Iglesias o cómo perder la calma en 22 días

La decisión del juez del “caso Dina” de pedir su imputación al Supremo por tres delitos ha avivado el enfrentamiento del líder de Podemos con el poder judicial

Pablo Iglesias respiró aliviado el pasado 16 de septiembre cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmendó la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle la condición de perjudicado en el «caso Dina», en el que el magistrado ha investigado el robo del móvil en 2015 a una ex colaboradora del líder de Podemos, Dina Bousselham, y la posterior difusión de varias conversaciones comprometedoras para el actual vicepresidente del Gobierno. La instancia superior al instructor consideró verosímil que la publicación de esos pantallazos proviniese del ex comisario Villarejo con el fin de perjudicarle políticamente. Pero esa tranquilidad solo duró 22 días, los que tardó García Castellón en pedir su imputación.

La resolución de la Sala parecía alejar la amenaza de una petición formal de imputación al Supremo, dado que, por su condición de aforado, Iglesias solo puede ser investigado por el Alto Tribunal. Pero un repaso a las diligencias practicadas por el magistrado hasta que tomó la decisión de que, a la vista de la investigación, no se podía seguir considerando al líder morado como perjudicado por una supuesta operación de las cloacas del Estado orquestada por el PP a través del Villarejo, permite constatar la creciente convicción del juez de que aquella no existió y que desde Podemos se habría orquestado esa versión para sacar rédito electoral.

Los interrogatorios de García Castellón tanto a Iglesias como a Bousselham dejan traslucir a las claras el empeño baldío del instructor –ahora objeto de amenazas intimidatorias tras situar al líder de Podemos al borde de la imputación– porque ambos le ofrecieran una explicación razonable de por qué Iglesias tuvo durante meses la tarjeta del teléfono de su ex colaboradora sin avisarle pese a saber que contenía datos íntimos y, lo que es más importante, pantallazos de diversas conversaciones de dirigentes de Podemos, entre ellas una en la que el actual vicepresidente afirmaba que «azotaría hasta que sangrara» a la periodista Mariló Montero. Y, sobre todo, por qué ella no le pidió explicaciones.

Pero lo que definitivamente espoleó la remisión al Supremo de esa exposición razonada (63 folios en los que el juez desgrana los indicios contra Iglesias por la supuesta comisión de delitos de daños informáticos, con la agravante de género, revelación de secretos y denuncia falsa), fue la declaración de José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos expulsado tras denunciar presuntas irregularidades en la financiación de Podemos y cuyo testimonio le ha acarreado al partido su imputación como persona jurídica en un juzgado de Madrid.

La declaración de Calvente

El valor que dio García Castellón a esa declaración es indudable. En el propio escrito que ha mandado al Supremo, considera esa comparecencia un «indicio primario» para imputar el delito de denuncia falsa a Iglesias. El magistrado incluso afirma que su declaración es tan minuciosa en el relato de «cómo se orquestó y desarrolló el ardid» que merecería una «transcripción completa» para que los jueces del Alto Tribunal sacasen sus propias conclusiones.

No es la única ocasión en la que la declaración de Calvente del pasado 9 de septiembre está presente en la exposición razonada. Y es que el instructor hace suyas algunas de la paradojas que expuso el letrado –a quien Podemos expulsó tras ser denunciado por acoso por la letrada de la formación Marta Flor Núñez, una causa que finalmente ha sido archivada–, por ejemplo, cuando muestra su extrañeza por el hecho de que, si el objetivo del robo del móvil de Bousselham era una campaña para desacreditar a Pablo Iglesias y Podemos, no se publicara la información «muy relevante desde el punto de vista electoral» que guardaba en su terminal (que también fue sustraído ese mismo día) la pareja de la ex asesora morada, Ricardo Sa Ferreira. Y, sin embargo, recalcó el abogado, nada se difundió pese a la proximidad de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, mes y medio después de que Bousselham denunciara el robo del móvil.

De hecho, no fue hasta julio de 2016 cuando Ok Diario publicó varias de esas conversaciones que guardaba en la tarjeta SIM de su terminal la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo. Un informe de la unidad de Ingeniería e Informática Forense de la Policía Científica incorporado a la «pieza Dina» desgrana algunas de esas conversaciones incluidas en un dispositivo intervenido a Villarejo en el registro de su domicilio en noviembre de 2017. Esos archivos –que le habrían entregado dos periodistas de Interviú– se copiaron el 14 de abril de 2016, tres meses después de que el presidente del Grupo Z entregara la tarjeta a Iglesias.

En total, se trata de 16 pantallazos distribuidos en distintos chats en los que participan de nueve a 45 dirigentes de Podemos. Conversaciones que se producen en un contexto muy determinado, tras la irrupción de la formación morada en la política nacional después de lograr cinco escaños y 1,2 millones de votos en las elecciones europeas del 26-M de 2014.

Las capturas del móvil

Esas capturas –que el juez cree que fueron una filtración interna de Podemos– desgranan diversos comentarios de Iglesias: «Manda cojones que me llamen el Chávez español... Cuando soy el Carter español» (24 agosto de 2014); «No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones, y con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías... No me la pone dura...» (28 de agosto de ese mismo año); o sus consignas a Irene Montero el 13 de diciembre en su estreno en La Sexta Noche: «No entres al cuerpo a cuerpo. Llevas las intervenciones bien. Cada vez que intervengas metes gol... zas zas zas zas... sonríe...le ha cambiado la cara... calma ahora. Primera perfecta y un hostión. Sonríe y espera... Estoy gozando». E incluso cuando, en referencia a un supuesto acoso a Dina Bousselham, asegura el 22 de octubre de ese año: «Váis a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo».

Pero para el juez García Castellón resultaba más lógico, si lo que se pretendía con el robo era hacer daño a Iglesias y Podemos, haber difundido esa información contenida en el teléfono de la pareja de Bousselham, puesto que Calvente aseguró al magistrado que en esas fechas Sa Ferreira formaba parte del equipo de campaña del partido morado.

La destrucción de la tarjeta

A medida que se acrecentaban sus dudas, el instructor del «caso Dina» intentó ir más allá investigando si Iglesias orquestó la versión de una campaña para desprestigiarle políticamente para obtener rédito electoral, pero la decisión de la Sala de lo Penal de mantenerle como perjudicado al considerar plausible que fuera objeto de una operación ejecutada por Villarejo frenó en seco ese afán del instructor.

No obstante, incluso después del auto de la Sala de lo Penal, García Castellón dejó constancia en una resolución de que después de escuchar a Calvente el objeto de la investigación –centrado en la posible comisión de delitos de revelación de secretos y daños informáticos– se había ampliado a la posible existencia de simulación de delito, denuncia falsa o estafa procesal.

El instructor, sin embargo, considera que no puede avanzar en esa investigación después de que la Sala le dejase claro que esas cuestiones no guardaban relación con el objeto del proceso. De ahí que aunque llegase a la convicción de que los daños en la tarjeta se produjeran mientras Iglesias la tuvo en su poder (da por cierto que cuando se la dio a Bousselham no funcionaba), admite que las limitaciones impuestas por la Sala le han impedido obtener «una prueba directa» de que el líder de Podemos destruyó la tarjeta.

Al argumentar que hay «elementos de cargos suficientes» para atribuir a Iglesias la «destrucción material» de ese dispositivo, es precisamente su declaración como imputado la diligencia que considera ineludible y prioritaria, con el objetivo de que explique cómo se causaron los daños. Pero eso tendrá que decidirlo ya el Tribunal Supremo.