¿Se podría aplicar un ERTE en el Congreso de los Diputados?

Calles vacías, restaurantes cerrados, aeropuertos casi paralizados... el estado de alarma decretado en España desde hace ya diez días está dejando imágenes insólitas en España. El Congreso de los Diputados no es una excepción. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, el hemiciclo ya registró varios meses de ralentización de la actividad parlamentaria como consecuencia de las dos elecciones generales que tuvieron lugar en 2019 –la del 28 de abril y la del 10 de noviembre–, que redujeron la actividad a mínimos. Ahora con el avance imparable del coronavirus, el poder legislativo se encuentra en cuarentena.

Desde que se decretó el estado de alarma, hasta el momento, solo se ha celebrado el Pleno del pasado miércoles en el que el presidente del Gobierno explicó los detalles de las medidas incluidas en el Real Decreto del estado de alarma. De cara al pleno de mañana, en el que se votarán cinco decretos leyes, entre ellos la prórroga del estado de alarma, se generalizará el voto telemático para evitar desplazamientos de diputados.

Esta situación de inactividad en la Cámara Baja irrita a muchos ciudadanos. Prueba de ello es que en la plataforma Change.org se está pidiendo que se aplique un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) en el Congreso ya que si las decisiones las toman entre una cantidad menor de miembros políticos ¿por qué seguir pagando a aquellos que han detenido su actividad?

Fuentes del Congreso explican a LA RAZÓN que “no se puede aplicar un ERTE porque la relación contractual que existe no se basa en un contrato laboral sino en un contrato social”. Ahora bien, señalan que todos los diputados sí pueden pactar con sus grupos parlamentarias “de manera voluntaria” lo que estime conveniente con su asignación.

En líneas generales, cada uno de los 350 diputados reciben una asignación institucional de 2.972,94 euros mes, cifra a la que hay que sumar los complementos en función del cargo que desempeñen y la indemnización para gastos que sean indispensables en el cumplimiento de su función. Este último concepto, no exento de polémica, se destina a cubrir los gastos que les origina la actividad de la Cámara –por ejemplo el alquiler de una vivienda o manutención–, y oscila entre los 1.921 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y los 917,03 euros para los electos por la capital. Por lo tanto, si tomamos como referencia un diputado raso que represente a la ciudad de Cádiz en la Cámara Baja, su señoría cobra, como mínimo, 4.893 euros al mes.

Posible bajada de salario

Otra cosa bien distinta, es como avanza hoy LA RAZÓN que el gobierno baje el 2% el salario de los empleados públicos. En ese escenario, del que ya existe el precedente de la crisis financiera de 2009, sus señorías sí que estarían incluidos y se aplicaría “tras ser aprobado por la Mesa del Congreso”, explica estas mismas fuentes.

En la actualidad, la actividad física tanto de los representantes políticos como de los funcionarios que trabajan en el hemiciclo se ha reducido notablemente. No obstante, el teletrabajo y la asistencia telemática a los Plenos se han normalizado con el objetivo de evitar una parálisis total.