El poder judicial soy yo

El Gobierno no se ha dado por aludido ante las recomendaciones de Reynders e incluso ha tenido la desfachatez de alegar que una recomendación no es una orden

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños en su encuentro en Madrid.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños en su encuentro en Madrid. FOTO: Natalia Ruiz Guillamon Ministerio de Presidencia

Es ridículo que un ministro de la Presidencia entregue un dosier de prensa al comisario de Justicia de la Unión Europea para criticar a la oposición. Da la sensación de país pequeño gobernado por unos orates que carecen de responsabilidad y entidad suficiente para argumentar sus decisiones. Es más; da a entender que el comisario es un personaje de segunda, sin un equipo de información que trabaje para él. Eso es lo que ha pasado entre Bolaños y Reynders esta semana.

La llamada de atención del comisario europeo no se hubiera producido si Bolaños, en lugar de ese dosier, hubiera entregado un proyecto de reforma de la ley del poder judicial. Ese gesto hubiera servido para que Reynders no dejara al Gobierno de España como un Ejecutivo con una tentación autoritaria evidente y un infantilismo pasmoso.

Dejando la vergüenza ajena aparte, conviene recapitular sobre lo dictado por Reynders. Es triste que tenga que recordar al Gobierno que España es una democracia donde los poderes deben estar lo más separados posible. La indicación para que el CGPJ sea elegido por los jueces y no por los políticos ha puesto en su sitio al sanchismo. Sí, por supuesto, pero nos sitúa al nivel de los países que están saliendo de una dictadura y piden consejos.

Reynders ha debido archivar el dosier de Bolaños en la «P» de «Papelera», porque dijo que la renovación del CGPJ está vinculada a una reforma de la ley del Poder Judicial, para que al menos la mitad de los vocales sean elegidos directamente por los jueces. Esa reforma ha de estar lista para julio de 2023, dijo Reynders, justo cuando Sánchez toma las riendas de la Comisión Europea. Debe ser que en Bruselas no quieren a su frente a un gobernante con trazas autoritarias.

El Gobierno español no se ha dado por aludido. Incluso ha tenido la desfachatez de alegar que una recomendación no es una orden. Es más; ha contado a los periodistas una versión distinta de la entrevista por Reynders. En el fondo está la preocupación europea de que Sánchez siga el camino autoritario de Polonia, y diga «el poder judicial soy yo». Allí una reforma ha convertido a los jueces en apéndices del Ejecutivo, con los mismos argumentos sanchistas: la justicia debe responder a la mayoría parlamentaria, no al Estado democrático de Derecho.

Si las recomendaciones de la UE son para democratizar las instituciones judiciales, la negativa del Gobierno ha convertido al PP en el defensor de la democracia. Mientras los socialistas solo quieren asegurar su poder, el PP parece atento a que no se pierdan las formas democráticas. Ese ha sido el camino tomado por los populares desde 2019, cuando en la campaña electoral se prometió reformar la ley para asegurar la independencia judicial.

La resistencia del sanchismo a ese cambio y su insistencia en que una mayoría parlamentaria circunstancial sirve para cambiar un Estado abonan su imagen autoritaria. Se la ha ido forjando sin pausa, dedicando tiempo y ardor a colonizar instituciones y Fiscalía, insultar a los jueces, discutir sus sentencias y a desautorizar a los tribunales diciendo que tienen intenciones políticas ocultas.

Tampoco Podemos es el socio de Gobierno ideal para tener una imagen democrática en Europa. La izquierda populista y amiga de dictaduras, defensora de Putin, y enemiga de la UE y de EE UU, no es la mejor compañía. La tentación totalitaria está ahí, y no pueden ocultarla. Por eso Reynders dijo al Ejecutivo español que sería un «buen ejemplo» que siguiera sus recomendaciones.

El Gobierno debe abandonar esa manía de vivir para criticar a quien fiscaliza sus decisiones. Es una fea costumbre que en Europa suena a régimen autoritario. Más claro: en Bruselas no quieren que un día en España se oiga a Sánchez en una entrevista decir: “¿De quién depende el CGPJ?… Pues eso”, como ya dijo con la Fiscalía.