El victimismo, como argumento político

No debería tratarse como una cuestión menor, fruto del calor del debate parlamentario, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya vinculado una resolución del Tribunal Constitucional contraria a sus intereses con unos supuestos «poderes ocultos» que, en el imaginario de esta izquierda, acompañan a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, cuando la prosaica realidad es que la oposición parlamentaria ha actuado, con los instrumentos que le proporciona el estado de derecho, para impedir lo que la propia letrada de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta calificaba de «maniobra antijurídica».

Que al inquilino de La Moncloa le haya contrariado la decisión del Tribunal de Garantías es completamente lógico, más aún si tenemos en cuenta el exigente calendario legislativo que se ha autoimpuesto el Ejecutivo que preside con la mira puesta en las cercanas elecciones municipales y autonómicas, pero, dado el juego de mayorías existente, parece fuera de lugar ese recurso al victimismo que impregna todas las intervenciones gubernamentales, como si una conspiración fantasmal buscara, nada menos, que la destrucción de la democracia española con la complicidad de unos jueces con el mandato «caducado».

Es tal la enormidad de la queja, tal su reiteración en el tiempo, que se corre el riesgo de que la opinión pública pierda la perspectiva de lo que está ocurriendo y se deje deslumbrar por un lenguaje que pervierte conceptos básicos de la dinámica política de cualquier democracia. Valga como ejemplo, la insistencia en el término «caducados», cuando la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece, por razones que no creemos que sea necesario explicar, que, en caso de que se retrase la renovación de sus magistrados, éstos verán obligatoriamente prorrogado su mandato.

No hay, pues, recorte de derechos alguno, sólo, hay que insistir en ello, una mayoría de ánimo más conservador en el TC que al Gobierno de coalición no le gusta o no le conviene y que pretende sustituir por una mayoría de ánimo izquierdista, que, en su experiencia, blindará su labor legislativa, desde las reformas del Código Penal que actúan a modo de amnistía encubierta de los autores del golpe independentista en Cataluña, hasta las leyes que apuntalan sus políticas de ingeniería social, bastante alejadas de la percepción del común de los españoles.

No es cuestión de entrar en la supuesta eficacia del argumento de la queja, –aunque el propio CIS de Tezanos apunta a la pérdida de apoyos electorales del PSOE–, pero sí hay que reconocer que, al menos, sirve de muleta al presidente del Gobierno a la hora de defender sus acuerdos parlamentarios con los socios nacionalistas. Porque no es que Sánchez se haya desdicho de sus promesas electorales, es que Alberto Núñez Feijóo, el PP y los jueces, con apoyos ocultos, quieren acabar con la democracia.