Moncloa asume que Díaz lidere la reforma laboral pero “tutelada” por el PSOE

La ministra de Trabajo seguirá al frente del diálogo social, pero se dará entrada a otros ministerios socialistas y Calviño coordinará los trabajos

El Gobierno sigue enredado en el abordaje de la reforma laboral que tiene entre manos y que debe estar lista antes de que acabe el año para cumplir los compromisos acordados con Bruselas. Una negociación que hasta ahora estaba residenciada en el Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, pero que, llegado un momento “nuclear”, el presidente del Gobierno ha decidido tutelar, haciendo partícipe de la misma también a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Los morados vieron en este movimiento una “injerencia” de sus socios del Ejecutivo, mientras que desde el PSOE intentan pacificar los ánimos -no en vano, se ha abierto la crisis más grave desde que existe la coalición-, asegurando que se trata de una cuestión de “metodología” aún por perfilar. Sin embargo, los avances son escasos y el gabinete de crisis que reunió a los socios el lunes en el Congreso no arrojó más resultados que la voluntad (obligada) de “seguir negociando”.

Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentó clarificar la situación de bloqueo actual señalando la obviedad, que “formalmente, en la mesa de diálogo social quien lidera y quien representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo en las reuniones ordinarias”. El matiz viene después, cuando inmediatamente apunta: “Pero parece razonable que en esa mesa participen también miembros de otros departamentos”.

Esto supone que el capital de Díaz queda diluido y tendrá que compartir la representación del Ejecutivo con otros ministros, como el de Inclusión o la de Educación, que se integrarán en el foro de diálogo para pulir las diversas aristas de la normativa laboral. “No se entendería que una parte importante del Gobierno no participara en una reforma tan trascendental como la laboral”, ha agregado.

En Moncloa quieren evitar que sea Podemos quien rentabilice en exclusiva la reforma laboral (”No creo que ningún miembro del gobierno quiera que esta reforma tenga un nombre propio”, dicen) y se afanan en recordar que se trata de una norma con la que está “alineado todo el Gobierno”. Así, recordó Rodríguez, que “se trata de un triple compromiso del Ejecutivo”, expresado en primer término por el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura, concretado posteriormente en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y ratificado por Europa después, en el plan de recuperación del que dependen los fondos europeos.

“Una ley de legislatura y una marca de este Gobierno”, que quiere hacerla con el máximo consenso y en el marco del diálogo social “antes de que termine el año”. El hecho de que cuente con el máximo consenso es una de las razones que han obligado a dar entrada a Calviño en la ecuación para evitar que el acuerdo quede cojo por la pata de los empresarios, si la CEOE se descuelga, como ya hiciera con el Salario Mínimo. Para Díaz que esté Garamendi no es una prioridad, pero para Sánchez sí, que quiere un pacto “con todos”.

El objetivo es, por tanto, lograr que la reforma laboral se aborde desde el máximo diálogo (dentro de todos los departamentos y del diálogo social) y con el mayor de los consensos (de todos los ministerios y “conjugando los intereses de empresarios y trabajadores”). “Preferimos un acuerdo de todos. Nos gustaría alcanzar el objetivo de máximo diálogo y mayor consenso, preferimos esta fórmula a no hacerlo con todas las fuerzas”, reconoció Rodríguez.

El Gobierno, que ha desterrado la palabra “derogar” de su vocabulario aspira a que se trate de una reforma profunda y estructural que va a mejorar y modernizar las relaciones laborales en España y que no tendrá “nombre propio” sino que será de todo el Gobierno, que contribuirá a enriquecerla con la colaboración de todos los ministerios. Rodríguez insistió en la “absoluta normalidad en las relaciones entre las dos partes del Gobierno de coalición”, que está buscando una “metodología” que facilite que los distintos departamentos puedan participar del dialogo para llegar al objetivo final de la reforma: romper con la precariedad y mejorar la situación de los trabajadoras.