Vuelva usted mañana: la burocracia lastra a España con retrasos de hasta cuatro años

El exceso de burocracia amenaza con paralizar la modernización de España. Los retrasos acumulados no sólo afectan a las pequeñas obras públicas o desarrollos locales, sino que están lastrando procesos de los que depende el futuro de toda la economía, como el mayor despliegue de las energías renovables o la electrificación del transporte, tanto ligero como de mercancías. Los plazos en la concesión de las autorizaciones triplican en la mayoría de las ocasiones el límite legal, pero los plazos reales pueden incluso llegar a multiplicarse hasta por diez en algunas fases, como en la publicación de la resolución del trámite en el BOE correspondiente, según denuncia la Alianza por la Competitividad de la Industria Española tras un estudio realizado en función las respuestas de 145 empresas de nueve sectores industriales.

En el caso de los informes de impacto ambiental, claves para el desarrollo de los proyectos energéticos, entre otros, aunque el plazo para la autorización de los mismos no se detalle en la normativa, la formulación se limita a tres meses y la demora de la autorización es de casi siete veces el plazo.

En general, casi todos los procesos administrativos se van de margen. En el caso de las licencias urbanísticas, el plazo legal está en tres meses, pero acumulan un retraso medio de 4,9 meses pues se van hasta los 7,9 meses, según la encuesta realizada por la Alianza, que engloba a las patronales de sectores industriales estratégicos que representan el 55% del PIB, como Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).

En el caso de la licencia de actividad –que permite el arranque de la misma–, aunque el plazo legal es de 6 meses, el real es casi el triple (17,8 meses), acumulando un retraso de 11,8 meses. Peor aún es la situación en el caso de las licencias de actividad por modificación sustancial que, con el mismo plazo legal de 6 meses, se van hasta los casi dos años (19,3 meses), un retraso de más de un año.

Los trámites de subsanación tienen un plazo legal de 10 días que se multiplican casi por nueve, hasta los 88,6 días, dos meses y medio por encima de lo previsto para un proceso requerido por la administración para aportar documentación adicional o subsanar deficiencias iniciales.

Más engorrosos son aún los trámites ambientales. La autorización del informe de impacto ambiental (IIA) la otorga el organismo ambiental correspondiente tras evaluar si el proyecto no tiene impacto, no pueden determinarse efectos adversos o el promotor debe someterse a una evaluación de impacto ordinaria. Este proceso, que no tiene plazos estipulados, se va 21,2 meses de media.

Por su parte, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) es una figura de intervención administrativa para las instalaciones que pudieran contaminar. Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia exigible, y es de carácter vinculante para todo lo relativo al entramado ambiental. En este caso sí existe un plazo, de 6 meses, que se incumple sistemáticamente, según denuncian las empresas industriales españolas, que se demora hasta los 21,1 meses.

Cuando el promotor cree que su «vía crucis» ha concluido, aparece la autorización de la declaración de impacto ambiental (DIA), un informe que resulta determinante para cualquier proyecto que requiera una Evaluación de Impacto Ambiental.

Se trata de un proceso farragoso, que tampoco tiene un plazo concreto, y que pasa por las fases anteriores. En primer lugar, en una evaluación ordinaria el promotor del proyecto se somete a un estudio de impacto ambiental. Posteriormente, el órgano sustantivo somete el estudio ambiental a un proceso de información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas, y personas interesadas. La declaración de impacto es el informe con el que concluye la evaluación y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto. En este caso, la media de esta autorización es de más de dos años (26,3 meses).

Superados todos estos obstáculos llega la publicación en el BOE, que debería tardar 10 días, según los plazos establecidos y que se prolonga hasta los 104,7 días de media.

Cuellos de botella

Estos retrasos están generando auténticos cuellos de botella que, como en el reciente caso de centenares de proyectos renovables, han tenido que ser «indultados» por la administración, ya que sus plazos de tramitación expiraban el día 25 de este mes y debían volver a la casilla de salida y reiniciar todo el papeleo de años. En este caso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprobó a finales de junio una prórroga de 6 meses para que más de 380 desarrollos renovables obtengan la autorización de construcción pertinente tras recibir la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. La inmensa mayoría de estos proyectos eran fotovoltaicos.

El Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña, integrado por las principales patronales y organizaciones del ramo, acaba de alertar de que los retrasos en la tramitación de los procesos «favorecen el desistimiento de los promotores». En total, según ha denunciado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha exige a las administraciones que reduzcan la burocracia, hay proyectos que acumulan retrasos de cuatro años. Esto puede costar caro no sólo por la pérdida de inversiones, de pulso industrial y de desarrollo de proyectos necesarios para la economía, sino porque podría derivar en un alud de demandas.

El nuevo Gobierno tendrá que correr para acabar con este lastre, puesto que el último Plan de Energía y Clima remitido por España a Bruselas se marca un meteórico desarrollo de energías verdes que impone, para su consecución en 2030, una inversión de casi 300.000 millones de euros, muy por encima de los 220.000 millones contenidos en el anterior PNIEC. En concreto, 294.000 millones de euros, de los cuáles un 85% provendrá del sector privado. Si se supera el atasco administrativo.

En siete años, de los 214 gigavatios de potencia eléctrica en España (160 GW en el anterior plan), 160 GW deberían de ser renovables y 22 GW adicionales estarán almacenados. Para lograrlo se necesita un ingente desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos, donde, como denuncian las patronales, los retrasos son de entre dos y cuatro años.

Fondos europeos

En el caso del reparto de los fondos europeos –70.000 millones en subvenciones hasta 2026– al exceso de burocracia, se une la falta de transparencia y un reparto desequilibrado. Ese es el complicado panorama que presentan los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación (PRTR) que han llegado hasta el momento a las manos del Gobierno de Sánchez, que asegura que el 90% de los fondos aprobados desde Bruselas se han asignado.

Pero comprometidos no significa que realmente lleguen a empresas y familias. La resolución «sigue siendo lenta y el nivel de adjudicación genera remanentes que habrá que redistribuir, cuando cada vez queda menos tiempo para poder hacerlo», según el último «Observatorio NextGen» de Llorente y Cuenca, que determina que en el primer trimestre de 2023 se han comprometido 7.756 millones adicionales, lo que representa un 27% de lo presupuestado para este año.