El desbloqueo de 120.000 euros para obras en Ávila hizo saltar las alertas de la corrupción en la Guardia Civil

El teniente - coronel Carlos Alonso Rodríguez reunió en su despacho de Ávila a su equipo para contarle que se iba a dar 120.000 euros de presupuesto para la realización de diferentes obras en acuartelamientos de la comandancia. Principalmente serían para pintura porque la empresa que venía se dedicaba a eso. En esa reunión, de noviembre de 2016, ordenó que se tramitaran los correos electrónicos necesarios para contar a los compañeros lo que se iba a hacer y pidió al comandante jefe de Personal y Apoyo que hablara con el empresario, un tal Ángel, para organizar cómo y cuándo empezarían. Añadió que si no era necesario pintar algún acuartelamiento porque ya se hubiera pintado recientemente, dijeran qué otra necesidad había en las instalaciones oficiales.

A partir de aquí, en el sumario del caso de corrupción que asedia a altos cargos de la Guardia Civil -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, se documenta un cruce de correos pidiendo dinero para paredes, humedades, puertas, grietas y todo tipo de desperfectos. Ese Ángel que al día siguiente se encontró con ellos en Ávila es Ángel Ramón Tejera de León, un empresario canario que en las islas conocen como «Mon» y que alardea de tener 17 casas en Lanzarote una, incluso, prestada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Alguno dijo extrañarle que un contratista fuera desde Canarias para eso. Aún más cuando lo habían recomendado por «tener capacidad de hacer muchas actuaciones simultáneas en un corto plazo de tiempo» y él había comentado que sólo tenía dos trabajadores a su cargo.

Dos años después un correo anónimo llegó al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil con remitente de la secretaría de Estado de Seguridad. Todas estas obras resultaron entonces debidamente inspeccionadas y los agentes repararon en que esos 120.000 euros inyectado en Ávila habían terminado íntegros en tres empresas: Angrasurcor S.L., Solocorcho S.L. y Canarycork S.L. Todas ellas propiedad de «Mon». Entre noviembre y diciembre cobró 26 facturas distintas (él y otro trabajador autónomo Salvador Gutiérrez Espinosa), que rozaban los 5.000 euros sin alcanzarlos, pero que en total sumaban 110.158.

Las obras fueron una «chapuza» y así lo acreditan las fotos y los informes periciales que se cruzan en los 4.000 folios de actuaciones. En 2019, el juzgado de instrucción número 2 de Ávila imputó en un inicio tanto al teniente-coronel Carlos Alonso Rodríguez como al empresario y al trabajador autónomo. Mientras, Asuntos Internos solicitó un análisis completo de las cuentas de «Mon» en ese periodo de tiempo. Y llegó la sorpresa.

En las cuentas del empresario canario había sustanciosos pagos también de otras comandancias como la de Algeciras, Alicante y Santa Cruz de Tenerife. En total las órdenes sumaban 1.316.079 euros solo en 2016. El juez Miguel Ángel Pérez Moreno pidió con «carácter urgente» la vida laboral de «Mon» y todos sus datos financieros. Los agentes aportan un prólijo informe, que adelantó este periódico, en el que afloran hasta 193 obras repartidas en comandancias de toda España que terminaron en manos de Tejera de León. El importe total son 2.964.761 euros que sumados a lo que también cobró de otras empresas anteriores (en los años 2008, 2009 y 2012), los agentes le atribuyen más de tres millones de euros recaudados gracias a los contratos públicos con la Guardia Civil.

Angradurcor, por ejemplo, se hizo con 99 adjudicaciones y Solocorcho con 35. Los agentes destacan cómo el año que estaban investigando incialmente, 2016, supone un «incremento exponencial» en los importes facturados. Pero también subrayan otro hecho: la gruesa cantidad que llega desde la comandancia de Tenerife. Entre 2014 y 2019 los contratos favorables a «Mon» suman un botín de casi un millón de euros (927.499).

Esta comandancia la dirigía desde 2012 el coronel José María Tienda. Aunque el guardia civil no figura como investigado en la causa en estos momentos, el Ministerio del Interior lo cesó de forma fulminante este miércoles por «pérdida de confianza». Los motivos que se justificaron desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no concretaron la corrupción, pero señalaron de que el «liderazgo» debería ejercerse siempre desde el ejemplo. De hecho, ayer mismo la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se pronunció sobre este asunto asegurando que la institución «es la primera que tiene tolerancia cero con cualquier conducta que sea irregular» y agregó que su colaboración es «absoluta».

Ante las dimensiones del caso, los agentes cayeron en la cuenta de que el teniente coronel de Ávila no pudo estar detrás de todas las contrataciones. Cobró importancia entonces su declaración ante el juez el 12 de junio de 2019: «Cuando nos descentraliza los 120.000 euros él (el teniente general Pedro Vázquez Jarava, subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil) dijo que fuera para pintura. Me volvió a recomendar a este constructor (Ángel Ramón Tejera de León)». El correo de Vázquez Jarava entregando la partida de 120.000 euros a Ávila consta en las actuaciones.

La Guardia Civil propone imputar al que es uno de los cuatro mandos de más alto rango del cuerpo. El juez lo acordó y el caso pasó a instruirse en Madrid.

Es entonces cuando los agentes comenzaron a rastrear la relación entre «Mon» y Vázquez Jarava. El empresario y el teniente general estuvieron juntos en varias estancias en Cádiz, pasaron un fin de año juntos en Lanzarote con sus familias y viajaron a Cardiff y a Milán en las fechas en las que jugaba el Real Madrid la final de la Champions League. Las entradas del partido no se han encontrado. Con esto, los investigadores pretenden acreditar que los contratos se adjudicaban a cambio de favores o regalos.

Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid no ha visto cohecho e investiga únicamente por falsedad documental y malversación.