Caos en Moncloa: Los ministros dinamitan su protocolo anticrisis

El Gobierno apenas ha consumido la mitad de los 100 días de gracia que se otorgan a todo Ejecutivo que se estrena en las lides del poder, pero han sido suficientes para sumar un nutrido abanico de polémicas y roces internos que han puesto en jaque la convivencia en la coalición. Pareciera que la oposición está dentro de Moncloa, en lugar de fuera. «Un Gobierno con dos partidos, pero con una sola voz» era la vocación explicitada por Pedro Sánchez tras el primer Consejo de Ministros, una estrategia que se ha frustrado en las últimas semanas. Tras permanecer impasibles ante trágalas como el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General; el mantenimiento de Tezanos al frente del CIS; el estallido del «Delcygate» o avenirse a aplaudir al Rey; la facción morada del Ejecutivo alzó la voz y comenzó a mostrar síntomas de hartazgo. El culmen del enfrentamiento tuvo lugar esta semana a cuenta de la Ley de Libertad Sexual y el último episodio de descoordinación se produjo ayer cuando Moncloa desautorizó a la ministra de Trabajo por inmiscuirse –con una guía propia– en las competencias de Sanidad en la crisis del coronavirus. En los 50 días de cohabitación, PSOE y Podemos han incurrido en hasta seis incumplimientos del protocolo de coordinación que se dieron para convivir en coalición. La comisión de coordinación creada en este documento se reunió tras los primeros roces y, volverá a hacerlo el próximo jueves después de esta semana «horribilis».

Lealtad y estabilidad

El citado protocolo arranca en su punto primero con el compromiso de que la coalición se rija por los «principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto de gobierno progresista». Un apartado que queda en solfa si nos atenemos al tono que ha capitalizado las intervenciones de algunos líderes de Podemos, calificando de «machista frustrado» o «machote» al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por las «excusas técnicas» que puso su ministerio al texto remitido por la ministra de Igualdad del anteproyecto de la ley de Libertad Sexual. En el sector socialista del Ejecutivo sentaron muy mal estas apreciaciones y no dudaron el tildar de «chapuza» el borrador de Irene Montero. El cruce de reproches ha empañado la presentación de una iniciativa que ambos partidos querían rentabilizar en la víspera del 8-M.

Diálogo en temas de Estado

Otra cuestión que ha tensionado las costuras de la coalición ha sido la adhesión de los morados al impulso de una comisión de investigación sobre sobrelas «presuntas actividades corruptas» del rey Juan Carlos. Los socialistas rechazan esta iniciativa y se opondrán a ella en la tramitación en la Mesa del Congreso, por lo que no se prevé que tenga mucho recorrido. En su pacto, los socios incidieron en la necesidad de «coordinarse» en temas de «alta repercusión en la escena política».

Discreción negociadora

Otra de las líneas rojas que se han traspasado a cuenta de la ley de Libertad Sexual es la de la debida discreción que se profesarán ambos socios en el ámbito de las negociaciones y los acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno. Las filtraciones han sido constantes en este asunto, llegando incluso a airear en los medios de comunicación las alegaciones que Justicia hizo al borrador de Igualdad sobre la ley, en el que se ponía de relieve los importantes errores que arrastraba el texto. Desde la parte morada se trasladó también a los periodistas que todo obedecía a una maniobra de Calvo por los «celos» de perder la cartera de Igualdad.

Respetar el pacto de coalición

La educación y la inmigración también han puesto en evidencia las diferencias en el Gobierno. En concreto, estas dos materias han retratado las dificultades de socialistas y morados a la hora de cumplir el punto 8 de su pacto de convivencia: «Los partidos firmantes se comprometen a dar apoyo (…) a la acción del gobierno y al desarrollo de los acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno progresista», subraya el documento. Sin embargo, varias de las iniciativas que Moncloa ha anunciado o ha comenzado a tramitar en estas semanas incumplen algunos compromisos del acuerdo de coalición. Es el caso, por ejemplo, de la nueva Ley de Educación, aprobada este martes en el Consejo de Ministros y remitida al Congreso para su debate. Sánchez e Iglesias incluyeron en su acuerdo programático el veto a los colegios concertados con educación diferenciada por sexos el acceso a cualquier clase de ayuda pública: «La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo». Sin embargo, el Proyecto de Ley salido del Consejo de Ministros esta semana, matiza este compromiso: el nuevo texto prioriza a los centros que no segregan pero no elimina el acceso a subvenciones de los que segregan.

También la política migratoria ha levantado ampollas entre los socios, tanto por la respuesta del ministro del Interior a la resolución europea que avalaba las devoluciones en caliente de inmigrantes como al proyecto del departamento de Marlaska de alumbrar una nueva Ley de Asilo. Ambos elementos, según Podemos, contravenían lo acordado –en el punto 114 del pacto de coalición– para promover una política europea de inmigración justa a través de medidas «que respeten los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas».

No opinar sobre otro ministerio

La publicación por parte del Ministerio de Trabajo, en manos de Podemos, sobre recomendaciones para empresas por el coronavirus fue desautorizada por Moncloa, al tratarse de una competencia del Ministerio de Sanidad, en manos del socialista Salvador Illa. Una circunstancia que incumple el pacto de coordinación, en el que se establece que «los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar» sobre otros departamentos.