El Congreso, abocado a un «sprint» legislativo en marzo

Todos los partidos preveían una actividad menguante en el Congreso a partir de enero por la cercanía del inicio del ciclo electoral. Y, a tenor de lo visto durante los dos primeros meses del año, parece confirmarse esa previsión: quizás, la mejor muestra de ello, fue el jueves, cuando la sesión plenaria duró apenas dos horas y solo se votó la actualización del concierto vasco yel convenio navarro y la renovación del cupo vasco.

No obstante, este marzo sí se antoja un mes con alto voltaje legislativo porque se podrían votar algunas leyes importantes: destacan la ley de vivienda, la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que incorpora enmiendas «antiokupas», la reforma de la Ley «mordaza» y la del «solo sí es sí».

Además, por medio, estará la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, aunque en las filas socialistas evitan fijar un horizonte temporal y la última palabra para fijar el debate y votación la tiene la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. También es cierto que en el PSOE son conscientes de la intensa agenda legislativa que hay por delante y esperan que la moción no entorpezca la hoja de ruta, por lo que eso podría ser un buen argumento para retrasarla al máximo.

Las cuatro leyes pendientes son muy sensibles y todas ellas tienen un común denominador: generan división entre los dos socios de coalición y justo se debaten y votan en plena precampaña.

La ley de vivienda parecía muy encarrilada, pero las negociaciones entre PSOE y Podemos se han enrarecido en los últimos días. Las negociaciones han transcurrido con mucha discreción por petición de los socios parlamentarios (ERC y Bildu, principalmente) porque no querían verse envueltos en una guerra de declaraciones y contradeclaraciones de los socios de Gobierno, en un momento de máxima tensión entre ambos, donde ambos no se esfuerzan ya por evitar sus diferencias para mantener la solidez de la coalición. El ministerio de Derechos Sociales, proponente de la norma, ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo inminente con Transportes y Economía. En estos momentos, según fuentes de la negociación, uno de los puntos más conflictivos es la limitación de los precios de los arrendamientos-.

Según las mismas fuentes, el ministerio que dirige Nadia Calviño veta el 3 por ciento de límite a los alquileres que se negociaba. En el ámbito parlamentario se lamenta que se llegó a Navidad con un gran consenso para desbloquear la norma, pero que lo que se pactó de manera verbal –en referencia al mercado tensionado de la vivienda– no termina de plasmarse «negro sobre blanco» en el papel definitivo del acuerdo. Se cree que desde que entró en la negociación el ministerio de Economía, el pacto se ha ralentizado.

Si la ley de vivienda es icónica para la izquierda y ha generado muchos puntos de fricción entre PSOE y Podemos, otra que se antoja problemática es la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que introduce dos enmiendas impulsadas por el PSOE para desalojar a los «okupas» de manera «exprés» y ha generado división con Podemos. La previsión es que esa norma se vote en comisión a mediados de marzo y está en el aire qué puede pasar: los socialistas son claros y mantienen que llevarán ambas enmiendas a votación pese a que los morados no quieran negociarlas. El PSOE tiene la presión del PSC porque Cataluña concentra el 42 por ciento de las «okupaciones», pero también aprietan los socialistas de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Además, los socialistas habían pactado estas medidas con el PDeCAT, partido importante en la gobernabilidad. Podemos ya ha dicho que votará en contra.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana también se prevé que se someta a votación durante las próximas semanas. Y también es simbólica para la izquierda, pero el bloque de investidura está muy dividido sobre cuatro preceptos y podría descarrilar. El PSOE se ha plantado ante las exigencias de ERC y Bildu (desobediencia a la autoridad, faltas de respeto a los agentes, devolución en frontera y prohibición de las pelotas de goma) porque considera que ya ha cedido mucho y tampoco quiere descontentar a la Policía y la Guardia Civil. Los republicanos y abertzales se niegan a apoyar la ley sin esas cesiones que consideran «el núcleo de la mordaza» y, por ahora, están negociando y creen que el PSOE no la llevará a votación «sin haber agotado hasta el final las negociaciones».

Finalmente, la Ley de Libertad Sexual está enquistada y se hace muy difícil un acuerdo entre PSOE y Podemos antes del 7 de marzo, cuando se vota la reforma legal. En las filas socialistas lo reconocen así y ahora las negociaciones están en marcha entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y los grupos parlamentarios. El PSOE cuenta con los votos del PP y, por tanto, superará esa votación, pero la imagen de división con Podemos y los aliados parlamentarios (ERC y Bildu) tampoco sentaría bien en la izquierda, 24 horas antes del 8-M.

Como colofón, Podemos presiona con hasta siete leyes que llevan desde inicio de legislatura sepultadas bajo ampliaciones de enmiendas. Los morados quieren pisar el acelerador con la ley de secretos oficiales, bebés robados, salud mental y la ley del ELA, entre otras. Múltiples frentes abiertos en la última parte de la carrera electoral antes de las autonómicas.