Colonizar el poder judicial

Si no interesan a Sánchez, como las condenas a los golpistas de 2017, la de Griñán, o la del 25% del español en Cataluña, es entonces cuando el sanchismo se dedica a insultar a los jueces

Jorge Vilches

Feijóo soltó en el Senado que los aliados de Sánchez son malas compañías. Bien, pero no dejó claro que no se refería solo a su influencia perniciosa en las medidas económicas o energéticas. Lo peor del abrazo al oso independentista es su efecto perverso en las instituciones que nos unen, las mismas que convierten a España en una democracia.

Es mucho más llevadero que Sánchez se empeñe en su religión ecologista, a contracorriente de Europa, que permitir que siga con su empeño de adueñarse del poder judicial y del Tribunal Constitucional, que los colonice a pesar de las indicaciones de la UE. Esa conquista del tercer poder es parte del acuerdo con ERC, Bildu y Podemos. Ninguno de esos tres partidos es factor de convivencia pacífica y democrática. Su concepción de la comunidad política como un secta excluyente, donde la libertad es seguir ciegamente el dogma nacionalista o colectivista, obliga a un poder judicial sumiso. Esto es lo que debe preocupar al PP de Feijóo. Una mala gestión de la factura eléctrica tiene arreglo. La colonización del poder judicial y el TC no la tiene.

La obsesión de Sánchez por la renovación de los órganos judiciales no se debe a su amor a la letra y al espíritu de la Constitución, sino a sí mismo. Quiere controlar al tercer poder en beneficio propio, para no judicializar las pretensiones ilegales de los nacionalistas catalanes, o permitir que salgan adelante las leyes antijurídicas de Podemos. Ejemplo práctico. El Gobierno, a instancia del ministerio de Igualdad, tramitó como urgente la llamada ley trans, para la que no había ninguna prisa, ni se había escuchado ni atendido a ninguna institución. De hecho, el Consejo de Estado cuestionó varios aspectos, como la autodeterminación de género en los menores de edad sin necesidad de exámenes médicos ni permisos judiciales. Ahí no acaba el asunto.

El informe del CGPJ sobre la ley trans pidió limitar la autodeterminación de género a partir de los 16 años, y advirtió de que la norma puede discriminar a las mujeres no transexuales. Además, señaló que dicha ley no protege a los menores inmaduros, ni prevé nada para el Registro Civil. Y eso sin contar que deja en el limbo las competiciones deportivas, las pruebas físicas para algunos cuerpos del Estado, la paridad en las comisiones, o la violencia de género. Vamos, un sindios completo.

Esta es la esencia del sanchismo: el criterio jurídico de una ley no reside en su ajuste al marco normativo y escuchar a los organismos oficiales, sino en la ideología y la conveniencia política. Lo mismo pasa con las sentencias si no interesan a Sánchez, como las condenas a los golpistas de 2017, la de Griñán, o la del 25% del español en Cataluña. Es entonces cuando el sanchismo se dedica a insultar a los jueces que ejercen su trabajo, convirtiendo en sospechosa su ansiedad para la renovación del CGPJ.

En la propuesta de Feijóo, por tanto, no debería perderse jamás de vista que sin un sistema judicial independiente perdemos calidad democrática. Es importante que el conjunto legislativo sea coherente, que un proyecto de ley tan ideológico como los sanchistas tenga el filtro de otras opiniones políticas y de las instituciones judiciales. Hay que hacer entender a Sánchez que no legislan para los suyos, sino para todos, y que esto no es una dictadura, sino una democracia parlamentaria con contrapesos. Permitir que el sanchismo meta mano en el poder judicial sería el último paso para tener a un gobierno autoritario sin freno alguno. El PP de Feijóo no debe olvidar que Sánchez ha anulado las Cortes a golpe de decreto, y que ha convertido el parlamentarismo en un intercambio de zascas mientras negocia en las sombras con los rupturistas. No se trata solamente, por tanto, de volver a una economía saneada. La política de adultos es también sostener los pilares de la democracia frente al populismo.