Sánchez recupera el Ministerio de Vivienda para impulsar 183.000 pisos públicos y frenar los alquileres

Trece años después, una materia que el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha considerado estratégica en su acción de gobierno, la de vivienda, volverá a contar con un ministerio. Isabel Rodríguez, hasta ahora portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, será la encargada de dirigir la nueva cartera de Vivienda y Agenda Urbana que se desgaja así del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

A pesar de la relevancia que el Ejecutivo de coalición otorgó a la vivienda en la pasada legislatura, la política estatal de vivienda estaba encuadrada en una secretaría de Estado. Ahora, y después de su supresión en 2010, vivienda volverá a contar con un ministerio propio para afrontar los importantes desafíos que tiene por delante.

El más inmediato, por calendario, tiene que ver con la Ley de Vivienda aprobada en mayo, en la recta final de la pasada legislatura. Desde el Gobierno se ha transmitido su intención de tener listo en meses el índice de precios de referencia necesario para que las comunidades autónomas que lo deseen soliciten la condición de área de precios tensionados para aquellos lugares en los que los precios hayan subido por encima de lo que se considera normal según varios criterios que marca la norma. Este índice servirá de guía para limitar los precios del alquiler que puedan aplicar los grandes tenedores.

Tener el índice no será, en cualquier caso, el principal escollo al que se enfrentará el nuevo departamento de Rodríguez con esta ley. Más hercúleo será el trabajo que tenga que realizar para convencer a las comunidades del PP de aplicar una norma que ya han manifestado no aplicarán, lo que la dejará sin efecto en gran parte de España. Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Baleares, Extremadura, Murcia y La Rioja, todas regiones gobernadas por el PP, ya han manifestado su intención de ignorar la ley.

La norma también cuenta con la oposición del sector, que asegura que contribuirá a limitar la oferta y encarecer más los precios, dificultando el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes. Para ayudar a encontrar vivienda a este grupo de población, el Gobierno se ha comprometido a desarrollar la nueva línea de 2.500 millones de ayudas a menores de 35 años mediante un sistema de avales del 20% de la hipoteca.

Las comunidades del PP y el sector ya han expresado su rechazo a la Ley de Vivienda

En este nuevo mandato también es intención del Ejecutivo consolidar el Bono Alquiler Joven como una medida a largo plazo, ampliando su financiación, así como habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible con la ayuda de la Sareb y terrenos del Ministerio de Defensa, un primer paso hacia un objetivo más ambicioso y también, según el sector, cuasi inalcanzable. El Gobierno de Sánchez se marcó como meta incrementar el parque de vivienda pública hasta el 20% del total existente en un plazo de veinte años.Un cálculo de Esade estima que, para alcanzar este objetivo, se deberían construir anualmente tantas viviendas de este tipo como las que hay ahora mismo, unas 290.000 unidades.

Al futuro Ministerio de Vivienda también le quedó pendiente para el próximo 1 de enero lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Igualmente, estará encargado de revisar la regulación de los alquileres turísticos en zonas tensionadas.