La Audiencia Nacional ordena a la Policía que verifique si Villarejo está en su casa por enfermedad

El comisario asegura que el tribunal camufla una orden para que los agentes vigilen diariamente su domicilio todo el mes de agosto

El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a declarar a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, Antonio José García Cabrera.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a declarar a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado, Antonio José García Cabrera. FOTO: "Jesús Hellín " Europa Press

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Policía Judicial que “verifique” si el comisario José Manuel Villarejo se encuentra en su domicilio después de haber alegado una enfermedad en el ojo que logró posponer las últimas sesiones del juicio de “Tándem” programadas para el mes de julio. El policía asegura que la Sala de lo Penal con esta orden camufla una restricción a su libertad y que los agentes se pasan diariamente por su casa. Alega que lo que pretenden los magistrados es vigilarlo durante el mes de agosto y ha presentado una nueva recusación contra ellos.

La presidenta del tribunal que lleva enjuiciando a Villarejo desde hace casi un año, Ángela Murillo, en un escrito con fecha del 28 de julio -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- señaló que “a fin de coordinar adecuadamente este Tribunal el oportuno seguimiento respecto a la enfermedad que padece el acusado, que le obliga a permanecer convaleciente en su domicilio [...]” y con el objetivo de que los médicos forenses pudieran hacer el reconocimiento e informar de su evolución, se oficiara “a la Policía Judicial a fin de que verifique si el referido enfermo convalece en el domicilio indicado durante el periodo de su recuperación, o se traslada a otro distinto”.

Pero lejos de una comprobación, dicen fuentes cercanas al comisario, los agentes se han presentado nueve veces (desde que se dictó la orden hace diez días) en su chalé de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, tocando el timbre a distintas horas para identificarse. Señalan que esto equivale a un “arresto domiciliario encubierto” que busca “hostigarlo” de cara a la continuidad del juicio en septiembre en el que la Fiscalía Anticorrupción pide más de 80 años de cárcel para él.

En un nuevo escrito que su defensa presentó el pasado 6 de agosto para tratar de apartar de nuevo a los magistrados, explican que el comisario ya tiene unas medidas acordadas (que se le impusieron tras su salida de prisión en febrero de 2021) que pasan por comunicar el cambio de domicilio si este se produjera, además de comparecer quincenalmente en el juzgado. “Estas [son] las únicas limitaciones a sus derechos fundamentales y libertades públicas judicialmente decretadas que le vienen impuestas; que, además, el enjuiciado ha cumplido escrupulosamente incluso en los periodos más álgidos de su actual enfermedad, los días 1 y 15 de julio, y 1 de agosto”.

A finales del mes de julio, el comisario jubilado de 71 años solicitó que se congelaran las últimas sesiones de las líneas de investigación del “caso Tándem” que están en Sala porque había sufrido un accidente vascular cerebral que limitaba el movimiento de su ojo. La magistrada Murillo requirió entonces que un forense de la Audiencia Nacional valora la situación. Según el escrito del abogado Antonio Cabrera ya aclararon a finales de julio que Villarejo estaría en su casa y dieron un teléfono móvil por si debían localizarlo y, desde entonces, ningún médico ha acudido a inspeccionarlo.

Por eso, señalan que la medida adoptada resulta “absolutamente innecesaria y desproporcionada; siendo la situación creada de injustificado acto de hostigamiento, como sin duda es que cada día varios policías comparezcan en su domicilio a horas distintas del día, le hagan tener que estar atento a ver si llaman a través de la cancela de la finca cuando está solo en el inmueble”. Dice que esto agrava su enfermedad “en cuya causa está el estrés y la presión emocional” y que, además, atenta contra sus derechos fundamentales.

El escrito detalla una a una las veces en las que la Policía se ha presentado en Boadilla. El viernes 29 cuando Villarejo se estaba haciendo una analítica en el hospital; el sábado 30 a las 11 de la mañana; el domingo a la misma hora; el lunes a las 12:15, tardó en salir “porque coincidió que se estaba dando una ducha de agua fría porque había pasado mala noche al bajar la dosis de corticoides”; el martes 2 que estuvo también en el hospital y no oyó la puerta; el miércoles 3 más tarde de las 18 horas cuando se marchaba un amigo de la familia; el jueves 4 que el comisario les pregunta si no tienen su teléfono móvil y la policía les contesta que “las instrucciones son comprobar que Villarejo está en casa y levantar el acta correspondiente”; el viernes 5 que fueron hasta cuatro agentes; y nuevamente el sábado 6.

La defensa del policía remacha que “el enfermo puede convalecer en su domicilio o en otro si así lo estima en uso de su libertad personal, pues no está sometido a prisión domiciliaria” y alude a jurisprudencia que dice que entre la libertad y la detención no existen zonas intermedias.

Nueva recusación

La defensa del comisario no cesa en su intento de apartar al tribunal -a quienes ha recusado ya en ocasiones anteriores- destacando ahora que tienen “manifiesta animosidad y hostilidad hacia el acusado incluso apasionamiento personal”. El abogado habla de falta de garantías porque los jueces en este caso no son imparciales con Villarejo.

En todas las ocasiones anteriores -como cuando se presentó recusación contra el juez Fermín Echarri tras conocerse unas conversaciones con el propio Villarejo- el trámite no ha llegado a buen puerto y la sección cuarta de la Sala de lo Penal ni siquiera ha dado curso al escrito. También lo ha intentado con el juez instructor Manuel García Castellón, quien recientemente rechazó cualquier acusación por la que tuviera que abandonar el caso.

Ahora el comisario vuelve a solicitar que se hagan a un lado y, además, pide que se tome testimonio a los agentes de la Policía Judicial que han estado en casa del comisario y que se unan a la causa las actas que hayan levantado desde su domicilio.