, Hacienda considerará que gana más y le aplicará un tipo impositivo más alto si supera el límite de su tramo actual.
Este desajuste provoca que muchos trabajadores por cuenta propia tributen más sin haber mejorado realmente su situación económica. Se trata de una distorsión reconocida por expertos fiscales y asociaciones profesionales, que señalan cómo el sistema castiga indirectamente a quienes tratan de adaptarse al aumento de costes. La crítica no es nueva, pero sí constante. Hacienda, pese a conocer el efecto perverso de la inflación sobre los tramos del IRPF, no ha actualizado la tarifa estatal ni ha tomado medidas para corregir este problema. Esa inacción se convierte en un obstáculo estructural para miles de autónomos.
Los autónomos critican la inacción del Gobierno
Ante esta falta de respuesta desde el Gobierno central, algunas comunidades autónomas han empezado a deflactar la parte del IRPF que gestionan. Esta decisión ha generado una nueva desigualdad territorial, ya que el tratamiento fiscal que recibe un autónomo depende ahora de la región en la que reside. Mientras en algunas comunidades se aplica una corrección de los tramos para proteger al contribuyente de la inflación, en otras se mantiene el sistema sin cambios, lo que profundiza las diferencias entre territorios. Para los afectados, esta situación resulta injusta y agrava aún más la ya compleja relación entre el colectivo y la administración.
La principal denuncia de los autónomos apunta a una doble penalización. Por un lado, se les exige pagar cuotas más altas en función de ingresos que muchas veces no reflejan beneficios reales. Por otro, se les aplica un IRPF que no tiene en cuenta el impacto de la inflación, lo que termina reduciendo aún más su margen económico. En este contexto, la demanda de una deflactación general del IRPF se convierte en una petición de justicia fiscal y de coherencia con la realidad económica. Mientras no se aborde este problema de forma integral, los autónomos seguirán viéndose atrapados entre precios que suben, cuotas que aumentan y una tributación que no se ajusta a la realidad.
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