El virus de Moncloa

En un gobierno de coalición, si hay voluntad de que las cosas funcionen, los socios tienen que flexibilizar sus posiciones y evitar los conflictos que puedan surgir. Eso es lo esperable y lo exigible en una circunstancia como la actual. Sin embargo, hay un límite en todo, que es el principio de contradicción.

Ya fue sorprendente el acuerdo con abrazo incluido entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a las 48 horas de acabar la campaña electoral en la que se habían atacado con todas las armas que tenían a su alcance, incluidas algunas poco elegantes.

Se hacía oficial que Iglesias olvidaba las acusaciones de inexperiencia y radicalidad que le hacía perder el sueño a Sánchez y que, este, daba por olvidado que para el podemista el PSOE representaba la peor de las castas del establishment y otras barbaridades propias del calor de una refriega callejera, pero que constan en el diario de sesiones.

Todo el mundo entendió que ambos líderes se habían asustado por la pérdida de votos que había acusado la izquierda política y el ascenso de la extrema derecha. De esta manera abrían la puerta a lo que todos conocemos.

Tampoco es que la derecha sea muy consecuente con la hemeroteca. De Pablo Casado circuló un vídeo en el que exigía el apoyo del PSOE a Mariano Rajoy en el 2016, afirmando que si la circunstancia fuese inversa, el PP no dudaría en abstenerse, o el ridículo de Albert Rivera, que había negado el pan y la sal al PSOE, asegurando que después del 10N, apoyaría, si era necesario, una investidura socialista.

Estas cosas ocurren porque las élites políticas creen que la incongruencia es gratis en términos electorales. Sin embargo, los ciudadanos que, aparentemente, permanecen anestesiados ante las contradicciones y cambios de posición motivados por el interés personal de cada momento, es posible que no lo traduzcan cuantitativamente de momento, pero si lo hacen cualitativamente, mermando cada vez más el crédito de los dirigentes políticos.

El último capítulo ha sido a cuenta de Dolores Delgado y su nombramiento como Fiscal General del Estado, y el que se ha lucido es Pablo Iglesias, que ha pasado de pedir la dimisión de la ministra de justicia por estar “contaminada” con el asunto Villarejo y las cloacas del Estado a emplearse a fondo en defender su nombramiento.

En esta ocasión quien ha sido fiel a sus palabras ha sido Sánchez, que siempre ha estado en la tesis de que la Fiscalía depende del gobierno.

Es una pena que, últimamente, todo se confunde, algunos atacan que Irene Montero esté en el gobierno, crítica que raya el machismo porque no se cuestiona a Iglesias a pesar de que su organización les ha elegido número uno y dos respectivamente siendo ya pareja, pero obvian las contradicciones que son las que mejor definen la calidad política de los líderes.

Aunque quizá solo sea un virus que afecta a todo aquel que pisa la Moncloa, y eso que Iglesias solo va a ir los martes.