La investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo al Rey Emérito y el juicio de la «caja B» del PP serán dos de los asuntos que marcarán el año judicial en 2021, doce meses en los que, además, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre otras dos cuestiones de indudable calado político: los indultos a los presos del «procés», ya con el criterio contrario del Ministerio Público, y la posible imputación de Pablo Iglesias por tres delitos en el «caso Dina».

Por ahora, ninguna de las tres investigaciones abiertas a Don Juan Carlos está judicializada y tendrá que ser el fiscal Juan Ignacio Campos el que decida si traslada o no a la Sala Penal del Supremo las diligencias en relación al cobro en 2008 de 65 millones de euros en comisiones por la adjudicación de las obras del AVE a la Meca (unos hechos que al haberse producido cuando el padre de Felipe VI gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado parecen abocados al archivo); por los gastos efectuados con una tarjeta opaca del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, regularizados in extremis por elMonarca mediante el pago a Hacienda de 678.393 euros, y las que indagan, por último, en un fondo oculto en la isla de Jersey del que el Rey Emérito sería beneficiario.

Del mismo modo, el nuevo año permitirá conocer hasta dónde llega la investigación que lleva a cabo un juez de Madrid, Juan José Escalonilla, de la supuesta financiación irregular de Podemos,en la que, además del partido morado como persona jurídica, están imputados tres cargos claves de su cúpula dirigente: el tesorero Daniel de Frutos, el responsable de Comunicación Juanma del Olmo, jefe de campaña de Iglesias, y la gerente Rocío Val. El magistrado indaga en un posible desvío de fondos electorales a través de la consultora Neurona y en el sobrecoste de la reforma de su sede, cuyo precio de licitación terminó duplicándose.

El calendario judicial traerá también el fin del juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils –la vista oral se reanuda el próximo día 11 tras el parón navideño– y, previsiblemente, el proceso que volverá a sentar en el banquillo a Arnaldo Otegi por el «caso Bateragune».El Supremo ordenó que se repitiera la vista oral después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyese que el líder de EH Bildu –condenado a seis años y medio de prisión que ya cumplió– no tuvo un juicio justo porque en un juicio anterior, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, apostilló un «ya sabía que no me iba a contestar» a la negativa de Otegi a condenar la violencia de ETA.

En el Congreso, dos diputados estarán muy pendientes del Tribunal Supremo después de que en el año que ahora termina la Cámara Baja autorizase el suplicatorio solicitado por el Alto Tribunal para poder investigarles, dada su condición de aforados. Laura Borrás, candidata a la Generalitat por Junts per Cataluña (JxCat), está en el disparadero por supuestas adjudicaciones a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Pero no es la única, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, secretario de Organización de la formación morada, está bajo la lupa del Supremo por la posible comisión de un delito de atentado contra la autoridad y lesiones por dar una patada a un agente durante una manifestación contra la Lomce en La Laguna en 2014.

Asimismo, será en este 2021 cuando está previsto que se celebre, veinte años después, el juicio por el asesinato del senador Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, uno de los más de 300 crímenes de ETA que aún continúan sin resolver. El último escollo para esa vista oral es que se tramite la entrega temporal por parte de Francia de Mikel Carrera Sarobe, «Ata» (que cumple condena en el país vecino), uno de los dos procesados junto a Itxaso Zaldua, detenida el pasado julio tras una ardua investigación.

El ex comisario José Villarejo será sin duda otro de los protagonistas de este año desde el punto de vista judicial, pues en estos próximos meses se celebrarán (todavía sin fecha) los primeros juicios del «caso Tándem» –que le mantiene en prisión provisional desde noviembre de 2017–, en los que está acusado de delitos de revelación de secretos, entre otros, por supuestos trabajos de espionaje a través de una red parapolicial que ha dado lugar ya a la apertura de más de una veintena de piezas separadas en la Audiencia Nacional.

Pero el primer juicio de indudable repercusión mediática, también con Villarejo como protagonista, llegará dentro de unos días: tras varias cancelaciones, el próximo día 15 está señalada en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid la vista oral en la que el comisario jubilado se enfrenta a una acusación por denuncia falsa y calumnias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán,delitos por los que la Fiscalía pide para él dos años de prisión. En ese juicio declarará además como testigo, por videoconferencia desde Londres, la ex amiga íntima del Rey Emérito Corinna Larsen, quien con sus conversaciones con Villarejo (grabadas por el mando policial) en junio de 2015 en Londres (divulgadas posteriormente en el marco de una de las piezas del «caso Tándem») provocó que se acabara investigando a Don Juan Carlos por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las obras del AVE de Medina a La Meca.

La gestión política de la pandemia, que en el año que termina provocó un buen número de querellas y demandas en los juzgados, seguirá a buen seguro acaparando protagonismo judicial. Aunque la exigencia de responsabilidades penales al Gobierno ha quedado diluida tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el medio centenar de querellas y denuncias presentadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sí hay margen para seguir investigando –ya en los juzgados ordinarios– la gestión en las residencias, la distribución de medios de protección a sanitarios y otros profesionales de riesgo y la adquisición de materiales ineficaces para evitar los contagios.

Además del juicio por el supuesto pago con dinero negro de las obras de reforma de su sede de la calle Génova, en el que Luis Bárcenas se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de cinco años de prisión, el PP tendrá que seguir mirando de reojo los derroteros del «caso Kitchen», la supuesta operación parapolicial puesta en marcha en 2013 para sustraer al ex tesorero del PP documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy en relación a esa “caja B”. Una causa en la que ya están imputados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y varios ex mandos policiales.