Terrorismo

“Josu Ternera” reclama el archivo de la investigación por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

Su defensa afirma que 34 años después “sigue sin haber ningún indicio” contra el ex jefe de ETA y pide que declaren Henri Parot y “Pakito” si la Sala no acuerda el sobreseimiento

José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", en una de sus comparecencias ante la Justicia francesa
José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", en una de sus comparecencias ante la Justicia francesaYOAN VALATEFE

José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, apura sus opciones para evitar sentarse en el banquillo por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños. Tras ser procesado por el juez Ismael Moreno, una decisión que fue respaldada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el ex jefe de ETA insta ahora a la Audiencia Nacional a archivar la causa al atribuir su imputación a “elucubraciones policiales”

En el escrito remitido por su defensa a la Sala de lo Penal -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- su defensa pide que, en caso de no acordarse el sobreseimiento, se revoque el auto de conclusión del sumario para tomar declaración, entre otros a los históricos ex dirigentes de la banda terrorista Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”, y Elena Beloki y al ex integrante del “comando Argala” Henri Parot, entre otros. Todo para intentar acreditar que “Josu Ternera” no pertenecía en esas fechas al comité ejecutivo de ETA, como sostiene la Guardia Civil, responsabilizándole del atentado.

El abogado de Urrutikoetxea, Gonzalo Boye, mantiene que los hechos que se atribuyen al ex jefe de ETA “no son constitutivos de delito” y remarca que ni a lo largo de la “prolija investigación” ni en los distintos juicios celebrados “se hizo mención alguna” a su cliente ni se le imputó “hecho alguno relacionado con el atentado”. De ahí que cuestione que se concluya “que por su supuesta posición en el comité ejecutivo de ETA es responsable de este atentado”.

El letrado centra sus reproches fundamentalmente en un informe de la Guardia de junio de 2021 que le atribuye una supuesta responsabilidad en los asesinatos precisamente por su pertenencia a la cúpula de la banda criminal en esas fechas, unas conclusiones que la defensa de “Josu Ternera” considera de “escasa rigurosidad” y “plagadas de conjeturas”. “Treinta y cuatro años después sigue sin haber ningún indicio”, recalca al tiempo que mantiene que se trata de “una línea de investigación con apoyo en sospechas”.

Su defensa niega que reivindicara el atentado

“Josu Ternera” sostiene que incluso en el caso de que en 1987 formase parte del comité ejecutivo de ETA eso “no implicaría ninguna participación directa en el atentado”, porque según asegura “existe una distancia muy larga, casi insalvable” entre “diseñar la estrategia y dirigir los medios” para conseguir llevarla a cabo y “la planificación y materialización del atentado de la casa cuartel”.

Asimismo, su defensa niega que “Josu Ternera” reivindicara el atentado e insiste en que “no existe ningún tipo de evidencia” de que así fuera. “No es el autor del comunicado”, reitera. Y señala que tampoco se trató “de un comunicado específico”, sino que también se reivindicaron otros dos atentados contra un policía en Basauri (Vizcaya) y contra un guardia civil en Soraluce (Guipúzcoa). Aunque, en todo caso, precisa que “hacer pública una reivindicación no conlleva la participación en el hecho”.

“Josu Ternera” también alude a las declaraciones del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa y de los ex integrantes de ETA Juan José Rego Vidal -condenado por intentar atentar contra Don Juan Carlos en Mallorca- y Elena Beloki, que el instructor esgrimió para apuntalar su procesamiento. Rego Vidal afirmó, por ejemplo, que en las fechas del atentado Urrutikoetxea controlaba la banda terrorista “de manera absoluta”, aunque la defensa de “Josu Ternera” considera que se refería al “aparato político” y no al “militar”.

Según expone el letrado, ni Soares Gamboa ni Rego Vidal afirmaron que fue la dirección de ETA la que dio las instrucciones de atentar contra la casa cuartel. “Ni uno ni el otro dicen eso en sus declaraciones”, subraya.

Cuestiona la “imparcialidad” de la Guardia Civil

Boye vuelve a expresar también sus dudas sobre la imparcialidad del informe de la Guardia Civil dado que “el objeto de la investigación se refiere a un atentado cometido en contra de una casa cuartel de la propia Guardia Civil en el que fueron asesinados miembros y familiares de dicho cuerpo”. Algo que, en su opinión, “afecta a la imparcialidad” de los autores del informe.

Por último, el ex dirigente de ETA niega también que proporcionara a los autores del atentado uno de los vehículos utilizado para cometerlo, que habría sido sustraído “para la cúpula” de la banda terrorista en Francia. El letrado considera “contradictorio” ese argumento teniendo en cuenta que en otras dos resoluciones judiciales, entre ellas el auto de procesamiento, se afirma por un lado que la sustracción del vehículo se llevó a cabo por “personas desconocidas” en San Sebastián y, por otro, que fue robado por “Aguirre y Odriozola”, pero en Tolosa.

La defensa de “Josu Ternera” concluye afirmando que los datos utilizados para mantener su imputación y procesamiento “no es que sean débiles, son paupérrimos, y no resisten el análisis” mínimo necesario para abrir juicio oral contra él.

Reclamado a Francia por tres causas

España reclama la entrega del terrorista a Francia -donde se encuentra en libertad con control telemático en París- por cuatro causas. Hasta ahora, solo en un caso -la investigación por un delito de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los crímenes cometidos por la banda terrorista cuando era uno de los jefes de ETA-la Justicia gala ha rechazado su extradición.

Sin embargo, el país vecino sí ha autorizado ya su repatriación para que sea juzgado por el atentado contra la casa cuartel y en relación a la investigación sobre la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” (locales sociales de la ilega‭lizada Batasuna).

Lo mismo hizo respecto alasesinato de un directivo de Michelín en 1980 en Vitoria (un procesamiento que anuló el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz), aunque sobre este extremo aún debe pronunciarse la Corte de Casación gala.