Uatae mintió y solo devolvió el dinero de una presunta subvención irregular tras un requerimiento de Trabajo

La sombra de la sospecha se agranda para Uatae, la asociación de autónomos ligada a Sumar y a Conpymes, que ha vuelto a quedar en entredicho tras comprobar este periódico que su secretaria general, María José Landaburu, mintió cuando afirmó que desde el primer momento que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en la subvención recibida del Ministerio de Trabajo en 2021 devolvió de forma voluntaria las cantidades cobradas de forma fraudulenta más los intereses correspondientes, que aseguró fueron del 25%. Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN rebate esa afirmación, ya que la asociación no retornó cantidad alguna hasta que recibió el requerimiento oficial por parte del Departamento de Yolanda Díaz.

La investigación ministerial se había iniciado el pasado verano, una vez que la asociación ATA presentara alegaciones sobre las supuestas irregularidades en la contabilización de la plantilla de Uatae, que engordó ilegalmente con empleados de las asociaciones empresariales, Pimec y Pimem –algo prohibido por la legalidad– para cobrar un mayor importe y ganar presencia institucional.

Así, Uatae tuvo ya conocimiento oficial de las investigaciones de los inspectores de Trabajo a principios de julio, máxime cuando este periódico lo adelantó en exclusiva el día 10 de ese mes. El día 21 todavía no había realizado transferencia alguna a las arcas públicas, por lo que Trabajo envió un requerimiento oficial a Uatae para que realizara «dicho reintegro de la subvención», fundamentado en que había obtenido la subvención «falseando las condiciones requeridas para ello», según el comunicado ministerial. Fue a partir de este momento, en el que la asociación de Sumar decidió devolver la cantidad extra recibida, 266.000 euros, la cantidad que se le habría concedido en perjuicio patrimonial, tanto de la Administración Pública como del resto de asociaciones de autónomos.

Una semana después, el Ministerio decidió elevar el caso a la Fiscalía. Por ello, el Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid ha imputado a las asociaciones implicadas por falsedad documental y fraude en subvenciones en 2021, aunque ya hay abierta una nueva investigación ministerial por el mismo modus operandi en el ejercicio 2020.