Sánchez tendrá PGE y pincha en el TC

Los socios del Gobierno están ya haciendo llegar a Moncloa sus peticiones para los Presupuestos Generales del Estado de 2023. En Moncloa corre prisa sacarlos adelante, y en la negociación extraoficial hay un papel de varios folios circulando. Tan confiados están que incluso dicen que podrían quedar aprobados antes de diciembre: «la clave está en elaborar unas cuentas muy sociales que agraden a los socios», aunque no se ajusten técnicamente a lo que necesita la economía española para no empeorar su enfermedad. Subida de pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional y otras partidas que sirvan para aglutinar a la mayoría de investidura antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Moncloa sostiene que tiene hasta la fórmula para superar el escollo fiscal y de la partida del gasto en Defensa.

Al presidente Pedro Sánchez le favorece que los socios coinciden en ver los PGE como «un arma electoral». Ninguno gana si no hay Presupuestos, y todos pierden, sobre todo ERC y Bildu, si efectivamente no se aprueban. Los de Bildu se cobrarán que acabe de completarse el traslado de los presos etarras que todavía están fuera del País Vasco. Y ERC necesita aire en Madrid para sostener el pulso a Junts. La situación dentro de la Generalitat es crítica por la fractura abierta por el caso de Laura Borrás, ex presidenta del Parlament, y la amenaza de la ruptura del Gobierno catalán suena cada vez con más fuerza.

La decisión de no escuchar las advertencias de los niveles más técnicos del Gobierno está tomada. En ese ámbito valoran, por ejemplo, que «las subvenciones para todo el mundo son un error», que alargará el problema de la inflación en un escenario en el que dan por descontado una fuerte caída del crecimiento a finales de año. Pero estas advertencias técnicas han sido desestimadas por la decisión política que atiende al miedo al desgaste electoral, a la presión de los sindicados y, por supuesto, a la presión de los socios. En la ecuación de esta negociación presupuestaria, el factor que deja más interrogantes abiertos sobre su postura a futuro es el PNV.

La evolución de la crisis en Europa pinta cada vez más oscura y en ese sentido han interpretado en el equipo económico del Gobierno las últimas previsiones del Banco Central Europeo (BCE), pero, pase lo que pase, Sánchez tendrá Presupuestos. No es un consuelo para los candidatos socialistas de las elecciones autonómicas y municipales, pero sí para el equipo del presidente del Gobierno, donde creen que le consolida como estadista para afrontar el semestre de Presidencia de la UE. Aunque no compense electoralmente el efecto devastador de la crisis, la imagen de estabilidad da cierta tranquilidad en Moncloa.

Bloqueo en el TC y CGPJ

Ahora bien, donde el Gobierno ha pinchado es en el Tribunal Constitucional (TC), y puede que sus cálculos fallen de nuevo en la negociación que sigue pendiente para renovar a este órgano. El exabrupto con el que el Ejecutivo respondió el viernes a la nueva oferta de negociación remitida por el PP está cargado de plomo. No han medido bien que la carta que les ha hecho llegar el principal partido de la oposición para volver a sentarse a negociar CGPJ y TC tiene también remite a Europa. Una llamada en la puerta de la UE por parte del vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, solicitando ser recibido en Bruselas en su calidad de vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Este movimiento se le ha debido escapar a Moncloa en su furibunda reacción a la oferta del PP que dejaba a un lado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que parecía que era el principal obstáculo para el acuerdo. Bruselas atenderá esta llamada en la puerta, habrá reunión, y en la UE no sonará mal lo que plantea el PP. Una explicación para la reacción inicial del Gobierno a la carta de Génova es que no les importa ya el CGPJ, sino que el pulso en esta recta final de la Legislatura está básicamente en el Constitucional. La «trampa» de la nueva mano tendida del PP es que obliga a Moncloa a renunciar a la mayoría del 7-4, que aspiraban a tener por la vía de que el CGPJ nombrara a sus dos candidatos, dividido y sin acuerdo, y el Gobierno a los suyos, sin cubrir la vacante, cuota PP, que dejó la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya. Aceptar la oferta del PP de negociar de nuevo condiciona el acuerdo a que el PSOE levante el veto en el Senado a que se cubra esa vacante, y la mayoría que quedaría en el TC para el Gobierno sería el 7-5. A la mínima de que un magistrado se aparte del bloque progresista habría empate, y esto no garantiza que salgan las leyes de Gobiernos socialistas recurridas por el PP. El Gobierno está convencido de que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, acabará rompiendo el bloqueo que esta semana se ha visto en el Consejo y forzando la renovación del Constitucional, sin consenso ni entre los magistrados del Poder Judicial ni tampoco entre PSOE y PP. En el PP, por contra, dan por hecho que el bloqueo se mantendrá y que Lesmes no dimitirá.