Repsol insiste: o hay seguridad jurídica, o se llevará 1.500 millones de inversiones para hidrógeno de España

Repsol ha vuelto hoy jueves a levantar la voz contra el impuesto a las energéticas. Durante unas jornadas sobre hidrógeno, el presidente de la compañía energética, Antonio Brufau, ha insistido en que si no hay seguridad jurídica, la compañía se planteará llevarse fuera de España inversiones por valor de 1.500 millones de euros que tiene proyectadas para esta tecnología. "Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán", ha subrayado Brufau, según declaraciones recogidas por Efe.

El directivo ha disparado directamente contra el impuesto extraordinario a las energéticas que PSOE y Sumar han acordado prorrogar en su programa de gobierno como uno de los responsables de esta inseguridad. "Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia", ha agregado Brufau, que ha explicado que no se trata de proyectos a corto plazo, sino que son inversiones a medio y largo plazo que requieren madurez.

Durante su intervención, el presidente de Repsol ha tachado de "incomprensible" que en España se quiera mantener para las energéticas españolas un gravamen transitorio basado en "hipotéticos" beneficios extraordinarios (gravamen que ya han quitado todos los países). "Los costes a los que el Gobierno somete a sus empresas las coloca en clara desventaja competitiva", por lo que ha insistido en pedir estabilidad, políticas sensatas e incentivos claros para que todo el talento se quede en España y el hidrógeno sea un vector de crecimiento.

Advertencia

Repsol ya advirtió a finales de octubre, tras la presentación de sus resultados, de que si el impuesto extraordinario a las energéticas se convertía en permanente, podría condicionar sus futuras inversiones en España. "La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. En consecuencia, la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", aseguró entonces.

Sólo unos días después, el presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, aseguró que la ubicación de la planta industrial para producir a gran escala combustible sintético también está en «stand-by» por la ausencia de un marco jurídico «previsible» en España.

La compañía tiene proyectado construir una ecoplanta en Tarragona, así como sendos electrolizadores en Cartagena y Bilbao de 100 megavatios (MW) de potencia y otro más grande en Tarragona de 150 MW. Un ramillete de proyectos que requerirán una inversión de alrededor de unos 1.450 millones de euros.