2023 judicial: de las rebajas en las condenas del “procés” a la revisión de los indultos

El nuevo año se estrena con la renovación del Tribunal Constitucional (TC), ahora de mayoría progresista, pero con las negociaciones rotas entre el Gobierno y el PP para conseguir el relevo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya más de cuatro años en funciones. Y las perspectivas de que el órgano de gobierno de los jueces pueda seguir los pasos del tribunal de garantías no son precisamente halagüeñas en un año electoral poco propicio tradicionalmente para pactos de Estado.

Al propio Constitucional tiene que llegar en los próximos meses (previsiblemente no antes de marzo) otro nuevo magistrado en sustitución del conservador Alfredo Montoya, que renunció al cargo el pasado julio por razones de salud. Su presencia acortará la distancia entre progresistas (7) y conservadores (que sumarán así 5).

Pero el calendario judicial de este 2023 vendrá sin duda muy marcado por el «procés». A partir de que el próximo día 12 entre en vigor la reforma de la malversación (con la consiguiente rebaja de penas para quienes pese a desviar dinero público no se hayan enriquecido), el Tribunal Supremo pondrá en marcha la maquinaria judicial para adecuar a la nueva normativa (incluida la también polémica derogación del delito de sedición) las penas impuestas a los líderes del «procés», que en el caso de los condenados a penas de prisión que fueron indultados por el Gobierno –con Oriol Junqueras a la cabeza– solo tendría efectos prácticos respecto a las penas de inhabilitación que les impiden, por ejemplo, presentarse a las elecciones.

Habrá que ver también las consecuencias de esa reforma penal para Carles Puigdemont y sus exconsellers huidos, en la medida en que, de hecho, supondrá una disminución del plazo de prescripción (habrá que ver con qué alcance), aunque hay que tener en cuenta que tanto el auto de procesamiento como las OEDE interrumpen esos plazos.

Puigdemont se la juega en Europa

El «procés»” estará también muy presente en el juicio que se celebrará en los próximos meses (aún sin fecha) en el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de fondos por parte de más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat –entre ellos, además de Puigdemont y Junqueras, el expresident Artur Mas– por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del desafío soberanista a través de Diplocat. Un juicio contable por alcance en el que los demandados no tienen que estar presentes (aunque Puigdemont está citado como testigo) en el que la Fiscalía reclama a los encausados el reembolso al erario público de 3,1 millones de euros, una cantidad que Sociedad Civil Catalana (SCC), que también ejerce la acusación, eleva a cinco millones.

Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí también conocerán en el primer trimestre del año (previsiblemente en febrero) la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la retirada de su suplicatorio. El tribunal comunitario debe resolver las dos demandas presentadas por el expresident contra la Eurocámara con su ansiada inmunidad en juego (que ahora ostenta de forma cautelar). De salir airoso, la decisión del TGUE supondría un duro varapalo para la Justicia española, que vería paralizadas las euroórdenes cursadas para que el líder independentista rinda cuentas ante el Tribunal Supremo.

También en Europa, el Tribunal de Justicia de la UE ha de resolver el próximo día 31 la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena, que instó al tribunal a esclarecer (tras la renuncia de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig) si Bruselas puede hacer lo mismo con Puigdemont escudándose en el supuesto riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales en España y en la alegada falta de competencia del Tribunal Supremo para investigar el «procés» y tramitar las OEDE. El abogado general de la UE ya se alineó con el magistrado español, por lo que si el TJUE avala ese posicionamiento allanaría el camino para desbloquear la tramitación de la euroorden.

Cerco a los exjefes de ETA

Pero no es la única decisión judicial de la que estarán pendientes los condenados por el desafío soberanista en Cataluña en 2017. El Tribunal Supremo debe aún pronunciarse sobre los indultos a los nueve condenados a penas de prisión, en lo que será el último filtro judicial a la medida de gracia aprobada por el Gobierno. Será el Pleno de la Sala de lo Contencioso, al que se acordó avocar el asunto, el que decida qué suerte corren los recursos de PP, Vox y Cs contra esos indultos, después de que el pasado mayo la Sección Quinta de lo Contencioso rectificara (meses atrás no había reconocido a las tres formaciones un interés directo que avalara su legitimación para recurrirlos) y acordara tramitarlos para no dejar «ámbito inmune al control jurisdiccional, por estrecho que sea éste».

Al margen del «procés», en los próximos meses se irán precisando los efectos de la derogación de la malversación en condenados –con el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el «caso ERE» como exponente– y pendientes de juicio (entre otros, la antigua cúpula de Interior y policial procesada por la «operación Kitchen»).

Del “caso Pegasus” a la investigación por las cartas bomba

En otro de los puntos neurálgicos de la actuación judicial, la Audiencia Nacional, continuarán las investigaciones del supuesto espionaje a través de «Pegasus», el interminable «caso Villarejo» o las pesquisas para esclarecer el envío de más de media docena de cartas bomba, entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Igualmente, seguirá adelante la instrucción de las causas abiertas contra exdirigentes de ETA por su supuesta responsabilidad en los asesinatos cometidos cuando formaban parte de su comité ejecutivo o Zuba, desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco al atentado contra la casa cuartel de Zaragoza o el asesinato de Gregorio Ordóñez, entre otros. También en el mismo tribunal debe celebrarse este año el juicio contra los etarras Mikel Carrera Sarobe, «Ata», e Itxaso Zaldua por el asesinato en 2001 del entonces líder del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, uno de los 379 crímenes de ETA todavía sin resolver.