Antonio López-Istúriz: «Es grave que la UE nos compare ya con Polonia»

Desde Bruselas se insiste en la necesidad de que España renueve el CGPJ y que la elección de sus miembros se haga por sus jueces y advierten de que es importante que “los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados”.

–La comisión europea reclama la renovación del Poder Judicial... ¿Cómo está quedando España ante Bruselas?

– Es uno más de los toques de atención, y ya van varios, que la comisión europea está haciendo al respecto. En el caso español, me parece grave el comentario, el paralelismo con el caso polaco, que ya fue objeto de un artículo 7, que se votó en el Parlamento Europeo y que significa la suspensión de derechos dentro del «club». Con esto no quiero decir que ahora España esté al mismo nivel, pero estos avisos no dejan de ser muy serios. Me ha llamado la atención la comparación con Polonia, y me parece tremendamente preocupante y creo que el Gobierno de Sánchez debería reaccionar inmediatamente. Han estado hablando de los gobiernos de Hungría y Polonia durante tres años y ahora beben la misma medicina. No me parece correcto que estemos en la misma situación con lo que ha ocurrido con los polacos.

–Si no se renueva el CGPJ como pide Bruselas. ¿Cómo puede afectar a España?

–Hay dos maneras de avisos de la comisión europea. Están las normales, que son por vía privada. Empiezan a ser muy preocupantes cuando son avisos públicos y la tercera fase ya es la toma de medidas.

–¿En qué consistirían?

–Hay un amplio abanico. No sé cuál serían las que aplicarían en nuestro caso. Van desde la discusión, como pasó con Polonia sobre el tema judicial, que era la prioridad; la posible votación en el Parlamento Europeo para la aplicación del artículo 7 –la suspensión de derechos dentro de la UE, incluido el voto en el Consejo– a la entrada en vigor el mecanismo de emergencia sobre los fondos de recuperación. También hay sanciones que la UE puede imponer por incumplimiento. No puedo aventurar si la Comisión valora ya que estamos en esta fase. Yo creo que estamos aún en la intermedia, la del aviso público. Pero, si no lo remedia inmediatamente podríamos pasar a esa tercera fase que sería tremendamente nociva para los españoles. Por eso digo que Sánchez está a tiempo de recoger el guante de Pablo Casado de renovación –el PP propuso que fueran los propios jueces y no el legislativo quienes elijan a los 12 vocales provenientes de la carrera judicial de entre los 20 totales–. Hizo una oferta muy generosa de despolitización de esos nombramientos y está a tiempo de poder cambiar.

–¿En Bruselas existe la percepción de que Casado está bloqueando la renovación como sostiene el Gobierno?

–No, porque precisamente Casado ya explicó que había ofrecido a Sánchez esa reforma de vuelta de menor control político del Poder Judicial; eso es público y notorio. Y en Bruselas se conoce su oferta, que está más en línea con lo que la Comisión exige de los Estados miembros.

–¿La respuesta de la Comisión se debe a la carta que más de 2.000 jueces remitieron a la UE pidiendo que interviniera?

–Creo que, más bien, viene de la denuncia que hizo Pablo Casado ante la comisión europea. Pero, indudablemente, la denuncia por parte de los jueces tiene un peso inevitable en este asunto, pero esta se produjo en abril y los primeros indicios de malestar de la UE, esa primera fase que digo de toque de atención de manera privada, se hizo notar cuando Sánchez tuvo que suspender sus maniobras con el CGPJ por esas llamadas de atención de Bruselas. Ahora, imagino que habrá tenido peso para este llamamiento público la carta de los jueces españoles.

–La vicepresidenta Yolanda Díaz, cuota de Podemos, dice que se va a reunir próximamente para resolver el bloqueo. ¿Mejora el acuerdo o lo agrava?

–Más bien lo agrava, porque como hablemos de «despolitizar» o desbloquear con Podemos, no se lo cree nadie.

–¿Habrá repercusión en cuanto a los fondos europeos?

–Hay diversas opciones, pero es pronto para decir. Después de este toque de atención público se espera una reacción por parte de España, y se debería consensuar con la oposición un modelo mucho más despolitizado y consensuado con la oposición. Hay diversos mecanismos y uno de ellos es la congelación de los fondos, pero no se puede decir por dónde tiraría la Comisión porque es pronto para decirlo. Ese es uno de los riesgos.

–¿En algún país se ha tutelado desde Bruselas la renovación de un organismo judicial de manera directa?

–No, porque son cuestiones de competencia a nivel interior. Pero si Bruselas no está contenta, insisto con el caso de Polonia y Hungría, donde se pasó de la denuncia pública a una fase ya de acciones contra los estados incumplidores. Incluso ya, a Hungría, le está afectando en la entrega de fondos.

–¿Cree que, con el cambio de ministros, ahora hay más posibilidades de acuerdo?

–No. Por ejemplo, el comisario de justicia europeo, con quien dijo que habló hace un año fue con la ya ex ministra de Asuntos Exteriores, González Laya. Lamentablemente, la sustitución de Laya por el nuevo ministro –José Manuel Albares– no me llama a tranquilidad, puesto que es conocido el sectarismo político que gasta este diplomático. Normalmente suele suceder con el PSOE, ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que lo hemos visto que, los que vienen, desgraciadamente, hacen mejores a los que se fueron.

–¿Cómo se ha visto en Bruselas el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el estado de alarma?

–No se ha comentado, pero, indudablemente, estoy convencido de ello, del dossier que la comisión europea tiene y que le ha llevado a hacer este llamamiento público.