"Caso Koldo": ¿quiénes son todos los implicados en la trama de mordidas?

La Audiencia Nacional investiga al que fuese asesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, en una operación bautizada como Delorme por un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. Tal y como asegura La Razón, la Guardia Civil acusa al exconsejero de Renfe Mercancías de aprovecharse de sus relaciones personales con diversas autoridades y funcionarios públicos del Gobierno de Sánchez para recibir comisiones en metálico de una empresa que facturó 53 millones de euros en contratos sanitarios durante la pandemia y que acabó obteniendo un beneficio de 9,5 millones con estas actuaciones.

Estas supuestas mordidas por las adjudicaciones en 2020 hacen que Koldo García, junto a otras 20 personas, esté siendo investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública por la intermediación en la adjudicación de dichos contratos por la compra de mascarillas en marzo y abril de 2020. Por ello, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer a García Izaguirre, que acaba de ser puesto en libertad, en su domicilio en Alicante junto a su mujer, Patricia Úriz, su hermano, Joseba García, y otras 18 personas en una operación que se extiende por ocho provincias.

La causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, investiga a una empresa en concreto: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., quien pasó de facturar cero euros en 2019 a 53,1 millones en 2020 y cuyo objeto social no tiene nada que ver con material sanitario. El grueso de tales ingresos provino principalmente de contratos sanitarios con las administraciones socialistas, entre las que se encuentran el Ministerio de Transportes, Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento o los gobiernos de Baleares y Canarias, donde también se produjeron registros y detenciones.

En este contexto, la entonces presidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el que fuera presidente canario y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adjudicaron contratos para compras de material sanitario por importe de 8,4 millones de euros (3,7 millones y 4,7 millones, respectivamente).

Otros implicados en la trama

La presunta trama de mordidas no solo afecta a García Izaguirre y a su esposa, que horas después de ser detenida fue puesta en libertad, sino que apunta en muchas direcciones. Entre los investigados está el también detenido presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, quien, apuntan, tiene una "vinculación triple". Por un lado, según señala Diario ABC, este visitó, junto al equipo de Ábalos, a un senador en México y el propio Senado mexicano le acreditó como cónsul honorario de España, algo que nunca fue. Por otra parte, según el mismo diario, Aldama es titular de un fondo de inversión que, a su vez, es titular de la empresa Deluxe Fortune S. L. que participó en la adjudicación de los contratos de mascarillas. Además, su hermano, Rubén de Aldama, también formó parte, al igual que Koldo, del equipo de escoltas de José Luis Ábalos.

Otro de los investigados según El Mundo es Juan Carlos Cueto, responsable de la empresa que se encuentra bajo sospecha, a quien la UCO le atribuye la labor de captación del asistente de Ábalos. Además, según el citado medio, las investigaciones también apuntan a "una persona vinculada" a Koldo, Rogelio Pujalte, quien "habría recibido fondos procedentes de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L." que fueron "canalizados" a través de la sociedad Deluxe Fortune S. L. por la familia del presidente del Zamora Club de Fútbol.

Fruto de una denuncia del PP

La operación Delorme surge a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid en 2022. El PP madrileño interpuso esta denuncia alegando que "si queremos ser todos creíbles en la lucha contra la corrupción, tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los casos".

En esa denuncia se señalaron presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 y legalizados por la Administración General del Estado. Una de las denuncias prosperó, mientras las otras se archivaron , y anticorrupción presentó la querella en septiembre de 2023 donde se señaló directamente a la empresa actualmente investigada, Soluciones de Gestión de Apoyo a Empresas S. L.

Además, en el escrito enviado por los populares a anticorrupción se señaló que resultaba llamativo que la empresa hubiese pasado de facturar "cero euros en 2019" a obtener unos ingresos de "53,13 millones de euros en 2020". Todo ello alegando que, para más inri, la empresa era "ajena a la actividad sanitaria" y carecía de relaciones conocidas con China, principal exportador de material sanitario durante la pandemia.