El Gobierno arranca el proceso para quitar a Franco la Cruz Laureada de San Fernando

El Ministerio de Defensa ha creado un Comité de Seguimiento para el «estudio, la coordinación y la planificación de las actuaciones que se deriven» de la aplicación de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), coincidiendo con el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Con la anterior normativa impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, la cartera ahora en manos de Margarita Robles emprendió ya en 2007 la retirada de símbolos franquistas de las dependencias de las Fuerzas Armadas, así como el cambio de nombre de acuartelamientos y establecimientos militares. En línea con esta actuación, Defensa acometerá ahora «de oficio» la revisión de condecoraciones y recompensas militares, entre las que se cuenta la Cruz Laureada de San Fernando –la más preciada condecoración militar española al valor heroico– que le fue impuesta a Franco por el general Varela durante el Desfile de la Victoria en 1939. El comité estará presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y contará con representación de los tres ejércitos, a través de los segundos jefes de Estado Mayor de Tierra, Aire y Armada. En el caso de la Laureada de San Fernando, la instrucción del procedimiento para conceder la Gran Cruz (y para retirársela a Franco) corre a cargo del jefe del Estado Mayor de la Defensa y de los jefes de los tres ejércitos y su concesión (y revocación) corresponde al Rey, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

En una respuesta parlamentaria en 2018 al senador de Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno señaló entonces que no le corresponde «impulsar la retirada» de estas condecoraciones ya que esta distinción solo puede ser retirada por una sentencia penal que lo determine expresamente, tal y como recoge el real decreto que regula el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Iñarritu había citado expresamente además a Queipo de Llano, José Sanjurjo y Emilio Mola, también distinguidos con la máxima condecoración militar. El artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática ordena a las administraciones que adopten las medidas oportunas «para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones […] que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».

En este escenario es factible que se revise también la denominación de la Bandera Comandante Franco de la Legión, que ha pedido reiteradas veces Compromís, y también EH Bildu. Defensa respondió a una pregunta parlamentaria con una negativa, basándose en que se mantiene porque «fue el primer jefe de la unidad, entre los años 1920 y 1922». Del mismo modo que la Legión cuenta con una Bandera Millán-Astray, en homenaje al fundador del Tercio.

El presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, alerta del «adiós a las recompensas que lucen muchas de nuestras banderas» por la nueva norma. «Era evidente; no van a dejar títere con cabeza», lamenta. «La cuestión es: ¿será aceptable para tantos españoles aguantar tantas humillaciones?, se pregunta. «¿Cuándo se va a acabar con tanta ignominia?». «El odio ciega a esta izquierda cainita llena de mediocres incapaz de superar y enterarse de que Franco está en la historia y que eso no lo podrán borrar». Deplora Chicharro que las Fuerzas Armadas «no tienen nada que decir cuando se humilla y se va mancillar a quienes fueron sus predecesores», igual que «el Rey, Gran Maestre de la Orden de San Fernando. ¿Nada tiene límite? ¿Ni siquiera el sentido común?».

Chicharro critica además la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo por parte de Yolanda Díaz, «un acto arbitrario, porque este tipo de honores no se pueden retirar a capricho del poder», apunta. «Según el reglamento solo era posible por cometer un delito (supongo que a Franco se le retira por ser franquista) o por acciones contrarias a las razones por las que se le otorgó. Es una muestra de la aplicación despótica de un texto como la Ley de Memoria Democrática, que con su invocación parece que permite hacer cualquier cosa».