El Gobierno elevará a seis años la pena mínima por agresión

El Gobierno reacciona y rectificará la Ley del «solo sí es sí». Después de más de tres meses de vigencia y superadas las 300 revisiones de condenas, Moncloa asume que el desgaste que está sufriendo es ya inasumible y se ve forzado a escenificar una actitud proactiva. «No podemos seguir sin hacer nada», argumentan fuentes socialistas. «Esto hay que arreglarlo», fue la orden que dio Pedro Sánchez. La complejidad de la reforma había actuado hasta ahora como freno. En primer término, porque los cambios generan profundas discrepancias en el seno del Ejecutivo, el ala de Unidas Podemos no está de acuerdo con tocar una ley que consideran «sólida». En segundo plano, porque jurídicamente el derecho transitorio se ha consolidado y ya no hay solución posible ante la ventana de oportunidad que se ha abierto para los condenados por agresión sexual, que encuentran en la legislación actual una interpretación más ventajosa.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido pisar el acelerador y confirma que, en los próximos días, «corregirá» la Ley del «solo sí es sí» para «paliar los efectos indeseados» que se han producido –rebajas de penas y excarcelaciones– al amparo de la norma estrella de Igualdad. El Ejecutivo trabaja ya en «una reforma legal» en base a una «propuesta» del Ministerio de Justicia, que «corregirá» de «manera quirúrgica» «aspectos puntuales» de la norma. En este sentido, se prevé elevar las penas mínimas –de los cuatro años actuales– a los seis años previstos en la antigua regulación, pero «sin tocar, en ningún, caso lo relativo al consentimiento», por ejemplo, en aquellos supuestos en los que las agresiones se produzcan bajo sumisión química. Fuentes de Justicia señalan a este diario que «todo seguirá siendo considerado agresión –la norma vigente eliminó la diferenciación entre abuso y agresión– por lo que no se vuelve al modelo anterior».

Esta decisión se produce, según fuentes socialistas, después de «analizar pormenorizadamente» todas las sentencias que se han producido hasta la fecha. El Gobierno esperaba que el Tribunal Supremo resolviera el error legislativo unificando doctrina, sin embargo, sentencia a sentencia, revisión a revisión ha ido frustrando los planes del Ejecutivo de que pusiera coto a las rebajas de penas, pues ya ha reducido el castigo a más media docena de agresores sexuales en virtud de la nueva legislación, que les es más favorable.

La corrección de la Ley del «solo sí es sí» se vehiculará a través de una proposición de ley que se va a presentar «cuanto antes» en el Congreso de los Diputados. «Incluso esta misma semana», según avanzan fuentes socialistas. El PSOE presiona así a sus socios, dado que no existe todavía un acuerdo con Podemos, aunque muestren su «máxima voluntad» de llegar a un punto de encuentro. «Vamos a seguir hablando estos días para lograr una propuesta conjunta», señaló ayer la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, aclarando, no obstante, que la reforma se planteará, aunque no cuente con el plácet de los morados. «En caso de no darse esa puesta en común, por parte del PSOE daremos un paso adelante», aclaró. En Ferraz reconocen que ellos ya han calibrado las «consecuencias» negativas que ha tenido la ley y trasladan que incluso en el espacio morado hay quien defiende la reforma. Deslizan que tanto Yolanda Díaz, como Izquierda Unida e incluso los comunes ven con buenos ojos los cambios y que es un sector minoritario, residenciado en el Ministerio de Igualdad, el que se opone.

Fuentes gubernamentales asumen la complejidad y la necesidad de «abordar con todo el rigor técnico» el retoque para evitar nuevos contratiempos y señalan que lo harán «de la mano de magistrados y expertos penalistas en este tema». En todo caso, reiteran que, en la modificación, «el consentimiento estará en el centro y será nuclear en la corrección que hagamos». «No queremos ni un solo retroceso», señalan desde Moncloa, en respuesta a las críticas airadas de sus socios de Podemos. En el Ejecutivo quieren contar con el consenso del Consejo de Ministros, pero reiteran que el cambio se va a producir, aunque los morados no estén de acuerdo.

El Gobierno ha recibido continuas presiones desde el PSOE y el ala socialista del propio Ejecutivo. «La rectificación es inevitable, no sé cuánto tardaremos, pero se tiene que hacer», señalaba un dirigente autonómico a este diario, preocupado por el impacto que puede tener esta cuestión en las elecciones del próximo 28 de mayo. A nivel territorial, pero también dentro de Moncloa reconocen que esta cuestión es «la que más daño nos hace, la que más nos afecta» de todas las decisiones controvertidas que ha tomado el Gobierno. Mucho más, resumen, que otras polémicas como la derogación de la sedición o la reforma de la malversación. «Esto afecta a nuestra esencia», resume otro alto cargo del Ejecutivo, que recuerda que el voto de las mujeres es uno de los principales nichos electorales del PSOE. «Se tiene que revertir ya», zanjan.

La Ley del «solo sí es sí» no es uno de esos textos aprobados con precipitación por parte del Gobierno. Siguió el cauce reglamentario, superó las discrepancias suscitadas en el seno de la coalición, se sometió a los órganos consultivos –cuyas reclamaciones, por ejemplo, las del CGPJ, no fueron asumidas en su totalidad– y transitó al trámite parlamentario durante más de un año. Sin embargo, ahora se opta para su reforma por el procedimiento de la proposición de ley, más ágil, que permite sortear la garantía del criterio de estos órganos consultivos.